La Xunta advierte que el nuevo impuesto estatal de basuras subirá el recibo a los vecinos

La conselleira de Medio Ambiente abordó con la Fegamp las consecuencias de una penalización fiscal sugerida por la UE


Santiago

La Unión Europea propone, el Gobierno de España dispone, la Xunta recauda, los concellos pasan el recibo y los vecinos pagan más. De manera escueta es el recorrido político de una decisión que previsiblemente acabará engordando el gasto periódico por el servicio municipal de recogida de basura, un incremento cuyo origen parte del teórico incumplimiento de España ante los objetivos comunitarios para el reciclaje y reaprovechamiento de materiales.

La solución, según Bruselas, es atizar impuestos por cada tonelada de residuos municipales que acaben en el actual circuito de la basura que termina en las instalaciones de tratamiento, sea cual sea su capacidad de gestión. El Ministerio de Transición Ecológica va a incorporar la medida en su Ley de Residuos, en tramitación, y el Ministerio de Hacienda, con algunas reticencias, la acabó incluyendo en la Ley de Presupuestos del Estado. 

Para la Xunta, a pesar de que será la receptora de esa recaudación extraordinaria, no es una buena noticia que se eleve la fiscalidad sobre las instalaciones de valorización energética, porque ese aumento de precio por el tratamiento de la tonelada de residuos urbanos la acabarán pagando los concellos y, previsiblemente, tendrá su reflejo en las tocadas economías domésticas. Así se lo explicó este lunes la conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, al presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Alberto Varela, con quien compartió algunas reflexiones sobre la situación que se avecina. Según Vázquez, con este impuesto los vecinos verían gravado con un coste mayor el tratamiento ordinario de residuos que lo estipulado por Ley por el abandono de basura no autorizada. Considera la dirigente autonómica que la línea de trabajo del Gobierno es «totalmente oposta» a la de la Xunta, que prefiere «fomentar a reciclaxe, a separación en orixe e premiar e rebaixar os impostos a quen máis recicla e cumpre cos obxectivos de reducir a produción de lixo», dijo. De hecho, recuerda la titular de Medio Ambiente que el 1 de febrero se renovó el canon unitario de tratamiento por tonelada de basura de Sogama para el 2021, así como la bonificación del 10 % a los concellos adheridos a la planta de Cerceda. Además, la siguiente apuesta será construir una red de plantas de biorresiduos para tratar materia orgánica, precisamente para cumplir con las directivas europeas en esta materia.

El Gobierno ha alegado que el nuevo impuesto tiene el objetivo de eludir las sanciones de la UE a España por no cumplir el objetivo en el 2020 de evitar que el 50 % de los materiales de reciclaje o reutilización ya no llegase a las instalaciones de tratamiento. La idea de implantar una fiscalidad unificada para toda España respondería precisamente a la disparidad de tarifas que hay por comunidades a la hora de tratar los desechos y las distintas políticas que aplica cada Gobierno autonómico, un mapa desequilibrado que se complica aún más al aplicar los criterios de las tasas municipales. 

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