Los Franco piden aplazar la entrega del pazo al quedarse sin tiempo para la mudanza

Se oponen a la prohibición de retirar bienes de Meirás y suspenden las visitas semanales

Miembros de la comisión judicial entrando al pazo de Meirás este miércoles para realizar un registro de los bienes
Miembros de la comisión judicial entrando al pazo de Meirás este miércoles para realizar un registro de los bienes

Redacción / La Voz

«No he visto nada igual en mis años de carrera como abogado». Luis Felipe Utrera-Molina, letrado de los herederos de Francisco Franco, critica que la jueza Marta Canales, titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña, haya adoptado la medida cautelar de realizar un inventario de los bienes del pazo y que les haya prohibido retirar ni trasladar «ningún tipo de bien» mientras se elabora el informe sobre lo que hay allí. El abogado argumenta que las medidas cautelares se toman para garantizar una pretensión que se haya pedido en la instancia. En este caso sería en la demanda presentada para recuperar el pazo. «Pero el Estado no incluyó ni un solo mueble en su demanda, por lo que creemos que una medida cautelar como esta es improcedente», sostiene Utrera. La Abogacía del Estado fue la que solicitó a la jueza la medida urgente de prohibir que los Franco procediesen «al vaciado del pazo de Meirás».

Insiste el abogado en que un juzgado no puede adoptar una decisión así cuando no está relacionada con el objeto del procedimiento. «Eso provoca una indefensión absoluta a mis clientes, que no han podido decir nada sobre los muebles que hay en el edificio. Yo ya no sé cómo justificar esto ante ellos. Es que no se pueden llevar ni las sábanas», replica el abogado de los Franco, que anuncia que va a presentar un escrito de oposición a las medidas cautelares tomadas por método de urgencia, sin dar audiencia previa a los demandados. Según la Ley de Enjuiciamiento Civil, ese tipo de medidas no son recurribles. Pero los demandados, en este caso los Franco, sí pueden presentar en el juzgado un escrito de oposición. Recibido ese documento, se convocará una vista para que las partes expongan sus argumentos. Después, la jueza tendrá que decidir si mantiene las medidas cautelares o las alza y las deja sin efecto.

Ese proceso requiere una serie de plazos, que podrían unirse a los veinte días, prorrogables, que la jueza dio a los técnicos de la Consellería de Cultura para que elaboren el informe sobre los bienes que hay en Meirás. En ese tiempo, que podría ampliarse, los descendientes del dictador tienen prohibido sacar nada del pazo. En el mejor de los casos, el inventario estaría terminado a finales de este mes de noviembre, por lo que la familia tendría unos diez días para llevarse los objetos y los muebles, que se les permita retirar, antes del 10 de diciembre, fecha fijada por la jueza para la entrega oficial del pazo al Estado.

Pero la familia entiende que ahora ese plazo no existe, por lo que va a pedir a la jueza un aplazamiento de la fecha de ejecución provisional de la sentencia y de entrega del pazo. «No nos queda tiempo para realizar la mudanza», asegura el abogado, que recuerda que cuando se pidió la ejecución, pidieron a la Abogacía del Estado «un plazo razonable para llevarnos las cosas del pazo».

Así las cosas, en al menos veinte días la familia Franco no puede sacar nada de la fortaleza. En esta situación, el abogado Utrera-Molina avanza que se van a suspender las visitas públicas al pazo de Meirás, que se realizaban una vez a la semana y que son gestionadas por la Fundación Francisco Franco.

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