La Xunta pide a Bruselas que se definan las áreas de riesgo demográfico y detallen las ayudas

Se suma a la España vaciada para exigir bonificaciones al Estado y a la UE


santiago / la voz

En términos de demografía, Galicia tiene unos cuantos problemas, dos muy identificados: es una de las cuatro comunidades autónomas que pierden población de forma crónica desde hace décadas, pero mantiene una densidad razonable por kilómetro cuadrado que prácticamente está en la media de España. Lo que podría parecer un salvavidas en medio del naufragio supone en realidad un lastre a la hora de buscar soluciones, porque a pesar de su dispersión poblacional —la mitad de las entidades de población de España están en Galicia— la franja atlántica defiende las hechuras de su pirámide, pero las comarcas de Ourense y Lugo presentan medias de población incluso por debajo de algunas regiones escandinavas o de parte de Escocia, que cuentan con un estatus especial ante la Unión Europea por su baja densidad, por debajo de los ocho habitantes por kilómetro cuadrado. Son los casos de los municipios de la montaña lucense o del Macizo Central ourensano.

En esa trinchera por obtener el reconocimiento de Bruselas se han metido los presidentes de Castilla y León, Aragón y Castilla-La Mancha, que están haciendo gestiones conjuntas para que la UE eleve el listón de la baja densidad a 12 habitantes para obtener así más ayudas, porque permitiría incluir en ese solitario club las provincias de Soria, Teruel y Cuenca. Se trataría de unificar el régimen jurídico de las categorías de zonas poco pobladas y las de muy baja densidad de población para incrementar su financiación comunitaria, medidas que los presidentes implicados (dos socialistas, uno popular) quieren que tengan su eco estatal con rebajas en la Seguridad Social o en los tramos autonómicos del IRPF, incentivos para anclar e incluso atraer vecinos.

Galicia, problema distinto

Pese a las recientes cumbres autonómicas a varias bandas en las que se asumió el reto demográfico con unidad, Galicia no puede dar esa batalla de la densidad —en conjunto triplica los criterios europeos—, pero sí tiene derecho a levantar la mano para hablar del declive demográfico, solo matizado en los últimos años por los emigrantes retornados; y también puede pedir que se pongan el foco y la cartera en sus áreas más castigadas, de ahí que reclame al Gobierno de España más concreción a la hora de abordar el problema y que esas bonificaciones pasen de las intenciones a los hechos. Después de tres años de trabajo en el marco de la Conferencia Sectorial de Reto Demográfico, el documento presentado por el Gobierno es una suma de reflexiones que, a juicio de la Xunta, no fija medidas específicas para hacer frente a esta situación, al no incluir un presupuesto ligado a las medidas; tampoco detalla el coste efectivo de los servicios que es necesario prestar, adaptados a las características de cada población; y, sobre todo, no concreta las áreas en riesgo demográfico, que será en las que se centren los esfuerzos económicos, que es el meollo de la cuestión ante Europa.

En diciembre, Bruselas anunció la decisión de priorizar los fondos Feder en áreas de baja densidad, pero también en zonas concretas que hayan sufrido una merma de habitantes anual sostenida en el tiempo de al menos el 1% entre 2007 y 2017. Puestos a poner el retrovisor, Lugo y Ourense (con Teruel y Zamora en segundo y tercer lugar) están entre las provincias españolas que más habitantes han perdido en los últimos 125 años.

Tarjetas por nacimiento para contener más que sumar

El declive demográfico ha conseguido colarse en la agenda política del Estado y de la Unión Europea, pero todavía asoma con timidez en sus presupuestos. A falta de concreción económica —Hacienda solo asume las deducciones fiscales por hijo—, son las comunidades las que tienen que asumir sus competencias sociales para anclar población y promover la natalidad, dos ejes que se han integrado en diferentes planes autonómicos de reciente creación que recaban las mismas críticas: son buenos en el diagnóstico y tibios en las medidas.

Galicia será la primera comunidad en aprobar una ley de impulso demográfico, que en estos momentos se debate en el Parlamento autonómico y en la que también avanza Castilla y León. En esta normativa se abordan cuestiones como el retorno de los gallegos en el exterior —que está conteniendo la sangría—, el apoyo a la juventud, el envejecimiento activo, el respaldo a las familias con medidas como la gratuidad de las escuelas infantiles para segundos hijos y sucesivos, el modelo de las Casas Nido y Casas do Maior para concellos de menos de 5.000 habitantes, los impuestos cero en el medio rural o la acción estrella, la Tarxeta Benvida, que permite sufragar gastos derivados del nacimiento de un hijo, como la compra de alimentos, ropa, pañales, productos de higiene o farmacia, cunas y otros enseres. La tarjeta puede usarse en establecimientos de puericultura o especializados en productos infantiles, en farmacias en tiendas de alimentación y supermercados, y en ópticas.

Limitaciones salariales

Para acceder a la ayuda de Política Social, la renta anual familiar debe ser inferior a los 45.000 euros o no superar los 13.500 euros per cápita. Inicialmente, la tarjeta se concede por doce meses, con una cuantía general de 1.200 euros, aunque en los últimos años ha habido modificaciones para distintos colectivos.

Con todo, la interpretación más optimista de las medidas solo podría justificar la deceleración de un desplome radical en la tasa de nacimientos. Las cifras en términos absolutos son dramáticas, porque en el 2010, en plena crisis económica, se producían 22.000 nacimientos en la comunidad gallega; en el 2019 fueron 15.600, una cifra que se podría hundir aún más en el 2021 por la crisis sanitaria que comenzó en marzo y que empezará a golpear ahora en las estadísticas.

Solo cuatro comunidades más acompañan a la gallega en las ayudas por nacimiento: el País Vasco, Cataluña, Cantabria y Andalucía.

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