Los recursos anunciados por la Diputación y el Concello de A Coruña empujan al partido a pedir también que se exploren «todas as posibilidades xurídicas»
26 feb 2021 . Actualizado a las 20:35 h.Hace quince días que la Audiencia Provincial de A Coruña dio a conocer el fallo que dictamina que el pazo de Meirás es propiedad pública y que, al mismo tiempo, obliga a resarcir a la familia Franco con los gastos de conservación del inmueble desde 1975. Es una resolución judicial que el Gobierno central parecía dar por buena y que la Abogacía del Estado descartó recurrir, estrategia en la que contó con el pleno respaldo del PSdeG, si bien el giro de guion imprimido por Valentín González Formoso e Inés Rey, al anunciar que tanto la Diputación como el Concello de A Coruña sí interpondrían sendos recursos, ha obligado al partido a mudar de posición.
El vicesecretario general del PSdeG-PSOE, Pablo Arangüena, anunció este viernes que su grupo llevará una proposición no de ley al Parlamento gallego reclamar que las instituciones personadas en este proceso, entre ellas el Gobierno central y la Xunta, que agoten «todas as posibilidades xurídicas» con el fin de no tener que indemnizar a los herederos del dictador. Arangüena no habla abiertamente de interponer un recurso, pero sí manifestó que «se hai unha mínima posibilidade de intentalo, hai que intentalo».
Desde que se dio a conocer el fallo de la Audiencia Provincial, nunca había llegado tan lejos el PSdeG. El secretario general del partido en Galicia, Gonzalo Caballero, sí manifestó varias veces que había que evitar que los Franco pudiera utilizar esta sentencia para «facer caixa», pero la conveniencia de interponer o no un recurso judicial es una decisión que no prejuzgó y que dejó en manos de la Abogacía del Estado.
El BNG es la única fuerza que lleva días defendiendo la opción del recurso. El diputado Luís Bará volvió a pedirlo este viernes durante un debate en el Parlamento, insistiendo en que Galicia no debe «pagar dúas veces polo que lle foi roubado», mientras que Anxo Lorenzo, director xeral de Políticas Culturais, se limitó a decir que la Xunta «respecta» los argumentos esgrimidos por los magistrados al dictaminar que los Franco sean compensados, pero evitó pronunciarse sobre el recurso.
Lo novedoso en este asunto es el giro que se imprimió desde A Coruña, tanto desde el gobierno municipal como desde el provincial, ambos del PSOE, al quebrar con el anuncio de sus recursos la unidad que intentaba mantener el partido en torno a la posición de no actuar que defiende la Abogacía del Estado. El PSdeG fue empujado a modular su postura, y está por ver ahora si hará también lo mismo el Gobierno central.
