La ley dirigida a frenar el declive demográfico inicia su tramitación con el rechazo de la oposición

La conselleira de Política Social insiste en tender la mano para intentar consensuar una norma pionera que aspira a sobrevivir a varios gobiernos

Fabiola García, conselleira de Política Social
Fabiola García, conselleira de Política Social

El Parlamento gallego autorizó este martes el inicio de la tramitación del proyecto de Lei de Impulso Demográfico de Galicia, el primer texto de estas características que se abre camino en España, y que se propone frenar el declive demográfico de la comunidad a base de establecer una serie de principios rectores y todo un catálogo de servicios o ayudas que faciliten la conciliación y que favorezcan el retorno de emigrantes. La conselleira de Política Social, Fabiola García, dijo que la Xunta mantenía «a man tendida para acadar o consenso» en torno a un texto que pretende ser el del Gobierno, pues fue retocado en un 44 % con otras aportaciones, sino que aspira a ser una norma de todos los gallegos que perdure en el tiempo. Dicho objetivo, al menos de momento, no se logró, pues el BNG y PSOE rechazaron el proyecto con sendas enmiendas a la totalidad.

La responsable autonómica de Política Social subió dos veces a la tribuna de O Hórreo para poner de relieve que esta ley «non baixa a aspectos moi específicos nin entra en regulacións concretas de medidas que se implantarán nos próximos anos», pues son cuestiones que podría condicionar la actuación de futuros gobiernos y, al fin y al cabo, este tipo de medidas se pueden definir con mayor exactitud en textos de menor rango.

Con todo, Fabiola García invocó algunas medidas aplicadas en los últimos meses que tienen amparo en dicha normativa, pues aludió a la Tarxeta Benvida, la ayuda directa creada por la Xunta en el 2016 para el cuidado de los bebés, «que xa chegou a 60.000 fogares», dijo, así como los 81 Casas Niño habilitadas para llevar la conciliación a zonas rural es que nunca dispusieron de estos servicios o la aplicación de gratuidad en las escuelas infantiles a partir del segundo hijo y sucesivos. De lo que se trata es de «blindar e consolidar», dijo la conselleira, los avances logrados en estos años, pero también de seguir avanzando hacia una política demográfica de consenso y de largo plazo.

Hay dudas de que se pueda lograr. Aunque Olaia Rodil, viceportavoz del BNG, llegó a darle sus «parabéns sinceiros e honestos» a la Xunta por la redacción de la exposición de motivos de la ley, en la que cree que se atina en el diagnóstico del problema, se destapó con una crítica encendida contra la conselleira por iniciar su discurso parafraseando al Manuel Fraga de 1992, con su defensa de las políticas natalistas, y donde prevenía que «non podemos permitir unha Galicia avellentada». Rodil discrepó al manifestar que lograr que se viva más años es un éxito, y no un fracaso, y lo que hay es que «adaptarse» a esa realidad. Y echa eso en falta en una ley «izada de declaracións de intencións», pero que adolece de compromisos.

Similares reproches se escucharon en boca de la socialista Marina Ortega: «Está baleira de contido, non compromete recursos asistenciais, é unha lei escaparate», pese a que la intención del Ejecutivo es destinar a los fines que promueve una inversión cercana a los 800 millones de euros al año.

El grupo del PP se quedó solo con el apoyo a una iniciativa que deseaba fuera de todos, aunque con la mayoría que tiene se basta y sobra para aprobarlo. Eso no impidió que la conselleira de Política Social reitera su mano tendida al diálogo o que la diputada popular Raquel Arias sacar el látigo dialéctico para acusar a la bancada izquierda de estar en contra «de que se favoreza a conciliación e a corresponsabilidade».

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