El Concello de Sada y la Diputación rechazan que haya que pagar a los Franco por el pazo

José Manuel Pan
José Manuel Pan REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA

El alcalde de Sada, saliendo de la Audiencia de A Coruña tras la primera actuación judicial sobre el pazo de Meirás
El alcalde de Sada, saliendo de la Audiencia de A Coruña tras la primera actuación judicial sobre el pazo de Meirás CESAR QUIAN

La vicepresidenta Carmen Calvo destaca que «el pazo ya es de todos los españoles»

12 feb 2021 . Actualizado a las 22:42 h.

La sentencia de la Audiencia de A Coruña ha provocado reacciones de satisfacción por la confirmación de que el pazo es propiedad del Estado. Sin embargo, hay un clamor contra una parte de la resolución judicial, la que ordena resarcir a los Franco por los gastos de conservación del pazo desde 1975, cuando murió Franco. Esas primeras críticas llegan desde el Concello de Sada, municipio donde se encuentra el pazo, y de la Diputación de A Coruña.

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, expresó este viernes su satisfacción por la ratificación por la Justicia de la titularidad estatal del pazo de Meirás y cree que certificar que es propiedad de todos los ciudadanos hace de este viernes «un gran día para Galicia y para España». Tras conocer la sentencia que confirma que el pazo es del Estado, Calvo escribió en su cuenta de Twitter: «El Gobierno ha conseguido su objetivo: el pazo de Meirás es propiedad de todos los españoles. La Justicia ha avalado que la propiedad del inmueble, arrebatada por el dictador, pase a manos de Patrimonio del Estado. Este es un gran día para Galicia y para España». Calvo no hizo referencia a la parte de la sentencia que ordena abonar a los Franco los gastos de conservación del pazo desde 1975, año de la muerte del dictador.

También el delegado el Gobierno en Galicia, Javier Losada, mostró su satisfacción por la sentencia de la Audiencia de A Coruña de la que dijo que «revalida la victoria democrática» del Estado y «estimula al Gobierno para seguir trabajando en el proyecto de memoria histórica». Losada explica que el fallo judicial «refuerza la tesis que ha mantenido siempre el Gobierno».

El Concello de Sada valora «moi positivamente o fundamental do fallo, concretamente a declaración de nulidade de títulos, a expulsión dos Franco do pazo de Meirás e a súa incorporación ao patrimonio público». Pero el Concello discrepa de la sentencia en lo referido «á consideración de boa fe dos Franco», y en lo que se menciona sobre la liquidación del estado posesorio, es decir, la obligación del Estado de abonar a los Franco los gastos de conservación. Sada espera que la Abogacía del Estado comparta ese criterio y recurra esa parte de la sentencia.

Por su parte, la Diputación de A Coruña considera que la sentencia pone en valor el papel desarrollado por la institución provincial en la recuperación del pazo de Meirás, «xa que impulsou a Xunta Pro Devolución do inmoble no 2017», explican desde el Gobierno presidido por Valentín González Formoso. Pero la Diputación «non comparte a parte da sentenza que recoñece o dereito da familia Franco a ser indemnizada polos gastos de conservación do pazo desde o ano 1975».

Asimismo, el responsable de Patrimonio de la Diputación de A Coruña y miembro de la Junta pro Devolución del Pazo de Meirás, Xosé Luís Penas, considera «incomprensible» que la Justicia «ordene darlle máis diñeiro aos Franco despois do inmenso patrimonio que conseguiron como herencia do dictador, das propiedades roubadas ao pobo galego de xeito ilícito».

Imagen del pazo de Meirás

La Audiencia de A Coruña confirma que el pazo de Meirás es del Estado, pero ordena abonar a los Franco los gastos de conservación

José Manuel Pan

La Audiencia Provincial de A Coruña confirma que el pazo de Meirás es propiedad del Estado. Responde así al recurso de apelación presentado por los herederos de Francisco Franco contra la sentencia que les quitó el edificio para que fuese destinado al patrimonio público. El tribunal sostiene que el inmueble nunca estuvo a nombre de Francisco Franco porque la donación realizada en 1938 por la Junta Pro Pazo del Caudillo en un pergamino no era un título hábil para reconocer la transmisión. Condena a los herederos de la familia Franco a desalojar el recinto, pero les reconoce el derecho a ser resarcidos en los gastos en los que incurrieron desde 1975 para conservar el edificio. Los jueces descartan que hubiese mala fe en la posesión por parte de los demandados porque nunca fueron requeridos por la Administración para que le entregasen el pazo y «llevan más de cuatro décadas utilizándolo de forma pública, pacífica, ininterrumpida y en concepto de dueños».

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