Este martes se crea la comisión que gestionará el inmueble hasta que haya sentencia firme
15 dic 2020 . Actualizado a las 21:07 h.Pocos imaginaban que el futuro del pazo de Meirás iba a ser tan controvertido tras pasar de la gestión privada a la pública. Parecía que lo más difícil era que dejase de estar en manos de la familia Franco, pero las intenciones de cada una de las Administraciones con algo que decir sobre los usos del pazo están bastante alejadas del consenso necesario para establecer qué se va a hacer con la que fue residencia de verano del dictador Francisco Franco y de su familia. Hoy mismo, el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, presidirá en A Coruña la constitución de la comisión de seguimiento del pazo de Meirás anunciada la pasada semana por la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y que servirá para marcar los pasos a seguir con el inmueble recién recuperado para el Estado. Hay coincidencia en una cosa: abrir las puertas cuanto antes. Otra cosa es el espíritu de lo que allí se va a contar, y si tendrán más peso en el relato los cuarenta años de Franco o los inicios del pazo con la escritora Emilia Pardo Bazán.
En la comisión estarán representados la Xunta, la Diputación de A Coruña y los ayuntamientos de Sada y A Coruña. Desde la Delegación del Gobierno indicaron ayer que ese comité será el encargado de gestionar el pazo de Meirás mientras no haya sentencia firme. En este órgano se coordinarán los intereses de todas las Administraciones, que hasta el momento no son coincidentes. El Gobierno de Pedro Sánchez, como ya avanzó la vicepresidenta Calvo, no está dispuesto a quedarse al margen del destino del pazo, sobre todo porque fue el que llevó el peso de la demanda contra los Franco, y quiere que en los usos futuros del inmueble tenga un peso destacado el hecho de que allí pasó los veranos el dictador. Es la recuperación de la memoria democrática de la que habló Carmen Calvo horas antes de recibir la propiedad: «Hay que contar la verdad del paso de Franco por el pazo, pero con perspectiva democrática. No invadiremos competencias, pero somos los depositarios del bien hasta que esto termine», dijo la vicepresidenta.
Calvo recordó también la figura de Pardo Bazán, «por el significado que tiene ese lugar para la memoria y la reivindicación de la aportación de Pardo Bazán a las letras españolas». Con mucho más ímpetu defiende la Xunta que la historia se centre más en la escritora. «Non queremos que sexa o pazo de Franco, senón o de Emilia Pardo Bazán», reclamó el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, al presentar el plan de la Xunta para Meirás. El propio Feijoo adelantó esas intenciones horas antes: «Sería un error limitar el uso del pazo a una parte de su historia identificándolo como el lugar donde veraneaba unas semanas al año el general Franco. La memoria de Meirás está ligada a su legítima propietaria, Emilia Pardo Bazán».
Investigadores del CSIC hacen otro inventario
Seis investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) se encuentran trabajando estos días en el pazo de Meirás para elaborar un inventario científico que establezca de forma detallada cuáles son los bienes de carácter histórico que hay en el inmueble. El delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, explicó que los investigadores siguen las directrices que estableció la vicepresidenta Carmen Calvo cuando anunció que se iba a hacer un estudio en profundidad sobre la realidad de todo lo que contiene el pazo.
Este inventario servirá para establecer con rigor científico qué bienes son de carácter histórico, pero también para que la Abogacía del Estado pueda fijar cuáles son los enseres personales que los Franco se van a poder llevar del pazo. Esa es una de las diligencias encargadas por la jueza Marta Canales, titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña, después de haber entregado las llaves de Meirás a la abogada general del Estado el pasado jueves, 10 de diciembre.
Complementario al de la Xunta
Este inventario es complementario al que hicieron los técnicos de Patrimonio Cultural de la Xunta por orden de la jueza parar saber qué tipo de bienes y objetos había en el pazo después de que trascendiese la posibilidad de que los Franco pudiesen llevarse parte de esos bienes antes de entregar el pazo.