Nacionalistas y morados abogan por plantear el futuro rescate de la concesión
01 feb 2021 . Actualizado a las 05:00 h.Los tres partidos con representación en el Parlamento gallego (PP, BNG y PSdeG) y los dos que conforman el Gobierno central (PSOE y Unidas Podemos) votarán mañana en el Congreso a favor de iniciar el proceso legal de transferir a la Xunta la titularidad de la autopista AP-9, desde su creación en manos de la Administración central. No hay matices, ni reservas al respecto en ninguno de ellos, por lo que mañana deberá cimentarse una petición que el Parlamento gallego ha solicitado por unanimidad hasta tres veces, y que a Cataluña y al País Vasco le fue concedida en los años noventa.
El visto bueno a debatir de manera simplificada y urgente la transferencia de la AP-9 fue el último asunto que trató el Congreso en febrero del 2019, pero el sí general, salvo de los diputados de Ciudadanos, no evitó que decayese de inmediato con la convocatoria de las elecciones generales anticipadas.
La toma en consideración de la petición de traspaso que se debatirá mañana tiene difícil arrancar un sí unánime, dado el voto contrario que Vox da siempre a agrandar las competencias autonómicas, circunstancia en la que también coincide C’s.
Pero habrá votos suficientes, tal y como manifiestan a La Voz que darán su apoyo a la proposición de ley los diputados gallegos del PSOE, PP, Podemos y BNG. Eso sí, los dos últimos abogan por ir abriendo ya además la puerta del debate para recuperar la concesión de la autopista para hacerla pública y gratuita.
«Por coherencia votaremos que sí, igual que la última vez», indica el socialista pontevedrés Guillermo Meijón, que destaca además que la iniciativa cuenta con el respaldo de toda la cámara gallega, «más ahora que ya no contempla su texto la barbaridad de rescatar la concesión, que supondría un enorme desembolso económico», advierte.
El popular Celso Delgado, que tomará también la palabra por su grupo en el debate, apela igualmente a la «coherencia» de volver a votar a favor. Estima que esta vez el texto que se va a debatir es «más equilibrado y práctico» que los dos anteriores, en los que se aludía a un hipotético rescate. Eso sí, Delgado mantiene que no puede ser un traspaso sin más, sino estar acompañado del compromiso del Gobierno central de asumir todos los costes de las decisiones que hayan tomado los diferentes ejecutivos a lo largo de la vida de la AP-9: pago de obras de mejora, como la ampliación de Alfonso Molina o el nudo de Pontevedra, los peajes en sombra de Rande y A Barcala, o las bonificaciones que el actual Gobierno ha anunciado para este año a los usuarios frecuentes.
Un largo trámite aún
Dichas cuestiones serán objeto en todo caso de las negociaciones que lleven a cabo Ejecutivo y Xunta en la comisión de transferencias, una vez que el traspaso del vial sea aprobado en las Cortes, tras la votación inicial de mañana, la creación después de una ponencia en la comisión de Transportes de la cámara baja, la presentación de enmiendas, la votación de las mismas, la elaboración de un texto común, su pase al pleno y después al Senado y vuelta al Congreso si se le añade alguna modificación.
«Queremos devolverlle ó pobo esa infraestrutura»
«Estamos a favor da transferencia, e valoramos a decisión do Goberno de bonificar as peaxes, pero queremos ir máis alá, queremos devolverlle ó pobo esa infraestrutura, por medio de medidas máis duras ou máis suaves, pero o que lle interesa a xente non é a transferencia, é que a AP-9 sexa pública e gratuíta», dice Antón Gómez Reino, diputado y secretario general de Podemos Galicia. Asegura que no habla de nacionalizarla, «pero si de recuperala para homoxeneizar o uso das infraestruturas no Estado», añade como previa a su intervención de mañana. También tomará la palabra el nacionalista Néstor Rego, además de su portavoz nacional, Ana Pontón, como por el PSdeG lo hará su secretario general, Gonzalo Caballero, y por el PPdeG, Diego Calvo.
«Está suficientemente pagada xa, por iso a AP-9 ten que ser galega e gratuíta, hai que abordar ese debate no futuro, e mentres aplicar os descontos e bonificacións comprometidos cos galegos e co BNG na investidura e o Goberno facerse cargo das cargas económicas», señala Rego, cuya formación no contó con presencia en el anterior debate.
La tensa relación, a veces, de los gobiernos con Audasa
La AP-9 es la autopista de España que más polémica genera, la que está más veces en la boca de la clase política y una de la que más descontento genera por el precio de sus peajes en un territorio sin otra alternativa viaria. Los gobiernos central y gallego se han quejado y discrepado en ocasiones con la gestión del vial. Fraga, Feijoo, Touriño, Caride, Pastor, De la Serna, Vázquez y ahora Ábalos han puesto el grito en el cielo en alguna ocasión contra la concesionaria.
Los tremendos baches que coronaban el trazado de la AP-9, sobre todo alrededor de Santiago a principios de siglo, encendieron a Manuel Fraga tanto que envió una carta incendiaria al Gobierno central exigiendo que obligase a Audasa a acometer un plan de recuperación y mantenimiento de la autopista. Como conselleiro responsable de infraestructuras, el actual presidente de la Xunta también emitió sus quejas en el mismo Gobierno de Fraga, por mantener a oscuras de madrugada Rande durante siete meses.
La vía epistolar contra Audasa la volvió a usar el Gobierno de Touriño cuando una oleada de incendios asoló Galicia en el 2005 y consideró que los márgenes de la AP-9 solo echaban más gasolina al fuego, además de no advertir suficientemente a los conductores de los atascos que se generaron por esa circunstancia en las salidas hacia las playas. Incluso presidente y conselleira llegaron a exigir que ante determinadas circunstancias de peligro que se levantasen las barreras de los peajes.
Como ministra de Fomento, Ana Pastor llegó a amenazar a Audasa con rescindirle el contrato si no ejecutaban el proyecto de ampliación de Rande como estaba aprobado, con sendos carriles exteriores. Y su sucesor, Íñigo de la Serna, rebajó a la mitad la factura a pagar a la concesionaria por los tramos de Rande y A Barcala. «Están teniendo un enriquecimiento injusto», afirmó. Ahora el ministerio de Ábalos acaba de corregir a Audasa negando que sus peajes sean baratos. Admitirlo dejaría sin justificación bonificar a sus usuarios.