Los Franco pidieron sacar las estatuas en pleno cierre judicial del pazo de Meirás

José Manuel Pan
José Manuel Pan REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA

Las estatuas del maestro Mateo se encuentran en la capilla del pazo de Meirás
Las estatuas del maestro Mateo se encuentran en la capilla del pazo de Meirás CESAR QUIAN

La Xunta les niega el permiso ante la orden de la jueza que impide retirar bienes durante al menos veinte días, mientras se realiza el inventario

14 nov 2020 . Actualizado a las 13:15 h.

Los Franco pretendían llevarse del pazo de Meirás las estatuas realizadas por el maestro Mateo para el Pórtico de la Gloria de la catedral de Santiago. Así lo reveló ayer la Xunta después de rechazar la petición realizada por los herederos del dictador, que son los actuales propietarios de las figuras. La solicitud de la familia Franco se recibió este jueves, al día siguiente del registro judicial realizado en el pazo para hacer un inventario de bienes y en plena vigencia de la orden del Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña que prohíbe sacar cualquier tipo de bien del recinto amurallado hasta que se realice un informe con el inventario de todo lo que hay en el interior y exterior del pazo.

El Gobierno gallego niega ese permiso, que es necesario al tratarse de unas figuras que son bienes de interés cultural (BIC), basándose en que sobre el pazo pesan las medidas cautelares ordenadas por la magistrada Marta Canales. La jueza dictó un auto en el que prohíbe a los Franco retirar bienes del pazo de Meirás mientras los técnicos de la Consellería de Cultura no terminan el informe con el inventario. Y la jueza les dio un plazo de veinte días, que podrían ser prorrogables.

La Xunta recuerda que las estatuas, que algunos historiadores identifican como las de los profetas Abraham e Isaac, gozan de la máxima protección al ser declaradas BIC el año pasado. Esa declaración supone una serie de obligaciones para los propietarios, entre ellas, la de comunicar previamente cualquier traslado de los bienes protegidos. La Lei de Patrimonio Cultural de Galicia recoge que el traslado de BIC «deberá ser autorizado pola consellería competente en materia de patrimonio cultural e anotado no Rexistro de Bens de Interese Cultural». El Gobierno gallego entiende que «a coordinación, colaboración e unidade de acción debe ser a folla de ruta ata a entrega provisional do pazo ao Estado, por iso colabora en todo o proceso xudicial coa intención de avanzar na defensa dos intereses do patrimonio público».

Pese a que las estatuas pertenecen a la familia Franco, desde la Consellería de Cultura, en coordinación con el Concello de Santiago, se ha creado un grupo de expertos para tratar de recuperar la propiedad de las estatuas. El Gobierno gallego también inició de forma urgente el proceso para declarar BIC la biblioteca de Emilia Pardo Bazán que se encuentra en el pazo de Meirás. Esa declaración blindaría los 3.000 volúmenes que hay en el pazo.

Sin tiempo para la mudanza

Ante la prohibición de sacar bienes de Meirás, la familia Franco pedirá a la jueza que aplace la entrega del pazo al Estado, fijada para el 10 de diciembre. Los Franco aducen que no tendrán tiempo para realizar la mudanza de los bienes que puedan llevarse. Luis Felipe Utrera-Molina, letrado de los herederos de Francisco Franco, critica que la jueza Marta Canales haya adoptado la medida cautelar de realizar un inventario de los bienes del pazo y que les haya prohibido retirar ni trasladar «ningún tipo de bien» mientras se elabora el informe sobre lo que hay allí.

El abogado argumenta que las medidas cautelares se toman para garantizar una pretensión que se haya pedido en la instancia. En este caso sería en la demanda presentada para recuperar el pazo. «Pero el Estado no incluyó ni un solo mueble en su demanda, por lo que creemos que una medida cautelar como esta es improcedente», sostiene Utrera. La Abogacía del Estado fue la que solicitó a la jueza la medida urgente de prohibir que los Franco procediesen «al vaciado del pazo de Meirás».

«No pueden llevarse ni las sábanas»

Insiste el abogado en que un juzgado no puede adoptar una decisión así cuando no está relacionada con el objeto del procedimiento. «Eso provoca una indefensión absoluta a mis clientes, que no han podido decir nada sobre los muebles que hay en el edificio. Yo ya no sé cómo justificar esto ante ellos. Es que no se pueden llevar ni las sábanas», replica el abogado de los Franco, que anuncia que va a presentar un escrito de oposición a las medidas cautelares tomadas por método de urgencia, sin dar audiencia previa a los demandados. Según la Ley de Enjuiciamiento Civil, ese tipo de medidas no son recurribles. Pero los demandados, en este caso los Franco, sí pueden presentar en el juzgado un escrito de oposición. Recibido ese documento, se convocará una vista para que las partes expongan sus argumentos. Después, la jueza tendrá que decidir si mantiene las medidas cautelares o las alza y las deja sin efecto.

Ese proceso requiere una serie de plazos, que podrían unirse a los veinte días, prorrogables, que la jueza dio a los técnicos de la Consellería de Cultura para que elaboren el informe sobre los bienes que hay en Meirás. En ese tiempo, que podría ampliarse, los descendientes del dictador tienen prohibido sacar nada del pazo. En el mejor de los casos, el inventario estaría terminado a finales de este mes de noviembre, por lo que la familia tendría unos diez días para llevarse los objetos y los muebles, que se les permita retirar, antes del 10 de diciembre, fecha fijada por la jueza para la entrega oficial del pazo al Estado.

Pero la familia entiende que ahora ese plazo no existe, por lo que va a pedir a la jueza un aplazamiento de la fecha de ejecución provisional de la sentencia y de entrega del pazo. «No nos queda tiempo para realizar la mudanza», asegura el abogado, que recuerda que cuando se pidió la ejecución, pidieron a la Abogacía del Estado «un plazo razonable para llevarnos las cosas del pazo».

Suspensión de las visitas

Así las cosas, en al menos veinte días la familia Franco no puede sacar nada de la fortaleza. En esta situación, el abogado Utrera-Molina avanza que se van a suspender las visitas públicas al pazo de Meirás, que se realizan una vez a la semana y que son gestionadas por la Fundación Francisco Franco.