El PP aprueba en solitario su agenda anticovid: una ley de salud y otra de reactivación económica

La oposición se desmarca advirtiendo que la norma sanitaria es un «dislate xurídico» que puede ser tumbada por el Tribunal Constitucional


De poco han servido las apelaciones a la unidad y al diálogo realizadas por las fuerzas políticas en los últimos meses para tomar medidas frente a la pandemia, pues el Parlamento gallego sigue mostrando la misma fractura de siempre, la foto que sitúa de un lado al PP y, del otro, a los grupos de la oposición, sin capacidad alguna de entenderse entre ellos. Ocurrió de nuevo este martes, durante el debate final de los textos legislativos impulsados por el Gobierno de Feijoo frente a covid-19, la reforma de la Lei de Saúde y la de Simplificación Administrativa e Reactivación Económica. Ambos textos fueron aprobadas por los populares en solitario, con los negacionistas protestando a las puertas y con el PSOE advirtiendo que la nueva norma sanitaria podría ser incluso anticonstitucional.

La reforma de la Lei de Saúde de Galicia fue promovida directamente por el PP, que no por el Gobierno gallego, para dotar a la Xunta de base legal para poder aplicar sin problemas restricciones en la movilidad, aprobar confinamientos o cuarentenas forzosas de infectados, a la vez que sienta las bases para, llegado el caso, obligar a la población a vacunarse. «Dá garantías para actuar con responsabilidade», defendió la popular Encarna Amigo, que añadió que Galicia se dota así de una herramienta legal para gestionar mejor la pandemia a la que renunció el Gobierno central.

Galicia no solo es la primera comunidad autónoma que se dota de un marco legal para poder obligar a la población a vacunarse, si así se considera, sino que además establece un régimen de sanciones por incumplimientos que pueden traducirse en multas que oscilan entre los 1.000 y los 600.000 euros, en función de la gravedad del hecho. Por citar un ejemplo, será considerado una infracción leve, susceptible de ser multada con un mínimo de 1.000 y un máximo de 3.000 euros, el incumplimiento del uso obligatorio de la mascarilla, la negativa a someterse a una prueba diagnóstica o a una medida de prevención, como la vacunación, siempre y cuando esta fuese considerada obligatoria.

Desde la oposición, en cambio, objetan que la ley la impulsó el PP, y no la Xunta, para «esquivar» informes jurídicos preceptivos. El socialista Julio Torrado dijo que era un «dislate xurídico» que pretendía regular derechos constitucionales a través de una norma autonómica, y advirtió que el texto podía «saltar polos aires» en algún tribunal. La nacionalista Iria Carreira reparó, al igual que Torrado, en que «nin se contempla maior contratación de profesionais nin se contempla maior dotación de medios» para la sanidad en la nueva ley, que considera vacía de contenido.

La misma suerte corrió el texto impulsado desde el Gobierno gallego para en materia de simplificación administrativa y reactivación económica que, en palabras del diputado Miguel Tellado, apuesta por «evitar solapamentos e duplicidades», así como por reducir la burocracia en la tramitación y sentar las bases para la recuperación económica y la creación de empleo.

Especialmente crítica se mostró la diputada del BNG Noa Presas, que aludió al texto como un «cabalo de Troia» al servicio de la gran empresa para el «baleirado do público», a través del cual el PP «legaliza a barra libre» para regalar los recursos naturales de Galicia a los fondos de inversión. La socialista Begoña Rodríguez Rumbo destacó que la norma «obvia as bases para un cambio na estrutura productiva», a la vez que la consideró «pouco traballada» y sin buscar el diálogo social ni el consenso con los concellos. A Tellado poco más le quedó que minusvalorar los reproches y acusar especialmente el BNG de querer caminar «cara a autarquía galega» o una economía planificada que espanta las inversiones y la generación de riqueza.

Todavía un tercer proyecto, la Lei de Acción Exterior e Cooperación, que no forma parte de la agenda contra el covid del Gobierno gallego, pero que corrió la misma suerte, pues fue aprobado en solitario por los populares, pese a que durante el trámite en comisión sí incorporó buena parte de las enmiendas que habían hecho los socialistas.

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