Propone que se conviertan en infracciones graves, que acarreen hasta 3 años de cárcel a las mafias, desalojos en 12 horas, trabajos sociales para los okupantes o que las comunidades puedan tapiar las viviendas vacías
10 feb 2021 . Actualizado a las 18:03 h.Por vía de urgencia y con posibilidad por ello de recortar su tramitación, el PP defenderá el martes en el Congreso la adopción de un plan legal contra la okupación de viviendas en España. El grupo parlamentario defenderá una proposición de ley que, básicamente, enduceren las penas a los okupas y sobre todo a los grupos organizados que llevan a cabo o facilitan la usurpación y el allanamiento de viviendas, además de dar opción a las comunidades de vecinos a actuar contra los inquilinos ilegales para preservar la habitabilidad y seguridad en el conjunto de sus viviendas.
La proposición, que había sido presentada en julio pasado, busca, según el PP, ampliar las herramientas legales contra la okupación, al entender que no son suficientes las existentes y no permiten una protección efectiva de los propietarios, ni una convivencia pacífica en aras de la seguridad de la comunidad de vecinos en la que se produzcan las okupaciones.
De entrada, el plan legal del PP propone reforzar el Código Penal para que cuando haya dos o más autores de una okupación actuando de «manera sistemática o concertada» y ocupasen dos o más inmuebles, se les considere como grupo organizado y se les apliquen las mayores penas posibles. Los okupas no tendrían ninguna posibilidad de instar la protección legal del domicilio y tendrían, si se aprueba la propuesta popular, un plazo máximo de 12 horas para desalojar o presentar un título jurídico legal que autorice la estancia de los moradores. Los casos de okupación descubierta en el mismo momento de llevarse a cabo permitiría el desalojo inmediato por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad.
Los casos de okupación con violencia o intimidación se someterían a penas de uno a tres años de cárcel, y de seis a 18 meses si no se produjeron acciones contra personas o propietarios personalmente, aunque se insta a aplicar las penas máximas en los casos en los que la usurpación se prolongase durante más de 15 días. Si el el okupa restituye el inmueble a su dueño en menos de 48 horas, el PP propone que se le condene a realizar trabajos en beneficio de la comunidad entre 31 y 90 días, o se le aplique una multa de dos a doce meses. También se expondría a penas de cárcel de tres meses a un año aquellos que se les considerase incitadores a la okupación por promoverla a través de instrucciónes o recomendaciones o señalase inmuebles concretos para ser okupados.
Otra de las novedades que plantearán el martes los populares es dotar a las comunidades de propiedades de la posibilidad de instar el desalojo de okupas si estos están llevando a cabo actividades prohibidas en alguna de los inmuebles de la finca o urbanización. Este desalojo se llevaría a cabo de manera inmediata. Y se otorgaría también a las comunidades de vecinos la posibilidad de adoptar medidas preventivas, como el tapiado de puertas y ventanas, si aducen riesgo de okupación de alguna de las viviendas que se encuentren vacías.
Finalmente, el PP requiere que se deje sin efecto el empadronamiento de los okupas que así hayan sido declarados, dando de baja los Ayuntamientos a instancias del propietario los registros de quienes se hayan censado en una vivienda asaltada o okupada sin derecho.