Los peajes invisibles lastran a la Xunta con casi 500 millones desde el 2009

Ábalos insiste en el pago por el uso de autovías, pero solo para el transporte de mercancías y pasajeros

La Xunta paga por la autovía de la Costa da Morte un canon de disponibilidad
La Xunta paga por la autovía de la Costa da Morte un canon de disponibilidad

redacción / la voz

En una situación de pandemia las prioridades son la recuperación económica y el fortalecimiento de los servicios públicos esenciales, aunque las hipotecas de las decisiones políticas del pasado pesan como una losa a la hora de dedicar los fondos públicos disponibles a inversiones reales que sirvan de catalizadores económicos. Este es el caso de los peajes en la sombra, la fórmula para poder hacer autovías mutualizando su coste en ejercicios futuros y condicionando la acción de otros gobiernos. Aunque esta fórmula empezó a ser utilizada por el último Gobierno de Fraga, fue el bipartito PSOE-BNG el que la generalizó. El actual Ejecutivo cree que en aquel momento no era necesario recurrir a este modelo, «pues tenían 450 millones anuales para carreteras», suele recordar la conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez.

Cuando en el 2009 solo había tres viales con este sistema, la Xunta abonaba por peajes en sombra o invisibles -al final no son los usuarios los que pagan, sino todos los contribuyentes- unos 23,5 millones. Y en los presupuestos del año que viene, Infraestruturas incluye dos partidas que suman 77 millones, aunque no siempre se gasta todo lo que está presupuestado. En estos once años se han abonado cerca de 490 millones de euros, que podrían haberse destinado a otros proyectos si en su momento se hubiera optado por la vía presupuestaria. Pero el objetivo en aquellos tiempos era computar menos deuda repartiéndola en ejercicios futuros, aunque al final el coste total sea muy superior al de la obra realizada con recursos presupuestarios convencionales.

En este contexto, el ministro de Transportes volvió a lanzar estos días el globo sonda del pago por el uso de autovías, y de autopistas en donde se termine el régimen concesional. Al contrario de anteriores anuncios, esta vez el ministro ha sido más explícito y en lugar de preconizar un pago universal simbólico ha focalizado esta decisión en aquellas actividades económicas que se benefician de las infraestructuras públicas, como el transporte de mercancías o el de viajeros, por ser el tráfico pesado el que más desgasta las carreteras.

 Solo a los que se benefician

«A los que no les queda otra, como los que van a trabajar, no tienes por qué gravarlos, pero a otros la circulación por estas vías les hace ser más competitivos en su actividad, ya que se benefician del nivel de infraestructuras», explicó.

Los peajes en sombra están instaurados en la AG-41 (autovía do Salnés, inaugurada en julio del 2008); en la AG-56 (autovía Santiago-Brión, abierta al tráfico en febrero de 2008); en la AG-11 (autovía do Barbanza, en servicio en diciembre de 2008); y en la AG-31 (autovía de Celanova, abierta en el 2013). En la AG-53 (Dozón-Ourense) se aprobó en el 2007 el pago del peaje por parte de la Administración y no del usuario. Y en la autovía da Costa Morte se ha optado por el pago por disponibilidad (el abono se realizará en función de la calidad con la que se conserve la obra), pues supone una factura menos variable. En el resto, al incorporarse una tarifa por el número de vehículos que circulan por la vía (canon de demanda), es necesario compensar a las empresas por las pérdidas de tráfico en épocas de crisis o de reducción de la movilidad, como sucede en la actualidad. «Si no lo hacemos la empresa puede quebrar y la Xunta puede incurrir en una responsabilidad patrimonial», explican en Infraestruturas. La factura, por tanto, puede variar al alza, condicionando a futuros gobiernos gallegos, pues el plazo concesional de estas autovías caduca entre el 2034 y el 2039.

Por estas razones, el departamento que dirige Ethel Vázquez prefiere realizar las obras en carreteras con los recursos presupuestarios, aunque el plazo para construir nuevas infraestructuras se alargue. Y así se afrontó, por ejemplo, el reciente desdoblamiento del corredor de O Morrazo.

Los compromisos de pagos futuros se rebajaron de 4.126 millones a 1.935 en diez años

La deuda a futuro contraída por la Administración autonómica gallega en carreteras era astronómica cuando Feijoo llegó a la presidencia de la Xunta en el 2009: alcanzaba los 4.126 millones de euros. Cerca de la mitad correspondía a las concesiones de autovías con peaje en la sombra (1.950 millones), «con cláusulas financeiras que representaban unha ameaza para as arcas públicas se acababan en quebra», aseguran en la Consellería de Infraestruturas. La otra gran factura se correspondía con la liberación del peaje en la AG-53 (Dozón-Ourense), que no se contabilizó como deuda futura hasta el 2011 y que sumaba 1.552 millones. También la Sociedade Pública de Investimentos (SPI) tenía compromisos futuros en carreteras por 428 millones, a los que hay que sumar la aportación autonómica a la liberación de los peajes de Rande y A Barcala (195,4 millones hasta el 2049).

Esta última subvención fue asumida por el Gobierno central cuando gobernaba Rajoy y la deuda de la SPI se amortizó totalmente en el 2019, dos factores que contribuyeron a reducir los pagos futuros a 1.935 millones en la actualidad. La deuda de la AG-53 se amortizó parcialmente entre este año y el pasado (restan 361 millones), pero donde sigue la pesada carga financiera es en las autovías con peaje en sombra, con las que aún hay una deuda a futuro de 1.574 millones.

Por otra parte, la conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, puso ayer en valor los Presupostos de la Xunta para el 2021. «Son os máis altos da historia, o que contrasta cos Presupostos do Goberno de España, os máis baixos para Galicia en 15 anos».

La Xunta pagará 2.500 millones en peajes durante los próximos 60 años

serafín lorenzo

La hipoteca por el uso de autovías en régimen de concesión y por suprimir y rebajar tarifas en autopistas incluye 191 millones por la AP-9 hasta el 2049

La apuesta por acelerar la ejecución de infraestructuras a través de las fórmulas de pago aplazado que introdujo en Galicia el Gobierno de Fraga, y que también aplicaron después los de Touriño y Feijoo, ha generado una gravosa hipoteca para las arcas públicas. Los peajes encubiertos por el uso de las autovías y las obligaciones contraídas con las concesionarias de las autopistas por la supresión y rebajas en sus tarifas obligarán a la Xunta a desembolsar 2.510 millones de euros a esas empresas hasta el 2073.

Así lo recoge el último informe de fiscalización elaborado por el Consello de Contas, correspondiente a la cuenta general del ejercicio 2013. El documento eleva los compromisos de gastos futuros en este ámbito a 3.111 millones, porque todavía no recoge el efecto del decreto que en el 2014 reguló los nuevos términos de gestión del vial AG-53, que conecta la autopista Santiago-Lalín con la autovía das Rías Baixas. Esas condiciones rebajaron los compromisos plurianuales contraídos por la Axencia Galega de Infraestruturas en ese vial. De los 1.197 millones previstos hasta el fin del período concesional (año 2057) se pasó a 595,95 (de los que la Xunta amortizó 35 en los últimos dos ejercicios). Así las cosas, la suma de la hipoteca que este sistema acarrea para las arcas de la Xunta bajó de los 3.111 millones computados por Contas en su informe a 2.510.

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