El Gobierno condiciona las rebajas en la AP-9 a que no se colapse si gana tráfico
GALICIA
Pagará a Audasa 63,1 millones de euros, el 41 % de su facturación anual
31 oct 2020 . Actualizado a las 05:00 h.Las rebajas anunciadas por el Gobierno central en los peajes de la AP-9 están condicionadas a tres circunstancias: que se aprueben en las Cortes los Presupuestos del Estado para el 2021; que se desarrollen los tres reales decretos que especificarán las circunstancias y fórmulas para calcular lo que pasará a cobrar Audasa de las arcas públicas, y tercero y novedad, que el incremento de tráfico que se espera registre la autopista, al resultar más asequibles sus tarifas, no provoque el colapso de la infraestructura.
El Ministerio de Transportes señala que el objetivo de las bonificaciones que pretende implantar en la AP-9 es el de reducir el gasto en peajes de los usuarios que recorren algún tramo del vial con asiduidad. Pero los técnicos ministeriales imponen un requisito básico. «Se contempla priorizar a los [usuarios] recurrentes mientras se garanticen las adecuadas condiciones del tráfico», indica el departamento que dirige José Luis Ábalos. Especifica que esa condición significa que el previsible efecto llamada que tendrá la rebaja de tarifas no puede generar problemas de circulación en la AP-9 ni rebajar sus características de vial rápido.
Transportes señala que está estudiando cómo garantizar ese encaje entre la reducción de precios y el aumento de tráfico previsible y sus conclusiones formarán parte de los decretos con los que se desarrolle legalmente la condición del Gobierno central de pagador a Audasa del importe de los peajes que dejen de abonar los conductores habituales, del que se dejará de pagar en la salida de Redondela y del 1 % de incremento anual de las tarifas de toda la autopista que ahora se abonarán con cargo a las arcas públicas para devolver a la concesionaria lo desembolsado en las obras de ampliación de Rande y Santiago.
Con dichos pagos, sumado al peaje en sombra que la Administración central cubre en Rande y A Barcala para evitar sendas tasas al usuario (previstos 8,2 millones), de los fondos públicos saldrán en favor de Audasa 63,1 millones de euros el próximo año, si se plasman los compromisos del Gobierno central
La concesionaria de la AP-9 recibiría así del Gobierno el 44, 7 % de su facturación del año pasado, ejercicio en el que recaudó en sus cabinas 153,4 millones de euros, de los que el 28 % se convirtió en beneficio neto para la empresa.
Según el avance de intenciones que el ministerio presentó con el anteproyecto presupuestario para el 2021, reservará 50 millones de euros para rebajar los peajes a los usuarios recurrentes de la autopista; otros 3,4 millones le pagará a Audasa para sufragar la subida extra anual de un 1 % en las tarifas concedida durante 20 años y que fue puesta en marcha en el 2018, y 1,5 millones más para pagar el peaje en sombra que se activará en Redondela tras la supresión de las cabinas de cobro. A dichas cantidades se sumarán las citadas por la gratuidad de Rande y A Barcala implantada en el 2006.
En las tarifas futuras los usuarios seguirán abonando los incrementos extra de peajes otorgados en los últimos tres años a Audasa para cubrir la gratuidad en los viajes de vuelta de los conductores del eje Vigo-Pontevedra. A costa de este concepto las tarifas subieron un 1 % en el 2018 y sendos 0,80 % en el 2019 y 2020, recibiendo por ello 10,2 millones en los dos últimos años.
Solo la gallega y otra autopista de primera generación tendrán peajes las próximas décadas
Las autopistas de primera generación, las que se diseñaron en el final del franquismo, se van convirtiendo en gratuitas de manera escalonada salvo el caso de la AP-9 gallega y la AP-76 Málaga-alto de las Pedrizas. Ya se ha quedado sin peajes la AP-1 (Burgos-Armiñón) en el 2018; la AP-4 (Sevilla-Cádiz) y la AP-7 Tarragona-Alicante los perdieron al comenzar este año. El año que viene serán también gratuitas la AP-2 (Zaragoza-Mediterráneo) y la AP-7 (entre Barcelona y el paso fronterizo de la Junquera. Y en el 2026 caerán también las cabinas de la AP-68 (Bilbao-Zaragoza).
Del grupo de las primeras autopistas estatales solo quedará la AP-6 (Madrid-Adanero), cuya concesión venció en el 2018, pero el Gobierno la prolongó hasta el 2029 para compensar a la concesionaria del sobrecoste de varias obras. En el caso del vial malagueño, la explotación en manos privadas vence en el 2044 y en el de la AP-9, en el 2048, tras 75 años de peajes, plazo solo existente en la AP-53 (Santiago-Lalín) y en la AP-66 (León-Campomanes).
Los transportistas abogan por rescatar el vial y no hipotecar los Presupuestos hasta el 2048
Los transportistas gallegos advierten que estarán vigilantes para asegurarse de que las rebajas anunciadas por el Ministerio de Transportes para la AP-9 también les beneficien a ellos. Excluidos de la bonificación del 25 % que Audasa aplica en los viajes de vuelta en el día a los usuarios de vehículos ligeros y de la gratuidad en el retorno en el eje Vigo-Pontevedra, la Federación Empresarial de Transportes de Mercancías por Carretera de Galicia estima que los 48,35 euros que les cuesta en peajes cruzar la AP-9 requieren de una actuación que rebaje dicha cuantía.
En paralelo, Antonio Señarís, presidente de la organización, reclama del Gobierno una reflexión para determinar si resultaría más económico a las arcas públicas optar por el rescate de la autopista compensando a Audasa, en lugar de hipotecar los presupuestos del Estado hasta que venza la concesión en el 2048. Si se repite la cantidad que el Gobierno reserva en los presupuestos hasta el fin de la concesión, habrá pagado a Audasa 1.766,8 millones de euros desde el 2021.
La sociedad civil se mueve por el temor a la sequía inversora
pablo gonzález
La bajada de la inversión del Estado en Galicia precisamente cuando se diseñan unos Presupuestos expansivos para atenuar los efectos de la crisis sanitaria ha encendido las señales de alarma en distintos colectivos relacionados con las infraestructuras, la movilidad y la logística. Aunque todos comprenden el impás que supone el fin de las obras del AVE, que cada año suponía una inversión real ejecutada de cerca de 300 millones de euros, también son conscientes de la falta de apuestas concretas por proyectos concretos. El Clúster de la Función Logística de Galicia, una asociación que representa a 20 empresas que suponen una facturación acumulada de más de 5.000 millones, realizó un análisis de las inversiones previstas para Galicia en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el 2021. Creen que es necesaria una mayor apuesta por el transporte de mercancías, invertir en las conexiones ferroviarias con los puertos -punta Langosteira es un caso único en Europa, pero también inciden en la terminal marítima de Bouzas- y que los descuentos anunciados para la AP-9 beneficien también al transporte pesado.
También echan de menos una inversión más relevante en el ferrocarril convencional, especialmente en aquellas líneas vinculadas al corredor atlántico transeuropeo. Y avisan de que vienen unos años cruciales para que Galicia se posicione con fuerza ante el reparto de fondos europeos para el corredor ferroviario, pero también en el de las ayudas para la recuperación tras el trauma del covid-19.
Los Presupuestos son una declaración de intenciones políticas, en un momento en el que todo se llena de palabras grandilocuentes -descarbonización, digitalización, sostenibilidad, movilidad inclusiva-, pero los hechos los refleja la ejecución presupuestaria. El propio clúster logístico recuerda que este año solo se invirtieron 22 millones de euros en la conservación de la red ferroviaria convencional gallega, muy necesitada de inversiones por las múltiples incidencias que sufren los usuarios. En medio de una cierta confusión, reconforta ver que el Colegio de Ingenieros de Caminos formará parte del Observatorio de Inversión Pública para que el dinero de Europa se gaste racionalmente.
Con las cifras puede hacerse magia, en uno y otro lado de los frentes políticos. El delegado del Gobierno, Javier Losada, comparaba ayer la inversión prevista en Galicia con los Presupuestos del 2019. Le salía que aumentaba un 10 %. Pero esas cuentas nunca se aprobaron. La Xunta, por su parte, cuestiona la bajada de la inversión sin el realismo necesario para asumir que se ha acabado el AVE. Ahora habrá que buscar alternativas, en clave de país y contando con la sociedad civil.
