El ADIF afronta demandas millonarias de las empresas por los retrasos del AVE gallego
GALICIA
El administrador está ganando la mayoría de los contenciosos en la Audiencia Nacional
20 ene 2021 . Actualizado a las 05:00 h.El período trágico del AVE gallego, el colapso administrativo y técnico que sufrieron las obras especialmente entre el 2013 y el 2016, cuando estaban al frente del ADIF Gonzalo Ferre y en la cúpula de Fomento Ana Pastor, está pasando factura a los servicios jurídicos del Estado y del ADIF, que tienen que enfrentarse desde hace dos años a importantes reclamaciones de las empresas adjudicatarias por los efectos que, en su opinión, tuvieron los retrasos en su cuenta de resultados.
Es la jurisdicción de lo contencioso de la Audiencia Nacional la que está dirimiendo un buen número de demandas de las uniones temporales de empresas que afrontaron la ejecución de los proyectos, especialmente los grandes túneles entre Lubián y Ourense, obras en las que se modificó el plan de perforación, pues estaba previsto que se hiciera un frente de obra intermedio que supondría tener cuatro zonas de ataque para terminar antes las obras. En algunos casos, la disculpa para no afrontar este plan de obra era que no se habían expropiado los terrenos necesarios; en otros, que los trabajos en esas zonas no eran seguros.
El alargamiento de los plazos de ejecución por estas decisiones es uno de los factores que esgrimieron la UTE del túnel de O Cañizo, la de la vía izquierda del de O Corno (el más largo del recorrido entre Lubián y Ourense) o la del tramo Prado-Porto, entre otras. La primera de ellas presentó una reclamación directa al ADIF de 24,3 millones, como compensación por los costes directos e indirectos y los gastos generales derivados de la suspensión parcial de las obras, así como sobrecostes no previstos en el proyecto. Fue desestimada. Aunque la reclamación judicial fue más moderada, en la sentencia en primera instancia solo se reconocieron 123.637 euros en concepto de sobrecostes. En la apelación, se desestima la reclamación de 6,2 millones, con el argumento, entre otros, de que las constructoras de esta unión temporal aceptaron los retrasos en su momento «sin haber formulado reservas». Una de las suspensiones de las obras para elaborar un modificado duró un año, en un tramo que inicialmente tenía un plazo de ejecución de 33 meses cuando se adjudicó.
Ejemplo de la parálisis
Merece la pena analizar en detalle la reclamación de la UTE Prado-Porto, pues en ella están muchos de los elementos que explican la paralización de unos 17 contratos en el nuevo acceso ferroviario a Galicia, que fueron desbloqueados en su mayoría cuando llegó Íñigo de la Serna al Ministerio de Fomento, aunque las gestiones para solucionar la parálisis del AVE gallego comenzaron antes, cuando Ana Pastor encomendó a la actual presidenta del ADIF, la gallega Isabel Pardo de Vera, la gestión de las obras del administrador.
Las empresas de esta unión temporal (Vías y Construcciones, Torrescámara y Vimac) reclamaron 6,65 millones por los sobrecostes ocasionados por las demoras en las obras, pero su demanda fue desestimada en primera instancia y en la apelación posterior.
En el desglose de su reclamación, piden 82.000 euros «por la falta de disponibilidad presupuestaria en el túnel de Corga de Vela, lo que provocó gastos de implantación tras la reanudación». También reclaman algo más de tres millones de euros por «el alargamiento de la obra, que ha obligado a la UTE a mantener durante mayor tiempo al equipo técnico y administrativo necesario destinado en la obra». Y solicitaron otra compensación por la necesaria prolongación de los avales y de los seguros, así como un aumento de los gastos generales cercano a los dos millones de euros. En esta obra también hubo que tramitar durante cerca de un año una modificación de proyecto para superar la denominada falla de Laza, en uno de los túneles del tramo. Todas estas reclamaciones fueron desestimadas en apelación.
Estimación parcial
En el caso de la demanda presentada por la UTE que construyó la vía derecha del túnel de A Canda, en primera instancia se le reconocieron 5,8 millones por sobrecostes debidos a los retrasos. Tanto las empresas como el ADIF recurrieron esta sentencia. En un principio solicitaban nueve millones por los retrasos y la «insuficiente definición del proyecto».
Finalmente, se estimó parcialmente el recurso de la Abogacía del Estado, pero solo para reducir a 4,5 millones la compensación adjudicada en primera instancia, al considerar que no se justificaron los denominados gastos generales.
La sociedad pública contrata ayuda externa para contrarrestar a los expertos legales de las constructoras
El ADIF contó con la defensa de la Abogacía del Estado para contrarrestar a los experimentados equipos legales de las constructoras, acostumbrados a las reclamaciones posteriores a la ejecución de los contratos y que vieron una oportunidad en el caos administrativo que reinaba en el ADIF durante la presidencia de Gonzalo Ferre. Pero no fue la única ayuda. En los últimos dos años, el administrador ha licitado distintos contratos para solicitar servicios externos con el objeto de elaborar «informes periciales y contrapericiales en relación con las reclamaciones presentadas por las empresas adjudicatarias de obras en las distintas líneas ferroviarias de alta velocidad». En relación con el nuevo acceso ferroviario a Galicia, estas asistencias técnicas fueron contratadas hace tiempo, aunque el administrador acaba de licitar un nuevo contrato para las líneas que llegan a Alicante, Granada y Barcelona.
En este pliego se justifica un gasto cercano a los dos millones de euros en que las demandas presentadas son fruto «de largos procesos de preparación por parte de equipos técnico-jurídicos muy especializados de las empresa contratistas», y en que los plazos con los que cuenta el ADIF para resolver la reclamación son «muy reducidos»: tres meses en la vía administrativa y 20 días en vía judicial. El administrador solicita a estas empresas que hagan un «análisis crítico» de las pretensiones económicas de las adjudicatarias de cara a estos procedimientos.
