La Xunta tacha de «inaudito» que el Gobierno «actúe como avogado de Audasa» y le «reclame cartos»

Ethel Vázquez criticó también a la concesionaria por explotar los peajes con beneficios «desproporcionados»


la voz

La conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, ha acusado al Gobierno de actuar como «avogado de Audasa» al reclamar a la Xunta que pague «15 millóns de euros polas bonificaciones da peaxe da AP-9». Así se ha pronunciado, en declaraciones a los periodistas, coincidiendo con su presencia en una rueda de prensa sobre el Novo Chuac, al ser preguntada sobre la demanda del Gobierno a la Xunta para que vuelva a pagar el peaje de Rande y A Barcala y abone algo más de 15 millones a Audasa.

«É inaudito que o Goberno de España actúe como avogado de Audasa», reclamando a la Xunta 15 millones de euros por las bonificaciones del peaje de la AP-9, «que explota con beneficios desproporcionados», ha dicho sobre la concesionaria.

De estos beneficios, ha añadido que son «consecuencia principalmente de acordos cos gobernos socialistas». «O Goberno de España antepón os intereses de Audasa aos dos galegos», sentenció la conselleira.

Por otra parte, ha incidido en que en 2018, durante el gobierno de Mariano Rajoy, la Xunta llegó a un acuerdo por el que no tenía que bonificar esos peajes «cos cartos de todos os galegos», continuó. También ha reprochado al Ejecutivo «obviar» que el Consejo de Estado dictaminó que era enriquecimiento injusto esa bonificación y el Consello Consultivo de Galicia acreditó que esos incrementos exponenciales eran nulos de pleno derecho. Además, le ha cuestionado que «pida cartos» a la Xunta «sen concretar esas bonificacións que tanto anunciaron».

Respuesta del Ministerio de Transportes

Desde el Ministerio de Transportes y la Delegación del Gobierno en Galicia han recordado a la Xunta que una sentencia del Tribunal Supremo, emitida en febrero de este año y hecha firme en noviembre, anuló el Real Decreto que había permitido reducir las bonificaciones a Audasa por la liberación de los peajes de A Barcala y O Morrazo y que eximía del pago de las mismas a la Xunta. 

Así las cosas, apuntan, ha vuelto a regir el Real Decreto del año 2006, que contemplaba mayores bonificaciones a la concesionaria, y con el que Gobierno y Xunta se repartían al 50 % el coste. Pero además, la decisión tiene carácter retroactivo, por lo que cada administración, tanto la gallega como la central, deben compensar a Audasa con algo más de 15,65 millones de euros por las cantidades correspondientes a los años 2017, 2018 y 2019.

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