Podemos insta a ilegalizar la ampliación hasta el 2048 de la concesión de la AP-9

Considera que la prórroga concedida por Aznar no siguió el principio de igualdad de oportunidades en la contratación pública

Peajes en la autopista AP-9
Peajes en la autopista AP-9

Vigo

La AP-9 está generando una actividad parlamentaria inusitada en el Congreso de los Diputados. Al tramite para debatir su transferencia a la Xunta, a las preguntas, mociones y peticiones de comparecencias para que el Gobierno dé explicaciones sobre las rebajas prometidas en sus peajes para este año, se suma ahora un frente político que pone en cuestión la legalidad de la última de las tres prórrogas concedidas a Audasa en la concesión de la explotación de la autopista, que llevó en el año 2000 hasta el 2048 la extensión del cobro de peajes por utilizarla. 

El diputado coruñés de Unidas Podemos, Antón Gómez-Reino, ha presentado hoy en el Congreso una iniciativa parlamentaria en la que le pide al Ministerio de Transportes que evalúe la posible ilegalidad del real decreto que el Gobierno de José María Aznar aprobó dando 25 años más a la concesionaria a cambio de construir el último tramo entre Fene y Ferrol para dar a la comarca otra salida con la que garantizar una comunicación que había sido cortada entonces por el accidente del buque Discoverer Enterprise que destrozó y cortó el puente de As Pías. Entiende el partido que apoya el Gobierno de coalición en España que la construcción de ese tramo realizado por la concesionaria de la AP-9 pudo haber incumplido la directiva comunitaria de igualdad y publicidad en materia de contratación pública. 

Unidas Podemos entiende que la construcción de dicho tramo de 9,1 kilómetros debería haber salido a concurso público, para que la Administración eligiese la más beneficiosa para las arcas públicas y el servicio a prestar. Esa ilegalidad cometida a juicio de los morados, invalidaría la ampliación de la concesión, por lo que esta debería quedar anulada y convertirse en gratuita la AP-9 a partir del 2023. Una denuncia similar ya ha sido presentada y admitida a trámite por la Unión Europea tras ser impulsada por la plataforma de usuarios de la autopista En Colectivo, que también se personó y obtuvo la razón en el pleito promovido por la Fiscalía del Estado contra el cobro de los peajes íntegros mientras duraron las obras de ampliación del puente de Rande. 

  

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