Visto para sentencia el juicio contra los 12 independentistas de Causa Galiza y Ceivar
GALICIA
Las dos defensas restantes expusieron sus conclusiones en la última jornada, con duros ataques a la Fiscalía
03 nov 2020 . Actualizado a las 17:43 h.El juicio celebrado por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, contra doce acusados de enaltecer el terrorismo independentista en Galicia, ha quedado visto para sentencia esta mañana. La jornada final se reservó para la lectura de conclusiones de los dos últimos letrados.
El primero de los abogados en tomar la palabra activó el mantra de la persecución del Estado contra la docena de procesados y las dos organizaciones, igualmente encausada como personas jurídicas, Causa Galiza y Ceivar, para las que la Fiscalía pide su disolución. Este alegato no incluyó ninguna de las pruebas documentales, en forma de manifiestos y comunicados internos, que «legitiman el uso de la violencia en la documentación intervenida sobre el proceso constituyente de Causa Galiza y se plasma en el documento final de fundación». Así lo exponen los integrantes de la investigación y el propio Ministerio Público en su escrito de acusación.
Dicha estrategia exculpatoria apostó igualmente por atacar la figura de la Fiscalía en general y del fiscal en particular, hasta que el presidente de sala intervino con rotundidad: «Deje ya al Ministerio Fiscal en paz, no estamos aquí para juzgar al Ministerio Fiscal».
La segunda intervención letrada la protagonizó el abogado de Causa Galiza. Al igual que su colega en la primera exposición, obvió la propaganda requisada a los encausados aportada por la Guardia Civil, para centrarse en otros argumentos. Lo primero que rechazó fue el delito de organización criminal que pesa sobre Causa Galiza, añadiendo que se trata de una asociación legal que tan «solo busca la independencia de Galicia». La Fiscalía, en este caso también, concentró todas las críticas. El abogado le achacó «incoherencias» en su trabajo y le acusó de practicar un «retorcimiento espurio» de las leyes para atacar a estas dos organizaciones radicales y a la docena de acusados.
También los acusados pudieron exponer sus consideraciones. Fue el caso de Uxío Caamaño, que ya hace años siendo integrante de AMI —otra organización ilegalizada— intentó colocar una bomba, de día, en una sucursal bancaria del centro de Santiago. La Guardia Civil lo impidió arrestándolo. Él iba disfrazado, portaba documentación falsa y dentro en un coche con las matrículas falsas. Caamaño, hoy, tomó la palabra dirigiéndose al presidente de sala, Alfonso Guevara, que lo dejó hablar hasta que calificó a la Fiscalía de «tribunal inquisidor». Guevara, tajante, lo cortó: «Guarde silencio y tome asiento, esa afirmación excede el derecho a la libertad de defensa». Caamaño replicó: «Protesto». Y Guevara lo atajó: «Usted qué va a protestar, siéntese».
El juicio ha quedado visto para sentencia. Los doce procesados afrontan penas que suman 102 años de cárceles por un delito de pertenencia a organización criminal para la comisión de delitos y otros de enaltecimiento de organización terrorista. También la disolución de las organizaciones que darían apariencia legal a esos delitos. El origen del procedimiento se remontan a la investigación de la Guardia Civil bautizada operación Jaro.