Todo el Congreso clama a favor de eliminar el voto rogado a los emigrantes

La socialista gallega Pilar Cancela pide perdón por la ineficaz reforma del 2011 que redujo al mínimo la participación desde el extranjero


vigo

El Congreso de los Diputados se ha declarado este martes en contra de la obligación impuesta en el 2011 a los emigrantes de que tengan que rogar poder participar en las elecciones. El voto a favor de debatir la eliminación de dicho trámite que se emitió de manera unánime y con el apoyo de absolutamente todos los partidos, no impide que gran parte de los grupos hayan adelantado que piensan plantear una gran diversidad de enmiendas durante el debate en comisión de la eliminación del voto rogado y la consecuente reforma de la Ley Electoral, lo que anticipa una resolución no breve ni exenta de criterios muy diferenciados. 

PSOE y Unidas Podemos fueron las fuerzas que llevaron a la Cámara una vez más la proposición para eliminar el voto rogado e introducir en su lugar cambios como que toda la documentación electoral sea enviada de oficio a todos los emigrantes antes de cada proceso electoral; que las papeletas de los candidatos puedan ser descargadas e impresas telemáticamente, o que se aumente el plazo de envío y recuento de los votos del exterior. 

La diputada socialista gallega Pilar Cancela fue la encargada de su partido de defender la iniciativa y reconocer el fracaso del voto rogado, pidiendo perdón expreso a los residentes en el exterior por los obstáculos que la reforma que su grupo impulsó en el 2011 estableció en la participación a la emigración, que pasó de más del 30 % a menos del 4 %, o un 1,9 % incluso en los últimos comicios europeos. Cancela, como los portavoces de otros grupos, calificaron la reforma y el voto rogado como «una anomalía democrática, una sobreprotección frente a las sospechas de falta de limpieza, que asfixió el derecho al voto», reconoció. Su petición de perdón se hizo extensiva al retraso que acumula el Congreso en eliminar dicha barrera denunciada por la práctica totalidad de organizaciones de la emigración gallega y del resto de España. 

Desde Unidas Podemos, Lucía Muñoz, la diputada coponente de la propuesta, definió la reforma implantada hace diez años como una «carrera de obstáculos» para la ciudadanía en el  exterior, circunstancia que le llevó a insistir en la afirmación de su partido de que «la democracia en España deja bastante que desear». Pese a ir de la mano con el PSOE para defender la eliminación del voto rogado, la diputada morada aludió a que su implantación se hizo con intención política para dificultar la participación de los jóvenes que se vieron obligados a emigrar en la anterior crisis económica y cuando el bipartidismo estaba siendo cuestionado. 

Como el resto de los partidos, el PP también votó a favor de debatir una nueva reforma electoral, pero manifestó su intención de que esta se encamine a facilitar el voto generalizado en urna en más embajadas, consulados, sedes del Instituto Cervantes o casas regionales, a la vez que defiende mantener algún tipo de ruego en el caso del voto por correo en aras de las mínimas garantías democráticas, y posibilitar el acceso de los emigrantes a las papeletas físicas, además de poder descargarlas por Internet.

Ciudadanos, que ya había defendido iniciativas similares sin éxito en ocasiones anteriores, pidió una reforma electoral de mayor calado que incluya listas abiertas, la reforma del Senado y la implantación de un mínimo del 3 % de votos emitidos en toda España para poder acceder al Congreso y evitar así el poder que alcanzan en la cámara los grupos nacionalistas con implantación solo en determinadas comunidades autónomas. «El voto de todos los españoles tiene que valer lo mismo», reclamó el diputado naranja Gutiérrez Vivas. 

El PNV, que apoyó junto al PP y CiU la implantación del voto rogado en el 2011, desaconsejó el voto telemático por razones de seguridad como indicó advierte el CNI, método que en cambio defendió Junts pel Cat o ERC, siguiendo el modelo de Estonia. Extender el derecho al voto a partir de los 16 años fue otro de los planteamientos de los republicanos, mientras Bildu aconsejó aprovechar la reforma para depurar el censo exterior ante la extrañeza de haber encontrado recientemente hasta siete personas nacidas antes del año 1900. 

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