El Congreso rechaza endurecer la ley para frenar la okupación de viviendas

PSOE y Podemos niegan que sea un problema, mientras el PP le acusa de amparar los asaltos

Imagen del desalojo, el pasado noviembre, de unos okupas en un edificio de Vigo
Imagen del desalojo, el pasado noviembre, de unos okupas en un edificio de Vigo

Vigo / La Voz

La mayoría del Congreso de los Diputados no considera que la okupación de viviendas sea un problema que merezca una atención especial ni urgente, aunque las cifras aportadas por el Ministerio de Interior reflejen un incremento continuado en el número de denuncias desde el 2016. La Cámara Baja se dividió hoy en dos mitades ideológicas a cuenta de una proposición de ley presentada por el PP encaminada a endurecer las penas a los okupas y facultar a las comunidades de vecinos a la toma de iniciativas para denunciar y evitar las usurpaciones de inmuebles. La votación final de esa propuesta fue de 179 en contra; 158 a favor; y 8 abstenciones. 

La sesión se convirtió al final en una confrontación en favor del derecho a la propiedad alegado desde las formaciones de centro-derecha, y al de la vivienda, desde las de centro-izquierda.

«No se puede obviar el temor social a la okupación», reclamó la ponente de la propuesta, la diputada popular Ana Zurita. Para ella, el Gobierno actual incita a la okupación y carga sobre los pequeños propietarios la salvaguarda de las familias que no tienen acceso a la vivienda. «No se puede confundir la protección a las familias vulnerables con permitir la okupación», dijo la ponente, que añadió que «desalojar a un okupa no es un desahucio, es la recuperación de un bien frente a un delito. No se puede desmantelar el estado de derecho y convertir a España en un paraíso okupa», clamó Zurita.

Le secundaron, aunque con matices, Ciudadanos, PNV, Foro Asturias y PRC, mientras Vox, que defendió la política del «al okupa, patada en el trasero de forma inmediata», culpó al propio PP del incremento de casos por no haberlo sabido atajarlos cuando estuvo en el Gobierno.

En el eje contrario, PSOE, Unidas Podemos, ERC, Bildu, BNG y Compromís rechazaron la propuesta de endurecer el marco legal contra la okupación, negando mayoritariamente que sea un problema real de la sociedad española y sí, en cambio, una manera de ganar votos por parte de la derecha agitando el miedo y la inseguridad ciudadana.

Para el PSOE, la legislación actual es suficiente para luchar contra la usurpación de inmuebles, además de indicar la socialista Eva Bravo que la okupación de viviendas que son moradas habituales solo llegaron a 238 casos en toda España en el 2019. La bancada socialista alertó de la intención del PP de facilitar que actué las fuerzas de seguridad saltándose el filtro judicial.

Reproches cruzados

Los reproches sobre las actuaciones en materia de vivienda fueron constantes entre ambos bandos ideológicos. A los populares, el PSOE y Podemos les recordaron que con Ana Botella como presidenta de Madrid vendieron a fondos de inversión 5.000 viviendas sociales. A Podemos y sus socios se les echó en cara que ni Ada Colau, ni Manuela Carmena cumpliesen sus promesas de construir las viviendas sociales anunciadas. Podemos respondió que el PP «criminaliza la pobreza», al tiempo que su diputado Rafael Mayoral abogó por limitar el derecho a la propiedad aludiendo a las viviendas en manos de fondos de inversión y bancos. «Solo el 5 % de las viviendas okupadas están manos de sus fantasmas», zanjó la diputada popular para identificar a la okupación como un delito que está afectando mayoritariamente a los pequeños ahorradores, a las comunidades de propietarios que sufren la usurpación de pisos y casas contiguas. El PSOE aseveró que en esos casos y el de los afectados en primera persona, las leyes actuales ya les amparan.

Obligado a pagar 227 euros que sus okupas gastan en luz

Carlos Punzón
Estas son dos de las facturas de electricidad generadas en dos meses por los okupantes de la vivienda, de más de 400 euros en total
Estas son dos de las facturas de electricidad generadas en dos meses por los okupantes de la vivienda, de más de 400 euros en total

«Estoy desesperado, pago sus gastos y ni cobro los 315 euros de alquiler ni puedo echarlos, somos gente normal que nos destrozan la existencia», dice el propietario afectado

Cada mes le llegan las facturas de consumo de electricidad y agua de la que fue la casa de su madre y todos los meses sigue el mismo ritual: pagarlas y llevar una copia al juzgado. Nada ha cambiado desde el verano pasado, cuando denunció que una familia que no conocía de nada se había instalado en el domicilio que le había alquilado a un hombre que, tras firmar el contrato, nunca más volvió a aparecer.

«La Guardia Civil me ha advertido que ni pase por el edificio, que son muy violentos», señala para requerir que no se difunda su nombre, ni la localidad cercana a Santiago donde se ubica el piso, precisamente por ese temor. «Si les corto el agua, o la electricidad o bajo su potencia, me pueden denunciar por acoso, así que no me queda otra que esperar», dice el propietario, que asegura estar viviendo un calvario del que no intuye su final. «Me veo indefenso», se lamenta.

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