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La titularidad seguiría siendo del Estado y habría que negociar la posibilidad de decidir la duración de las concesiones
13 feb 2021 . Actualizado a las 17:09 h.Sorprendidos... para bien. Empresarios de la cadena mar-industria recibieron con satisfacción el anuncio que ayer hicieron las conselleiras de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, y de Mar, Rosa Quintana, de que Galicia pretende hacer una «xestión de proximidade» del litoral y, por eso, se van a reclamar las competencias en la gestión del dominio público marítimo terrestre (DPMT) y poder culminar así, 36 años después, un traspaso de funciones en materia de ordenación de litoral que comenzó en 1985.
Se trata de que Galicia pueda decidir los usos y servicios que pueden desarrollarse en sus 2.091 kilómetros de perímetro costero y desarrollar de este modo una explotación racional, con mayor conocimiento de causa que si la hace la Administración estatal. Es decir, que Galicia ejerza «de xeito autónomo a política integral do espazo litoral galego, no que se rexistran diferentes actividades, como a marisqueira, pesqueira, portuaria, e de planificación urbanística, e localizan máis de 5.000 edificacións con usos distintos», explicó Ángeles Vázquez.
Entiende el Gobierno gallego que no debería haber problemas para hacerse con esas competencias, no en vano ya se ha hecho ese recorrido con Andalucía y Cataluña, que hace años que tienen en su poder «a capacidade de conceder os títulos de ocupación e de uso do dominio público, como o outorgamento de autorizacións e concesións», recordó la conselleira de Medio Ambiente. Aparte de que no se trata de conseguir la titularidad. Para nada, el terreno seguiría siendo del Estado, por más que la gestión estaría en manos del Gobierno gallego. Eso abriría la puerta a una simplificación administrativa, a decir de Vázquez, y evitaría tener que estar esperando, como ahora, «un ano ou ano e medio por un informe sectorial». La intención de la Xunta es que trámites como ese no se demoren más de tres meses y que el silencio administrativo se entienda siempre como «positivo, nunca negativo».
La conselleira de Mar, Rosa Quintana, tiene claro que conseguir las competencias en gestión del litoral «beneficiará ao conxunto das empresas do complexo mar-industria no que ten que ver coa tramitación das súas concesións, dotándoas dunha maior seguridade xurídica».
Con todo, la duración de las concesiones, sus prórrogas y la forma de contabilizar su extensión y caducidad continuaría estando en manos del Estado, a no ser que en la negociación del traspaso se introduzca en el paquete esa capacidad.
En cuanto a la fórmula, Vázquez manifestó su preferencia por la aprobación de un real decreto que transfiera a Galicia el título competencial, aunque también está la vía de la tramitación en el Parlamento de Galicia ante el Congreso de los Diputados para que el traspaso se realice mediante una ley orgánicas. Más rápida sería la primera fórmula.
Vázquez y Quintana señalaron que esta solicitud es complementaria a la reivindicación, ya trasladada al Estado esta semana, en la que se demanda una modificación de la Ley de Costas para aclarar los usos y hacer extensible el régimen de protección de los BIC (bens de interese cultural) a determinadas edificaciones. Según la conselleira de Medio Ambiente, hay catalogados 361 inmuebles en terreno o servidumbre de Costas de gran valor patrimonial o arquitectónico, como faros, monasterios y otras instalaciones que corren el riesgo de quedar en desuso o abandonados y en ruinas