El decreto contra los desahucios frena el desalojo de okupas en vulnerabilidad

Los propietarios denuncian que se «ampara legalmente» la ocupación ilegal


redacción / la voz

En el Consejo de Ministro de este martes o, lo más tarde, en el de la semana siguiente, el Gobierno aprobará por decreto la suspensión de los desahucios a colectivos que ya eran vulnerables antes de la pandemia. En el acuerdo alcanzado entre la Vicepresidencia segunda de Servicios Sociales, de Pablo Iglesias, y el Ministerio de Transportes —con competencias en Vivienda—, de José Luis Ábalos, se incluyen también los supuestos de individuos en vulnerabilidad que ocupen la vivienda de forma ilegal, sin contrato de arrendamiento o un título de propiedad.

En caso de una vivienda cuyo dueño sea gran tenedor —un fondo de inversión o alguien con al menos diez inmuebles—, deberá probarse la precariedad económica del ocupante ilegal de la vivienda con un informe de los servicios sociales de las comunidades autónomas en un plazo de tres meses, siempre durante el estado de alarma.

«Con este decreto se van a evitar los desahucios sin alternativa habitacional», explicó este jueves Pablo Iglesias durante una entrevista en la televisión pública. «Cuando una familia alegue una situación de vulnerabilidad, los servicios sociales de las comunidades darán un informe preceptivo para el juez en el que se acredite esta situación», continuó el vicepresidente segundo del Gobierno, que considera imprescindible dar una vivienda digna como alternativa habitacional, «que no puede ser un polideportivo o un albergue».

Difícil encaje legal

Por ahora no se ha difundido aún el documento donde se recoge el acuerdo entre ambos departamentos del Gobierno de coalición. La abogada Iria Platero, experta en casos de ocupaciones ilegales, con bufetes en Santiago, A Coruña y Vigo, advierte de que dependerá de cómo se redacte el decreto, pero avanza que lo anunciado por ahora es una «ampliación perpetua a la okupación a coste cero».

Platero apunta al derecho a la propiedad aunque los poseedores de los inmuebles afectados sean grandes tenedores: «No se pueden ampliar indefinidamente derechos que no se han adquirido de forma legítima». Para un marco así, continúa, tocaría reformar la ley de Enjuiciamiento Penal e incluso la Constitución.

Vivienda para los desalojados

El acuerdo, al que aún faltan puntos por definir, como la prohibición de cortar suministros básicos, como plantea Iglesias, se convalidaría mediante decreto antes de que termine el año. El Gobierno apremiará así a las comunidades autónomas para que garanticen esa alternativa habitacional a las familias en precario y evitar dejarles sin techo.

En ese sentido, el presidente de la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein), Benito Iglesias, subraya que la plataforma lleva años reivindicando la creación de un parque social de viviendas en régimen de alquiler. «Si hubiese existido, no tendrían lugar estas legislaciones», afirma el empresario, que ve en este decreto una forma de «amparar legalmente la ocupación ilegal de viviendas».

El responsable de Fegein interpreta que la cobertura de protección social de las familias vulnerables «está, relativamente, recogida» a través de la renta mínima o la risga, por lo que considera el acuerdo una maniobra para «intervenir más el mercado inmobiliario». Benito Iglesias observa un perfil de okupas mayoritario «al mandato de las mafias», y avisa de que «habrá quien se ampare en el decreto para seguir okupando».

Negociar en mayo

El Gobierno aprobó en marzo la suspensión de los desahucios entre el 2 de abril y el 31 de enero, fecha que pretende ampliar ahora hasta mayo. Pablo Iglesias remarcó que su intención es prorrogar la suspensión de los desalojos más allá del final del estado de alarma y ya trasladó que «en mayo habrá que discutir otra vez» con el PSOE si a partir de ese momento «tiene sentido dejar a las personas en situación de vulnerabilidad en la calle».

El dirigente de Unidas Podemos se refirió también a una sentencia del Tribunal Supremo que impidió el desahucio de una mujer, presuntamente víctima de violencia de género, que ocupaba una vivienda de forma ilegal junto a sus dos hijos de corta edad. La Sala denegó la solicitud de desalojo por la «absoluta falta de previsión» de la Administración respecto a las medidas de protección para las personas «en situación de especial vulnerabilidad» que residían en la casa. «La sentencia nos refuerza mucho», afirmó Pablo Iglesias.

Más de veinte okupaciones

Según un estudio difundido ayer por el Consejo General del Poder Judicial, los juzgados gallegos ingresaron 22 demandas por ocupación ilegal de viviendas de pequeños propietarios entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de este año. En el mismo trimestre del año anterior fueron 34. A finales de año, el Ministerio del Interior publicará los datos semestrales de denuncias de okupaciones. En los últimos disponibles se evidencia que Galicia sufrió el mayor incremento de ocupaciones ilegales en todo el país, al aumentar un 33 %.

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