Las rebajas en la AP-9 se atrasan hasta que el Gobierno las recoja en un decreto

Afectan a la vuelta gratis, evitar la subida del 1 % y al fin del peaje en Redondela

Protesta contra los peajes en el ramo de Redondela
Protesta contra los peajes en el ramo de Redondela

vigo / la voz

La aprobación definitiva de los Presupuestos Generales del Estado para el 2021 no conllevará la aplicación de bonificaciones en los peajes de la AP-9 a partir del 1 de enero, aunque las cuentas públicas entren en vigor al iniciarse el nuevo año. Así lo reconoce el Ministerio de Transportes al advertir que las rebajas anunciadas para la autopista gallega necesitarán a mayores de la tramitación y aprobación de un real decreto específico por parte del Consejo de Ministros. Dicho texto legal resulta imprescindible para cambiar las condiciones de cobro e ingresos de Audasa, la concesionaria de la AP-9, que se rige en su gestión por el contrato de concesión vigente desde 1973 y por los reales decretos que han ido modificando las condiciones iniciales.

«Hasta la entrada en vigor de lo previsto en el citado real decreto, no será posible la entrada en vigor de esas bonificaciones que se establezcan», señala el ministerio que dirige José Luis Ábalos en respuesta a las preguntas planteadas por La Voz de Galicia respecto a la rebaja de los peajes anunciada por el Gobierno para el vial en el que más han subido las tarifas de toda España en los últimos tres años.

54,9 millones de euros

Los Presupuestos Generales del Estado incluyen tres partidas destinadas a rebajar a los automovilistas el coste de circular por la AP-9. La más determinante en esa minoración de unas tarifas consideradas «injustas» por el Gobierno, es la partida de 50 millones de euros con la que el Ejecutivo asumirá el año que viene el coste de los peajes en los viajes de vuelta realizados en el mismo día, tal y como ya sucede desde el 2013 en el eje Vigo-Pontevedra. Todo el que regrese en la misma jornada no pagará nada por tanto por su retorno.

Otros 3,4 millones se destinarán a evitarle a los conductores tener que asumir una cuarta subida del 1 % anual y acumulativa para sufragar los gastos asumidos por Audasa en la ampliación de los tramos de Rande y Santiago. Ese porcentaje lo seguirá cobrando la concesionaria, pero a través de las arcas públicas. Y una tercer partida, de 1,53 millones, se destinará a levantar el peaje de Redondela, uno de los más caros del vial.

Todas estas bonificaciones se quedarán en el aire hasta que sean aprobadas por el Consejo de Ministros en forma de reales decretos que modifiquen la concesión, pero desde Transportes se estima altamente improbable que dé tiempo a que la modificación vea la luz en lo que queda de año, e incluso de manera inmediata a lo largo de enero. Los reales decretos deben seguir una serie de trámites antes de su aprobación, como su exposición pública o revisión jurídica, lo que alargará su certificación por el Gobierno más allá del cambio de año.

Sin embargo, pese a que sea improbable iniciar el 2021 pagando menos por usar la AP-9, el ministerio remite a las últimas jornadas del 2020 para conocer si evitará a los usuarios del vial tener que asumir la subida del 1 % que entra en vigor cada 1 de enero hasta el 2038 para pagar las obras de ampliación, o si se empieza el año pagando ese tramo para dejar de hacerlo en cuanto esté en vigor el real decreto que lo evite.

Conversaciones iniciadas

Fuentes del sector aluden a que las conversaciones oficiales entre el ministerio y Audasa habrían comenzado hace poco para examinar un acuerdo puente con el que evitar la subida. De no materializarse, el 1 de enero las tarifas podrían subir algo menos del 1 % en todo caso, ya que la revisión de precios del sector en función del IPC anual ha sido negativa, un -0,11 %, índice que se corrige en cada autopista según los tráficos obtenidos durante el año. El ejercicio que está a punto de concluir ha sido el peor en las últimas décadas para las autopistas de peaje a causa de las restricciones a la movilidad implantadas para contener la propagación del coronavirus.

Audasa, como la mayoría de las concesionarias de autopistas y autovías con peaje sufragado por las administraciones, ha reclamado al Estado el pago de una compensación al entender que ha perdido tráfico por las decisiones tomadas por el Gobierno.

Otros 554 kilómetros sin peaje fuera de Galicia en el 2021

 Media España no paga peajes por circular por sus vías rápidas y gran parte de la otra media va dejando de tener que abonarlos poco a poco. El proceso que se inició a finales del 2018 con la eliminación de las casetas de peaje en todo su recorrido de la AP-1 (Burgos-Armiñón) seguirá adelante en el 2021 con la gratuidad en seis concesiones de autopistas.

Será el próximo 31 de agosto cuando buena parte del Mediterráneo comience a disfrutar sin pagar de las pocas autopistas de peaje que le quedan, ya que en el arranque del 2020 venció la concesión y el derecho al cobro en todos los tramos de la AP-7 entre Tarragona y Alicante, así como en la AP-4 que une Sevilla y Cádiz.

En el nuevo año serán otros tres recorridos de la AP-7 los que verán desaparecer las cabinas de cobro: Montmeló-La Junquera; Barcelona-Tarragona, y Montmeló-Papiol. Lo mismo ocurrirá también en verano en la AP-2, Zaragoza-Mediterráneo, liberándose así en total 474,5 kilómetros de cualquier tipo de tarifa para sus usuarios o para la Administración. Pero sin salir de Cataluña, la Generalitat tampoco ampliará la concesión en su vencimiento en el 2021 de las autopistas autonómicas C-32 (Barcelona-Lloret de Mar) y C-33 (Barcelona-Montmeló). Otros 80,2 kilómetros en total sin coste para los conductores.

Pese a que la AP-9 es de la misma generación de las autopistas que pasan a ser gratuitas en media España, Galicia no se verá beneficiada por esa misma política, ya que el principal vial gallego ha sufrido la prolongación de su concesión hasta en tres ocasiones con gobiernos de UCD, PSOE y PP, que sumados llevaron el fin de los peajes al 2048. Un total de 75 años de pago que solo sufren los usuarios de tres autopistas en España: la AP-9, la AP-53 (Santiago-Dozón), y la AP-66 (León-Campomanes), las tres por tanto en el noroeste peninsular y con un trato muy diferente en extensión de las concesiones a las del arco mediterráneo.

El derribo de los peajes en la Comunidad Valenciana ya ha convertido en gratuitos este año 313,2 kilómetros de la AP-7, autopista que solo será de pago ya en la circunvalación de Alicante, entre esta ciudad y Vera (Almería) y de Málaga a Guadiaro (Cádiz) a partir del verano. Este es de los pocos trayectos de pago que quedan en Andalucía, comunidad que este año se benefició también de la eliminación de los peajes en la AP-4 (Sevilla-Cádiz). De hecho, en toda Andalucía solo hay 157,4 kilómetros con peaje, 173,4 menos que en el conjunto de Galicia.

La Xunta insta al Gobierno a poner coto «al negocio redondo de Audasa»

Carlos Punzón

La conselleira Ethel Vázquez reclama frenar los beneficios de la concesionaria y se opone a implantar peajes en autovías

La Xunta de Galicia considera que la concesionaria de la AP-9 tiene garantizado un beneficio exagerado gracias a acuerdos otorgados por diferentes ejecutivos centrales que blindan su negocio. Así lo ha planteado hoy la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, que demanda del Gobierno central la revisión de los acuerdos firmados con Audasa para poner coto «a su negocio redondo. No estamos porque siga aumentando su negocio ni su enriquecimiento», aseveró.

En la presentación del planteamiento de la Administración gallega sobre el anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible, la conselleira dibujó a la AP-9 como ejemplo exacerbado de agravio e injusticia con Galicia, que a su entender no se sustenta con rebajas y bonificaciones que tengan que pagar los contribuyentes, sino recortando los beneficios de Audasa mediante una revisión a fondo de los acuerdos cerrados con el Gobierno central. En ese sentido aludió al acuerdo del 2006 que dejó sin peajes para el usuario a Rande y A Barcala, pagando el Ministerio de Transportes y la Xunta, en su caso hasta el 2017, la factura anual a al concesionaria que llegó a 14 millones de euros, o el 1 % de incremento anual durante 20 años que sufrirán los peajes de la AP-9 para que sus usuarios paguen las obras realizadas en Rande y Santiago.

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