Menos de la mitad de los casos de okupación en Galicia llegan a los juzgados

Carlos Punzón
C. Punzón VIGO

GALICIA

En el 2020 bajaron un 35% las demandas judiciales por usurpación de viviendas, al contrario de la tendencia registrada por Policía e inmobiliarios

04 mar 2021 . Actualizado a las 18:00 h.

Los casos de ocupación ilegal de vivienda tuvieron menos presencia en los juzgados gallegos durante el 2020 que en el año anterior. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha dado a conocer hoy el balance de sus tribunales en el año pasado, ejercicio en el que contabilizó 94 casos ingresados en los tribunales de la comunidad relacionados con okupas, como usurpación de viviendas y en menor medida el allanamiento de las mismas con intención de permanecer en su interior. La cifra supone un descenso del 35,2 % respecto al 2019, cuando habían sido 145 los casos registrados judicialmente tras las oportunas denuncias civiles o penales.

Sin embargo, el descenso en las demandas no refleja la situación de la okupación en Galicia, a tenor de los datos aportados por el Ministerio del Interior y las impresiones del sector inmobiliario de la comunidad. El último balance presentado por el Gobierno central, el referido a enero-septiembre del 2020 sumaba 151 casos de okupación conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Galicia. En ese mismo período de nueve meses fueron 73 los asuntos relacionados con la usurpación de inmuebles en la comunidad ingresados en los juzgados de Galicia, según el registro facilitado por el TSXG. Es decir, por cada denuncia que se presentó ante la Justicia en los nueve primeros meses del año pasado vinculadas a situaciones de okupación, Policía y Guardia Civil instruyeron dos. 

Dicha disparidad coincide con la impresión del sector inmobiliario y administradores de fincas de Galicia, que desde hace tiempo advierten que no se está denunciando ni la mitad de los casos reales de okupación en la comunidad, situación que achacan a la lentitud con la que se siguen resolviendo las usurpaciones de viviendas, pese a la reforma del 2018, y a que no se obtenga como primera actuación el desalojo cautelar de los inmuebles okupados, como la Fiscal General del Estado y el propio Ministerio del Interior llegaron a marcar como prioritario el año pasado con sendas instrucciones oficiales dictadas para frenar el avance de los asaltos a los inmuebles, en especial por grupos organizados que también se han instalado en Galicia para alquilar las propiedades usurpadas, facilitarlas a terceros a cambio de una cantidad o tratar de sacar rédito de su devolución a sus propietarios.