Solo la CIG avala la normativa de teletrabajo de la Xunta para los empleados públicos

El máximo de jornadas mensuales se mantiene en la mitad para teletrabajo, pero podrá haber planes individuales que suban esta cifra

Imagen de archivo de una persona teletrabajando
Imagen de archivo de una persona teletrabajando

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La normativa que regula el teletrabajo en la Administración Pública autonómica, que actualiza el de 2013, ha contado unicamente con el aval del sindicato CIG y con el 'no' de CSIF, UGT y Comisiones Obreras, según han confirmado a Europa Press fuentes sindicales. El texto definitivo, al que ha tenido acceso Europa Press, fue sometido a la junta de personal el pasado miércoles pero las centrales sindicales han tenido hasta este viernes para enviar su voto de forma telemática. Los apoyos no condicionan que el texto sea aprobado definitivamente, si bien la Xunta negoció varios borradores para contar con el respaldo de las fuerzas sindicales, de las cuales solo CIG dio luz verde.

El secretario de Acción Sindical de CSIF, José Sánchez-Brunete, ha explicado que la posición en contra de este sindicato se basa en que Galicia «no puede tener un teletrabajo más precario» que el que se firmó en una comunidad como Madrid. «Es un despropósito», ha dicho, para indicar que la propuesta definitiva de la Xunta ha sido «más desfavorable» que la de otros territorios y «un ataque a los trabajadores públicos».

Frente a esta postura, la secretaria nacional de CIG-Autonómica, Zeltia Burgos, ha destacado que el teletrabajo se «universaliza» gracias a este decreto, frente a 2013, cuando esta central sindical no lo apoyó y era una modalidad «residual». Además, ha dicho que el apoyo al texto se debe a un ejercicio de «responsabilidade como sindicato maioritario na administración pública».

En declaraciones a Europa Press, ha indicado que este acuerdo «permitirá baixar a presenza» de empleados en un momento de crisis sanitaria. Además, ha indicado que, si bien se mantienen las jornadas mínimas presenciales y otras ratios, se han incluido la posibilidad de realizar un «plan individual» que permita aumentar las jornadas de teletrabajo a más del 50 por ciento. Zeltia Burgos ha señalado, asimismo, que el visto bueno al decreto permite «desbloquear» el teletrabajo en la administración pública en un momento en el que, dijo, estaban «paralizadas» todas las peticiones precisamente, añadió, porque este decreto no había salido adelante.

Por su parte, Lino Díaz, de UGT, ha explicado a Europa Press que la principal razón del no de este sindicato se fundamenta en que no hubo cambios en el artículo 3 de la norma, lo que significa, ha dicho, dejar a muchos empleados públicos «excluidos» de la posibilidad de acogerse al teletrabajo. «Era a chave», ha afirmado.

En esta línea, por parte de CC OO, Javier Lareu ha manifestado que esta regulación «empeora as condicións» de la anterior normativa, de forma que se ven «reducidos» los días máximos que pueden trabajar y «exclúe a colectivos moi numerosos» de esta modalidad.

Los sindicatos que rechazan el acuerdo también discrepan con la presencia mínima de efectivos del 40 por ciento y consideran que hay «discrecionalidade» para poder acceder a esta modalidad.

Últimos cambios

Entre los últimos cambios de la norma, a la que ha tenido acceso Europa Press, se ha reducido el tiempo mínimo en la prestación de un servicio para poder acceder a esta modalidad, de forma que se permite con la acreditación de un año de experiencia en puestos con funciones y tareas análogas a las del puesto de trabajo que se pretende desempeñar con teletrabajo, así como también si cuentan con un informe del supervisor favorable aunque no hayan permanecido ese tiempo requerido. La propuesta inicial era de dos años en el puesto, sin ninguno de estos matices.

La dotación mínima obligatoria del 40 % se ciñe a la unidad administrativa y no se tendrá en cuenta en los órganos en los que haya escasa dotación de personal y no sea posible garantizarla. Las jornadas máximas de teletrabajo no podrán superar la mitad de las laborales mensuales y el «titular del centro directivo podrá disponer que un día de la semana, quincena o mes todo o parte del personal del órgano preste servicios de forma presencial simultáneamente», un aspecto que también ha sido modulado en la negociación, ya que inicialmente esto se contemplaba obligatorio semanalmente.

«De forma excepcional y suficientemente motivada», el número de jornadas en régimen de teletrabajo podrá ser superior a las previstas mensuales, avalado con informes y autorizaciones pertinentes.

La normativa incluye ahora --frente a la propuesta inicial de la Consellería de Facenda, un nuevo artículo en el que se recoge un régimen especial de autorización, que incluye que la Administración podrá recoger el teletrabajo como prestación obligatoria en situaciones como la vulnerabilidad de la persona empleada pública; obras, traslados o circunstancias de fuerza mayor que impidan el desarrollo de forma presencial; cuando no sea posible un traslado por motivos de violencia de género; y por la declaración de una situación de emergencia.

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