Los Franco tendrán que entregar el pazo de Meirás el 10 de diciembre

José Manuel Pan
José Manuel Pan REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA

MARCOS MÍGUEZ

La jueza ordena la ejecución de la sentencia que devuelve el inmueble al Estado

08 nov 2020 . Actualizado a las 20:33 h.

«Se señala como día y hora el 10 de diciembre a las 11 horas». Son el día y la hora fijados por la magistrada Marta Canales, titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña, para que se cumpla el momento histórico de la entrega del pazo de Meirás por parte de la familia Franco al Estado. La jueza dictó ayer un auto en el que acuerda la ejecución provisional de la sentencia que ella misma dictó el pasado 2 de septiembre, en la que declara que el pazo es una propiedad pública y condena a los herederos de Francisco Franco a devolverlo al Estado.

El auto explica que se trata de una entrega voluntaria, ya que los familiares de Franco presentaron un escrito en el que «se muestran conformes, en el contexto de la ejecución provisional, con dar cumplimiento voluntario a la obligación de entrega». La ejecución de la sentencia fue solicitada hace tres días por la Abogacía del Estado después de que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, anunciase la pasada semana esa decisión. El cambio efectivo de posesión de la propiedad es provisional, ya que la sentencia no es firme hasta que la Audiencia de A Coruña resuelva el recurso presentado por los Franco contra el fallo del juzgado coruñés.

En el auto dictado ayer, la jueza hace efectivo el punto quinto de la sentencia por el cual declara que la propiedad del terreno y las edificaciones que integran la parcela catastral, con las quince fincas que la componen, corresponden al Estado, y condena a los demandados «a restituir la posesión a su legítimo propietario, sin liquidación del estado posesorio». Esto quiere decir que la familia Franco no percibirá ninguna indemnización por los gastos de conservación que hayan tenido durante los años en que poseyeron la fortaleza de Meirás. De todas formas, ese aspecto se conocerá en el momento en que la sentencia adquiera firmeza, ya que expertos en derecho civil plantean que la ley obliga a que siempre se abonen esos gastos de conservación de la posesión. El abogado de los Franco, que ayer no quiso hacer declaraciones, aseguró en una reciente entrevista en La Voz que «incluso los poseedores de mala fe tienen derecho a los gastos necesarios». Luis Felipe Utrera-Molina reconoció que la familia aún no había hecho una cuantificación de esos gastos, pero que en su día se había hablado de un mínimo de 800.000 euros.

Aunque sea de manera provisional, a la espera de que la sentencia adquiera firmeza, el Estado se hará ya con el pazo en un movimiento que, sin duda, supondrá un hecho trascendente después de años de movimientos de protesta para que los Franco entregasen el recinto.

El acto del día 10 de diciembre se realizará en el propio pazo de Meirás, por motivos de seguridad según la jueza, y la entrega será verificada por una comisión judicial. Pese a que los Franco han aceptado voluntariamente la ejecución de la sentencia, la magistrada les advierte que «si no realizan la entrega en el día y hora señalados, se procederá en el mismo acto al inmediato desalojo de la propiedad».

La familia puede retirar pertenencias

Hasta el 10 de diciembre, los herederos de Francisco Franco seguirán siendo los dueños del pazo de Meirás, por lo que podrán entrar y salir de él cuando lo deseen. De hecho, a finales de este verano, y ya conocida la sentencia, alguno de los nietos de Franco estuvo allí, como reconoció el abogado de la familia en la entrevista en La Voz. El letrado explica que pueden hacer lo que quieran con las pertenencias que tienen en la fortaleza, porque la sentencia del juzgado coruñés se limita a los edificios y a las parcelas, y no hace ninguna referencia a lo que hay en el interior.

Los Franco tienen algo más de un mes para disfrutar del pazo de Meirás, una propiedad que Franco convirtió, durante los cuarenta años de dictadura, en la residencia oficial de verano del jefe del Estado. Hasta 1975, en esta parroquia del municipio de Sada se celebraron consejos de ministros y recepciones oficiales y cada verano la actividad era frenética bajo la gestión del Estado, como acredita la sentencia.

Ahora, 45 años después de la muerte de Franco, el Estado vuelve a convertirse en el propietario real del pazo. Lo primero que hará es apartar a la Fundación Francisco Franco de la gestión de las visitas. Sin embargo, es probable que no se tomen decisiones trascendentes sobre el pazo mientras la sentencia no sea firme, ya que si el fallo fuese revocado, habría que devolver el recinto a la familia Franco.

Oficio a la Guardia Civil con «lugar, día y hora»

En la sentencia, la jueza advierte a los Franco de que serán desalojados si no realizan la entrega en la fecha indicada. Pero además, en el auto que dictó ayer ordena que se notifique mediante oficio a los cuerpos de seguridad del Estado del lugar, día y fecha en el que la comisión judicial verificará la entrega del pazo. En el caso de Meirás es la Guardia Civil la que tiene las competencias de vigilancia y seguridad, por lo que este será el cuerpo que tendrá que estar presente para garantizar que se cumple la ejecución de la sentencia y para evitar cualquier incidente. La Guardia Civil fue la que se encargó de la vigilancia del pazo en vida de Franco y hasta los años ochenta, de tal manera que había un destacamento especialmente dedicado a vigilar el pazo.

Triunfo de la democracia

La sentencia que ahora se ejecutará es el resultado final de un proceso que se puso en marcha en julio del año pasado con la presentación de la demanda por parte de la Abogacía del Estado en Galicia para reclamar la propiedad del pazo. El juicio se celebró el pasado mes de julio y dos meses después, la jueza dictó una sentencia histórica que ordena que los Franco entreguen las llaves de Meirás al patrimonio público.

El delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, calificó ayer de «triunfo de la democracia» la inminente ejecución de la sentencia que ordena la devolución del pazo al patrimonio público. Losada quiso felicitar a la vicepresidenta Carmen Calvo y al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, por su implicación en este caso. También extendió su agradecimiento a la labor desarrollada por los abogados del Estado en Galicia.