El impuesto estatal de basuras encarecerá los recibos de Galicia en 20 millones al año

Los concellos aún no han calculado el impacto en los vecinos de una medida que la Xunta trata de minimizar a través de Sogama


Santiago / la voz

La Consellería de Medio Ambiente ha sacado la calculadora y estima que el Gobierno de España va a gravar a los gallegos con cerca de veinte millones de euros con su nuevo impuesto sobre la basura que ha integrado en los presupuestos del Estado, una cantidad que van a tener que pagar los vecinos a través del recibo en función de las toneladas de residuos que se trasladen desde sus concellos a las plantas de tratamiento.

Solo en Sogama, que aglutina a 295 municipios con 2,2 millones de habitantes, la factura media anual superaría los 15 millones de euros, a los que habría que sumar el equivalente a medio millón de habitantes cuya basura acaba en la planta de Nostián, en A Coruña, o en la de Barbanza, que da servicio a varios municipios del sur de la provincia. A juicio de la Xunta, estos dos modelos tienen incluso un problema más «agudo» por el elevado volumen de residuos que depositan en vertedero, que es exactamente lo que penaliza la nueva normativa que el Gobierno ha impulsado a expensas de la Unión Europea, que ve con preocupación el lento avance de España para alcanzar el reto de que un 50 % de los desechos ya no lleguen a las plantas de tratamiento y que se canalicen en origen hacia el reciclaje o la reutilización.

Con las cifras actuales de recogida, en todo el país se podrían recaudar unos 860 millones de euros que acabarán en las arcas autonómicas, aunque la Xunta se muestra reacia a asumir un modelo que castiga económicamente en vez de incentivar o premiar a quien más recicla y que puede beneficiar más a los concellos con más recursos. De hecho, los concellos que logran minimizan sus desechos cuentan desde el 2019 con una rebaja en el canon de Sogama que se va a aplicar también en el 2021, unos descuentos que se trasladan también al recibo municipal.

Para tratar de minimizar el impacto en la comunidad «en un momento delicado para moitas familias», el Ejecutivo gallego ha trasladado varias alegaciones centradas en la idea de que buena parte de los desechos que llegan a Sogama pasan a tener valorización energética, y que la planta cumple con los criterios de «alta eficiencia», por lo que piden que el material que llegue a Cerceda quede exento de este impuesto, que el Gobierno quiere gravar con 15 euros por tonelada. El impuesto de vertido, tanto el que sea directo como el que proceda de rechazos insalvables, será todavía más caro: 40 euros por tonelada. Medio Ambiente reclamó una reducción del gravamen para estos desperdicios que ya no tienen uso posible siempre que acaben en un vertedero controlado.

«Preocupación» municipal

Los gobiernos locales todavía no han asumido lo inevitable: una subida del recibo que quieren estudiar junto a la Xunta. Medio Ambiente se comprometió a trasladar más información a la Fegamp, que todavía no ha calculado el impacto fiscal en los vecinos, aunque la organización presidida por el socialista Alberto Varela no oculta su «preocupación».

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