La familia de guardeses que cuida la propiedad deberá buscar nueva vivienda
19 nov 2020 . Actualizado a las 18:14 h.Nadie los ha inventariado. No son bienes culturales ni aparecen en ningún lugar de la histórica sentencia que devuelve al Estado el pazo de Meirás. Pero sus vidas van a cambiar cuando se ejecute el fallo judicial y la familia Franco entregue las llaves del edificio. Son los guardeses del pazo, un matrimonio con dos niñas en edad escolar que trabajan cuidando el recinto amurallado y que residen en una de las casas que hay en el interior. Si no hay novedades, en el momento en el que la sentencia se ejecute, esta familia se quedará sin casa y sin trabajo.
El matrimonio se encarga del cuidado y el mantenimiento diario del pazo de Meirás desde hace años trabajando para la familia Franco. Su caso es mencionado en el escrito en el que los herederos del dictador solicitan a la magistrada Marta Canales, titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña, que posponga la fecha de ejecución de la sentencia y la entrega efectiva de las llaves del pazo, que por ahora continúa estando fijada para el próximo 10 de diciembre.
Los Franco basan esa petición en el hecho de que ahora mismo tienen prohibido retirar nada del interior del recinto, a la espera de que se realice el inventario de bienes ordenado por la jueza. Ese trabajo se prolongará al menos veinte días, y argumentan que, en el mejor de los casos, dispondrán de poco más de una semana para realizar la mudanza, con lo que podrían verse «obligados a entregar la posesión del inmueble sin haber tenido la posibilidad de retirar ninguno de los bienes muebles que hay en su interior».
Además de para el traslado de esos bienes materiales, los Franco también le piden a la jueza tiempo para que la familia que reside en el pazo pueda buscar una nueva residencia. En el escrito presentado en el juzgado explican que en una de las edificaciones de la fortaleza tienen su residencia habitual los dos guardeses (el matrimonio) que, como empleados de los Franco, «se han venido ocupando, y ocupan, de todo lo concerniente al mantenimiento». Recuerdan, además, que allí residen también las dos hijas menores del matrimonio. En este punto, los herederos de Franco hacen referencia a la Ley de Enjuiciamiento Civil, que establece que cuando el inmueble que se haya que entregar «sea vivienda habitual del ejecutado o de quienes de él dependan, se ha de conceder un mes para desalojarlo». Incluso podrá prorrogarse un mes más si hay motivos fundados.
Desalojar el inmueble
Y esos motivos existen, según la familia Franco, porque «obviamente», los dos empleados y sus hijas tendrán que desalojar el inmueble y han de buscar un lugar alternativo en el que fijar su residencia. Los guardeses que se encargan del cuidado del pazo de Meirás no quisieron ayer hacer valoraciones sobre cuál puede ser su futuro más inmediato, pero en todo caso sí es seguro que en las próximas semanas tendrán que abandonar la que fue su vivienda durante los últimos años y, muy probablemente, deberán buscar un nuevo trabajo.