Menos de la mitad de los casos de okupación en Galicia llegan a los juzgados

En el 2020 bajaron un 35% las demandas judiciales por usurpación de viviendas, al contrario de la tendencia registrada por Policía e inmobiliarios


Vigo

Los casos de ocupación ilegal de vivienda tuvieron menos presencia en los juzgados gallegos durante el 2020 que en el año anterior. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha dado a conocer hoy el balance de sus tribunales en el año pasado, ejercicio en el que contabilizó 94 casos ingresados en los tribunales de la comunidad relacionados con okupas, como usurpación de viviendas y en menor medida el allanamiento de las mismas con intención de permanecer en su interior. La cifra supone un descenso del 35,2 % respecto al 2019, cuando habían sido 145 los casos registrados judicialmente tras las oportunas denuncias civiles o penales.

Sin embargo, el descenso en las demandas no refleja la situación de la okupación en Galicia, a tenor de los datos aportados por el Ministerio del Interior y las impresiones del sector inmobiliario de la comunidad. El último balance presentado por el Gobierno central, el referido a enero-septiembre del 2020 sumaba 151 casos de okupación conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Galicia. En ese mismo período de nueve meses fueron 73 los asuntos relacionados con la usurpación de inmuebles en la comunidad ingresados en los juzgados de Galicia, según el registro facilitado por el TSXG. Es decir, por cada denuncia que se presentó ante la Justicia en los nueve primeros meses del año pasado vinculadas a situaciones de okupación, Policía y Guardia Civil instruyeron dos. 

Dicha disparidad coincide con la impresión del sector inmobiliario y administradores de fincas de Galicia, que desde hace tiempo advierten que no se está denunciando ni la mitad de los casos reales de okupación en la comunidad, situación que achacan a la lentitud con la que se siguen resolviendo las usurpaciones de viviendas, pese a la reforma del 2018, y a que no se obtenga como primera actuación el desalojo cautelar de los inmuebles okupados, como la Fiscal General del Estado y el propio Ministerio del Interior llegaron a marcar como prioritario el año pasado con sendas instrucciones oficiales dictadas para frenar el avance de los asaltos a los inmuebles, en especial por grupos organizados que también se han instalado en Galicia para alquilar las propiedades usurpadas, facilitarlas a terceros a cambio de una cantidad o tratar de sacar rédito de su devolución a sus propietarios.

Los dos sectores profesionales advierten además en Galicia un incremento notable de las empresas dedicadas al desalojo de okupas, síntoma, vienen señalando también, de que la solución judicial no avanza al mismo ritmo que el de la okupación. El año pasado además, los juzgados de Galicia y el resto del Estado sufrieron un parón en su actividad debido al confinamiento decretado frente al coronavirus, situación que pudo incidir en el descenso en la presentación de demandas dado a conocer hoy. 

Según los datos recogidos por el Consejo General del Poder Judicial, Galicia fue en todo caso en el 2020 la décima comunidad autónoma en número de demandas por temas de okupación, ránking que encabeza Andalucía (827), seguida de Cataluña (746); Comunidad Valenciana (396); Madrid (321), y Castilla-La Mancha (227). Galicia registra más demandas por okupación que Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Navarra, País Vasco y La Rioja, trazándose así una menor incidencia judicial de este fenómeno en el norte que en el eje mediterráneo. 

Los juzgados gallegos resolvieron durante el 2020 un total de 108 casos de okupación de inmuebles, frente a los 101 en el año anterior, si bien muchos de ellos se solventan tras su instrucción en ejercicios anteriores. Se tramitaron también 45 casos, cuando un año antes llegaron a 62, en ambos casos arrastrando demandas ingresadas años antes. 

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