Archivada la denuncia de un empresario de Vigo al político del «tamayazo» por extorsión

La Audiencia Provincial de Pontevedra considera que no hay pruebas que permitan establecer ese delito

Eduardo Tamayo, en el año 2003, tras protagonizar el episodio de transfuguismo en la Comunidad de Madrid que facilitó el Gobierno a Esperanza Aguirre
Eduardo Tamayo, en el año 2003, tras protagonizar el episodio de transfuguismo en la Comunidad de Madrid que facilitó el Gobierno a Esperanza Aguirre

Vigo

La Audiencia Provincial de Pontevedra ha confirmado el sobreseimiento de la querella contra el exdiputado madrileño Eduardo Tamayo por una presunta extorsión a Alfonso Caneiro, un empresario del sector pesquero de Vigo.

El industrial gallego hacía responsable al político -conocido por el tamayazo en la Comunidad de Madrid que permitió el Gobierno de Esperanza Aguirre- de una trama extorsionadora en la que también figuraba el responsable del sindicato de Manos Limpias, Miguel Bernat, y un periodista de un diario digital con sede en Madrid, entre otros.

La sentencia de primera instancia estimaba que del resultado de las diligencias y del atestado policial no se podía concluir que hubiera «connivencia entre los denunciados para extorsionar al denunciante». El auto reciente de la Audiencia Provincial considera «impecable» esa decisión del instructor de archivar las actuaciones porque «resulta difícil sostener ese acuerdo o plan en el que participaron todos los denunciados».

En octubre del 2020, Alfonso Caneiro denunció que le exigían el pago de una supuesta deuda de 400.000 euros bajo amenaza de desprestigiar su reputación personal publicando noticias falsas. Eduardo Tamayo negó cualquier conducta delictiva y argumentó que era un dinero que el empresario vigués le debía por haberle prestado sus servicios como abogado en Guinea.

El expolítico madrileño trabajó cuatro años para Caneiro, constando que su minuta era del 10 % de la cantidad que obtuviese en un pleito contra el gobierno de Guinea Ecuatorial por haberle paralizado un barco de pesca tres años. El Gobierno africano aceptó que se había producido una negligencia, e indemnizó al empresario vigués con 7,8 millones de euros y la devolución de los dos barcos. A Tamayo le corresponderían cerca de 800.00 euros por los servicios prestados, pero el empresario vigués solo le pagó la mitad. Tamayo sigue reclamando el dinero restante por vía civil.

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