Vivenda financia un servicio que atenderán abogados de guardia 44 horas a la semana
05 dic 2020 . Actualizado a las 05:00 h.El teléfono para asesorar a las víctimas de ocupaciones ilegales en Galicia comenzará a funcionar el lunes. El 900 121 221 es gratuito, lo financia el Instituto Galego da Vivenda e Solo y al otro lado de la línea estarán los siete colegios de abogados de la comunidad, que ofrecerán información a través de un letrado de guardia. El coste del servicio asciende a 27.000 euros sufragados por el ente dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, y el objetivo será resolver durante un año y a través de profesionales especializados cuestiones referidas a trámites de carácter administrativo o judicial que guarden relación con los derechos y obligaciones de los afectados.
?El teléfono será atendido entre semana de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas, y los sábados, de diez a dos. Además, la institución colegial también pondrá en marcha un servicio de atención en línea para que los interesados puedan enviar sus consultas a través de un formulario. Serán contestadas por correo electrónico en un plazo máximo de 48 horas. «Hoxe podemos dar un balón de osíxeno aos afectados por casos de ocupación ilegal de vivendas, que terán un punto de información para saber como actuar e os trámites que deben facer, sen que isto lles supoña custo algún para eles», declaró la conselleira Ánxeles Vázquez, durante la firma del convenio.
Dos casos cada tres días
El Gobierno gallego ha puesto en marcha una política activa contra las okupaciones dentro de sus limitaciones competenciales, atendiendo a la creciente preocupación social que, en el caso de Galicia, se traduce en un número más contenido de casos respecto a otras localidades españolas. En la actualidad, según datos de la Xunta, se producen dos ocupaciones ilegales cada tres días, por lo que consideran importante cortar cuanto antes la tendencia al alza. Según Vázquez, las personas que se están introduciendo en viviendas ajenas nunca se han puesto en contacto con su departamento para buscar alternativas o para valorar sus circunstancias socioeconómicas.
Medio Ambiente trabaja en la elaboración de un mapa gallego de viviendas okupadas con el apoyo de los agentes de la propiedad inmobiliaria y de los administradores de fincas, y ultima junto a penalistas gallegos una propuesta de reforma legislativa con el fin de trasladársela al Gobierno central para tratar de garantizar un marco jurídico eficaz, definido y duradero.