Afectados por okupas auguran que la ley antidesahucios disparará los asaltos

Carlos Punzón
c. punzón VIGO / LA VOZ

GALICIA

Interior de un edificio okupado en la Gran Vía de Vigo y desalojado recientemente por orden judicial.
Interior de un edificio okupado en la Gran Vía de Vigo y desalojado recientemente por orden judicial.

Temen que la norma «será un coladero» y que retraerá la oferta de alquiler

09 dic 2020 . Actualizado a las 05:00 h.

El temor a que el Gobierno conceda a los okupas respaldo legal con el decreto que ultima para suspender los desahucios a colectivos vulnerables enerva a los afectados por la usurpación de viviendas. Plataformas de propietarios a los que han asaltado sus inmuebles, administradores de fincas, agentes inmobiliarios y abogados especializados auguran, por lo que se ha adelantado de la nueva norma, que esta podría convertirse «en un coladero para los okupas». Rechazan además taxativamente que tengan que ser los dueños de las viviendas quienes deban hacerse cargo de quienes no puedan pagar su alquiler o de los que ocupen alegando carencia de recursos, en lugar de que esa responsabilidad y garantía la desempeñen las administraciones públicas.

«Esto va a retraer el mercado de alquiler, porque ¿quién se va a arriesgar a alquilar una vivienda si te van a poder decir que dejan de pagar porque no tienen dinero, y ni los puedes desalojar ni cortar suministros, ni siquiera ejecutar una sentencia que te reconozca el derecho a restablecer la propiedad? Generará una notable pérdida de confianza jurídica para el arrendador», interpreta Carmela Lavandeira, vicepresidenta del Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Galicia. «Tú no eres quien tiene que garantizar una vivienda digna a otro, es el Estado quien tiene la obligación de hacerlo, pero no a costa de los ahorradores, que tienen la absoluta mayoría de las viviendas del mercado», añade. Advierte Lavandeira que «este decreto se cargará al futuro inversor, que no va a comprar un edificio para alquilarlo si luego se pueden instalar dentro sin pagar, o dejar de abonar, y sin poder hacer nada para evitarlo».

«Esta norma aún va a añadir más lentitud en los procesos judiciales abiertos para recuperar una vivienda okupada, pues habrá que esperar a que los servicios sociales hagan un informe sobre la vulnerabilidad del grupo que haya cogido una vivienda o no pague su alquiler», indica Natalia Bueno, presidenta de la Asociación de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Baleares, una de las comunidades más castigadas por la ocupación.

«Yo he tirado la toalla contra los okupas. O se suspenden una y otra vez los juicios, o te acorralan y amenazan cuando vas a desalojar la vivienda que han asaltado, que la gran mayoría son de personas que han invertido todo lo que tenían en un apartamento para lograr una renta a mayores con su alquiler», lamenta. A juicio de Bueno, el fenómeno de la okupación masiva no es un problema de vulnerabilidad, «sino de educación, y ahora también de negocio paralelo, de las mafias que lo tienen ya todo controlado», afirma mientras muestra su recelo respecto al próximo decreto antidesahucios.

«Se las saben todas. Han convertido la okupación en un negocio y ahora va a tener respaldo legal también. Tienen abogados que trabajan para ellos, electricistas, cerrajeros, ojeadores...», alerta Toni Miranda, portavoz de la Asociación de Afectados por la Okupación. «Este decreto va en la línea de dotar de impunidad a la okupación, que en un 80 % está protagonizada por delincuentes», tercia certificando la opinión de los inmobiliarios.

Tanto la presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Galicia como el colectivo de empresas inmobiliarias o los afectados por la ocupación reclaman del Gobierno la puesta en marcha de un plan de vivienda social en todo el país. «Eso es lo que hay que hacer para acabar de verdad con la vulnerabilidad», clama Miranda.

«Basta un solo okupa para destruir la convivencia y la paz en una comunidad, pero nadie ampara a esos vecinos»

Julian Pérez, abogado de la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias, aguarda a que el Gobierno apruebe el decreto contra los desahucios para leer sus condiciones y plazo de vigencia, pero de entrada pone en duda la constitucionalidad de una norma que para defender el derecho a una vivienda digna menoscaba otro fundamental como es el de la propiedad. «De ser así, sería una barbaridad y atentaría contra la Constitución», añade el letrado, que estima que el Ejecutivo lo que busca es un golpe de efecto mediático con la prohibición de desalojar a quien acredite no contar con medios.

Más allá de la interpretación jurídica, Pérez Rodríguez advierte que el ordenamiento legal español «no tiene en cuenta en ningún caso los perjuicios que sufren los vecinos de una vivienda okupada. Ni la pérdida de valor de sus propios inmuebles por la cercanía de okupas, ni los problemas de salubridad, inseguridad y molestias que suele conllevar su presencia», indica el letrado.

«Basta un solo okupa para destruir la convivencia y la paz en una comunidad, y nadie ampara a esos vecinos», coincide Toni Miranda, portavoz de la primera asociación estatal antiokupa. «Generan gastos a los vecinos con sus enganches ilegales a la electricidad, al agua y ahora también al gas, como hemos descubierto en varios lugares, con el peligro que eso entraña», relata.

Reclama respaldo legal para que las comunidades de vecinos puedan instar el desalojo de grupos okupa que generen problemas. «Porque si los niños de los que okupan o dejan de pagar con toda la intención el alquiler son vulnerables, también lo son los hijos de los vecinos que ya no pueden andar solos por las escaleras o en el portal, o que no pueden dormir o estudiar por el ruido que montan los okupantes. Hay gente muy desesperada con este problema, con problemas de salud causados por el estrés que sufren», revela el portavoz.

Otro grupo de afectados, la Plataforma de Afectados por Ocupas, recomienda abiertamente: «nunca alquiles tu piso, te van a robar, chantajear y amenazar con amparo legal». Acuña el término «inquiokupa» para designar a quienes han alquilado de manera legal una vivienda y poco después dejan de pagar y piden hasta 3.000 euros por abandonar la propiedad.

Galicia es donde más creció el número de denuncias por ocupación en la primera mitad del año, un 33 % respecto al ejercicio anterior, si bien el Consejo General del Poder Judicial notifica que son 22 los casos llegados a los juzgados hasta septiembre.