BNG y PSdeG rechazan la norma de impulso demográfico que aspiraba a nacer como un proyecto estratégico y apoyado por todos los grupos políticos
25 ene 2021 . Actualizado a las 05:00 h.El primer intento que se hace en España de promover por consenso una ley estratégica de impulso demográfico, capaz de frenar el envejecimiento progresivo de la población, de detener la agonía de las zonas rurales y de habilitar instrumentos de conciliación y de cuidados para todas las formas de familia, está a punto de acabar en fracaso. El texto saldrá de todos modos adelante, pues tiene asegurado los votos de la mayoría del PP, pero los partidos han dejado pasar la oportunidad de pergeñar un texto común y duradero, que permita al Gobierno de turno desarrollar sus propias políticas en esta materia.
Hasta la declaración de la emergencia sanitaria de la pandemia del covid-19, hace diez meses, existía un cierto consenso político en que el declive demográfico era uno de los principales problemas de Galicia, que ayuda a entender otros muchos: el despoblamiento del rural y el abandono de tierras productivas, el decrecimiento de la financiación autonómica o el sobrecoste de algunos servicios públicos, como la sanidad, por citar solo algunos.
Para atacar lo que se considera es un problema de país se empezó a esbozar un texto legislativo novedoso a nivel de Estado y que cuenta con aportaciones de todo tipo, especialmente las provenientes del Observatorio Galego de Dinamización Demográfica, donde tienen presencia miembros de todos los partidos y sindicatos, así como de las universidades o los concellos.
El 60 % de las alegaciones de dicho observatorio fueron incorporadas, al igual que ocurrió con el 80 % de las recomendaciones hechas desde el Consello Económico e Social. De este modo, el proyecto llegó a al Parlamento gallego más con vocación de ser un marco o un contenedor a partir del cual desarrollar diferentes tipo de políticas que como una recopilación de recursos económicos y de medidas puntuales, que también las tiene, para combatir la crisis demográfica.
Un texto abierto
«Non estamos ante un texto do Goberno galego nin do PP», sostiene la diputada popular Raquel Arias, sino que se trata de un documento «moi aberto», en tanto que fue elaborado tras un amplio proceso participativo.
Es más, en la fase de tramitación parlamentaria se incorporaron ocho enmiendas del BNG y 22 del PSOE, aparte de otras siete del propio PP y una veintena de transacciones, es decir, párrafos reelaborados mediante acuerdo a varias manos. De los socialistas fueron incorporadas el 45 % de las aportaciones, destacó Arias, y del BNG se aceptaron en torno al 20 %, proporción que la viceportavoz nacionalista, Olalla Rodil, rebaja «a só un 16 %».
Pero ni con esas. El elevado grado de concertación que despertó el articulado de la ley, toda vez que 46 de los 106 artículos no recibieron ninguna enmienda, no hizo mover la postura de la oposición. Desde el BNG, Rodil lo explica así: «Foi o PP o que non se moveu un ápice da posición inicial». Prosigue asegurando que su formación no concuerda con el enfoque político de dicha ley, debido a que «é moi vaga e está inzada de xeneralidades». El PSdeG cree, a su vez, que se trata de «unha lei escaparate baleira de contido», apunta la diputada Marina Ortega.
No obstante, el Bloque ve el texto como «unha lei de familia ampliada» que pone excesivo empeño en las políticas natalistas. «Podemos aceptar unha interpretación ampla da familia e modernizar o termo», matiza Raquel Arias, pero sostiene que lo que quiere el BNG es destruir cualquier referencia a la familia, sustituyéndola por hogar o grupo, lo que a su entender generaría algún problema jurídico.
Por tanto, salvo sorpresa, la que pretendía ser una de las principales leyes gallegas de la década verá la luz mañana sin consenso político. En vez de hacer cesiones para acordar, los partidos optaron por anclarse en sus posiciones, perdiendo la ocasión de perfilar un texto común y duradero.