El Gobierno asume que tendrá que pagar a los Franco por el pazo de Meirás
GALICIA
El PSOE gallego se opone: «Non habería que darlles nin un euro»
19 feb 2021 . Actualizado a las 08:15 h.La sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña «es positiva para el Estado porque confirma que es el propietario del pazo de Meirás». Esa es la tesis que mantiene el Gobierno socialista respecto al fallo que le da la razón en el núcleo del pleito judicial de Meirás, como es la recuperación para el patrimonio público de un bien tan emblemático que durante 82 años estuvo en manos de la familia Franco. Solo una pega parece empañar ese triunfo en los juzgados: el Estado tendrá que indemnizar a los herederos del dictador por lo que técnicamente se denominan gastos necesarios, que son los que han tenido que realizar desde 1975 para conservar el pazo. El algo que establece el Código Civil y que ordena expresamente la Audiencia. La cuantía de esos gastos puede superar el millón de euros, aunque eso es algo que se tendrá que determinar más adelante, cuando haya una sentencia definitiva que ratifique que el dueño es el Estado.
Desde el Ministerio de Justicia confirmaron ayer mismo la renuncia a recurrir la sentencia de la Audiencia de A Coruña porque en lo sustancial es favorable a los intereses del Estado. Lo mismo expuso el delegado del Gobierno, Javier Losada, al argumentar que no se recurre porque la sentencia da la razón al Estado y se recupera la memoria histórica y democrática. Es la sintonía que marcó la vicepresidenta Carmen Calvo el día que se confirmó la sentencia: «El Gobierno ha conseguido su objetivo: el pazo de Meirás es propiedad de todos los españoles. La Justicia ha avalado que la propiedad del inmueble, arrebatada por el dictador, pase a manos de Patrimonio del Estado. Es un gran día para Galicia y para España».
Pero el pago de esos gastos necesarios enturbia ese «gran día» del que hablaba la vicepresidenta Calvo, muy implicada en este proceso. Solo la Xunta, en las antípodas ideológicas, muestra su apoyo a la decisión de no recurrir y se adhiere, como hizo desde el principio, «ás diferentes decisións da Avogacía do Estado dentro deste proceso, e tamén neste caso, no que entende que non se debe recorrer». Otra cosa será cuando haya sentencia firme, porque «Galicia quere xestionar Meirás», advierte el Gobierno gallego.
Reproches desde el PSOE
Pero desde las filas socialistas han llegado los reproches a la decisión del Estado de no recurrir la sentencia. La más llamativa la planteó el secretario general del PSOE gallego, Gonzalo Caballero, que garantiza «o compromiso do Goberno de España en memoria democrática», pero advierte que «aos Franco non habería que pagarlles nin un euro. Xa se beneficiaron apropiándose do pazo durante décadas, pero teñen que ver os servizos xurídicos o que se pode facer». Otro destacado socialista, Valentín González Formoso, presidente de la Diputación de A Coruña, es claro: «Se hai algunha posibilidade de recorrer a sentencia, recorreremos. Non podemos asumir ter que indemnizar aos Franco». Asegura que «a sociedade coruñesa non vai entender que unha familia que se lucrou do uso dun espazo público teña que ser resarcida económicamente. Deberan pedir perdón por facer un uso indebido dunha propiedade que a todas luces era pública».
El Concello de Sada, gobernado por una coalición de izquierdas, pregunta al Gobierno por qué no recurre la sentencia: «É inaudito que vexa positiva unha sentenza que declara posuidores de boa fe aos Franco e obriga a compensarlles os gastos». El diputado del BNG, Néstor Rego, ve una burla que haya que pagar a los Franco y reclama al Gobierno que rectifique y recurra la sentencia para «facer xustiza cos ben espoliados do franquismo».
¿Por qué el Estado no recurre al Supremo?
Al margen de las valoraciones políticas, la decisión de no recurrir está basada en cuestiones jurídicas. Para la Abogacía del Estado, el primer motivo es que la sentencia reconoce lo más importante, que el pazo es propiedad del Estado.
los gastos necesarios
Difícil recurso. El Código Civil establece que hay que satisfacer los gastos necesarios incluso a los poseedores de mala fe, «por lo que sería muy difícil que el Supremo sostenga lo contrario», dicen fuentes de la Abogacía.
poseedores de buena fe
Poco recorrido. Recurrir que los Franco fueron poseedores de buena fe tendría poco recorrido «porque es una valoración de la prueba y eso no lo discute el Supremo en casación». Las mismas fuentes apuntan que en esos recursos ante el alto tribunal se revisan interpretaciones de normas jurídicas, no valoraciones de las pruebas hechas por un tribunal inferior.
el pago de los gastos
Al final del proceso. Será al final del proceso cuando los Franco tendrán que acreditar los gastos que han hecho para conservar el pazo. Los abogados del Estado podrán mostrar su parecer. En todo caso, habrá que saber antes si los Franco recurren la sentencia ante el Supremo.