Los okupas vulnerables podrán evitar su desalojo durante el estado de alarma

Afectados e inmobiliarias temen que el cambio normativo aliente el allanamiento

Imagen del desalojo, el pasado noviembre, de unos okupas en un edificio de Vigo
Imagen del desalojo, el pasado noviembre, de unos okupas en un edificio de Vigo

Vigo / La Voz

Sin más publicidad que la del Boletín Oficial del Estado, el Gobierno ha variado la norma que regula el desalojo de los okupas. Así lo ha hecho al modificar el real decreto que había aprobado el 22 de diciembre para ampliar ahora los casos en los que la recuperación de la vivienda podrá demorarse, de entrada, mientras dure el estado de alarma decretado a cuenta del coronavirus.

El Gobierno amplía la suspensión de desalojos no solo a los casos de okupación y litigación por arrendamientos denunciados por vía civil, sino que ahora incluye también los casos instruidos por vía penal. Los jueces quedan facultados a suspender cualquier desalojo de okupas de personas vulnerables económicamente que tengan dependientes o menores a su cargo o sean víctimas de violencia de genero. Quedan excluidos los casos de okupación de viviendas alquiladas para domicilio habitual y segundas residencias, así como los que la entrada o permanencia se haya producido con violencia sobre personas o con intimidación.

«Ni mucho menos amparamos la okupación ni se trata de introducir un matiz ideológico. Se amplían los casos de suspensión a los de la vía penal después de haber recibido muchas peticiones al respecto», señala a La Voz el secretario general de Vivienda del Gobierno, David Lucas. Incide en que sigue marcándose una moratoria de tres meses para llevar a cabo los desahucios para dar tiempo a encontrar una alternativa habitacional a los okupas denunciados, «pero pasado ese tiempo el desalojo se reactiva. Y la decisión de suspender o no el desahucio será siempre del juez», subraya Lucas, que añade que el real decreto se circunscribe a los casos que se hubiesen producido antes de la aprobación del decreto del 22 de diciembre. «No animamos ni amparamos las okupaciones», dice.

No opinan lo mismo ni las plataformas contra las okupaciones, ni el sector inmobiliario, como tampoco la Xunta. «Lo que hace el Gobierno es regular una situación delictiva, porque okupar es un delito. Y lo de referirse a los casos de vulnerabilidad es demagogia. La mayoría de las okupaciones las realizan delincuentes y esos no hacen la declaración de la renta», clama Toni Miranda, portavoz de la Asociación de Afectados por la Okupación. «No se está haciendo nada contra los okupas y lo único que se oye en toda España cuando se denuncia un caso es a la Policía decir ‘no podemos hacer nada'», concluye a la vez que exige una verdadera política de vivienda social, «máxime a un gobierno progresista».

«No tengo palabras ante este real decreto», manifestaba ayer Benito Iglesias, presidente de la Federación Gallega de Empresas Inmobiliarias, tras conocer el texto. A su juicio, la suspensión de los desalojos agranda la inseguridad jurídica que dice rodea ya a la propiedad en España. «El Gobierno la está pisoteando como nunca se ha visto sobre un derecho constitucional; amparan la ilegalidad y ya solo nos queda la última línea de defensa que son los jueces, fiscales y colegios de abogados que deben manifestarse sobre este ataque para respaldar a toda la ciudadanía», clama. 

El Gobierno gallego manifestará hoy su malestar ante el ministerio por no ser consultado

Las políticas de vivienda están transferidas a las comunidades autónomas, pero estas se enteraron del cambio normativo a través del BOE. La Xunta y los demás gobiernos autonómicos han sido convocados para una conferencia telemática para hoy por el Ministerio de Transportes para ser informados, entre otros asuntos, de la ampliación de los casos de suspensión de desalojos aprobada en el último Consejo de Ministros de esta semana.

La Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda anuncia que manifestará en dicho encuentro el malestar del Ejecutivo gallego de no haber sido informado del cambio normativo antes de su aprobación, aunque el departamento que dirige Ángeles Vázquez señala que ya es habitual que el Gobierno no tenga en cuenta a las comunidades en una materia que les compete. Directrices interpretables, inseguridad jurídica y cuestionamiento del principio de propiedad privada, son las primeras impresiones que ha dejado el cambio normativo, que la consellería anuncia que está siendo analizado técnica y jurídicamente.

En el ámbito judicial se augura que aumentarán los casos denunciados en los que ahora se alegará vulnerabilidad para eludir el desalojo, generando un efecto llamada argumental que afectará a la resolución de las denuncias. «Seguramente todos los abogados que puedan alegarán esa penuria económica, pero este cambio normativa hace que tenga que ser el juez quien determine si se dan elementos para la suspensión del desahucio o no», apunta el fiscal coruñés Luis Anguita.

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