Galicia expresa por ley su vocación de pesar más en la política exterior de España

Propone reforzar los vínculos con los países lusófonos y el BNG objeta que «expresa de maneira enfermiza» la sumisión a Madrid

Alfonso Rueda, defensor del proyecto de ley, charla en el Parlamento con el conselleiro de Sanidade
Alfonso Rueda, defensor del proyecto de ley, charla en el Parlamento con el conselleiro de Sanidade

Cuatro años después de que el Tribunal Constitucional anulara buena parte de la ley catalana de Acción Exterior por invadir competencias propias del Estado, como la capacidad para entablar relaciones bilaterales con otros países o la apertura de delegaciones diplomáticas, Galicia se convierte en la segunda comunidad autónoma que quiere regular por ley su vocación de tener más peso en la política exterior de España, a través de la participación en los órganos de la Unión Europea (UE) y ampliando los vínculos directos con Portugal y los países lusófonos, así como con la diáspora galaica y las redes regionales o lobbies que comparten los mismos intereses que Galicia.

El proyecto de Lei de Acción Exterior e Cooperación para o Desenvolvemento de Galicia fue aceptada a trámite este martes en el Parlamento gallego, aunque solo lo hizo con los votos de la mayoría del PP, pues las fuerzas de la oposición pidieron su retirada. El texto deja claro en su artículo 1 el ámbito en que se propone mover Galicia, al subrayar que la acción exterior gallega «desenvolverase sempre con lealdade ao bloque da constitucionalidade española, aos tratados e restantes instrumentos internacionais subscritos por España, así como ás normas de dereito comunitario».

El vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, puso de relieve que el precedente catalán «nos leva a non repetir os erros» que suscitaron su suspensión para conseguir así otros objetivos, como son —enumeró— la mejora de la atención a los gallegos no exterior, la consolidación de la Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal o la profundización en las relaciones con Portugal y los países de la lusofonía, una vez que Galicia está a punto de culminar su ingreso, a través de España, en la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa.

El PSdeG acogió con desdén el proyecto de ley que «ten sentido para dotar a Galicia dunha acción exterior eficaz e eficiente, que é algo do que a Xunta ven carecendo nos úlltimos 11 anos», señaló Pablo Arangüena. Pero la crítica más contundente vino de las filas del BNG, que la tildó la ley de «raquítica, acomplexada e falta de ambición», así como de «terraplanista» porque no ve nada más allá del vasto Atlántico. El diputado Luís Bará dijo que el texto expresaba «de maneira enfermiza a submisión a Madrid» y subrayó que los nacionalistas no quería la ley de una región, sino la de «unha nación no mundo que se chama Galicia».

Desde el PP pusieron por delante que, con este planteamiento del BNG, va a ser muy difícil llegar a un entendimiento, pues el diputado Alberto Pazo ve en los nacionalistas un intento de reproducir la ley catalana. Objetó Pazos que el Bloque plantee «como febleza» la coordinación de la acción exterior de Galicia con la del Estado para dejar claro lo siguiente: «Para nós isto é unha fortaleza».

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