El abogado de los Franco ve trasfondo político en las prisas por querer quitarles el pazo de Meirás
GALICIA
La Abogacía del Estado pide al juzgado hacerse con la propiedad del inmueble sin esperar a que la sentencia sea firme
30 oct 2020 . Actualizado a las 22:08 h.«Es una actuación que solo se entiende desde el trasfondo político del pleito». Esta es la reacción del abogado de la familia Franco, Luis Felipe Utrera-Molina, a la decisión de la Abogacía del Estado de pedirle al juzgado que ejecute la sentencia que ordena que los Franco entreguen la propiedad del pazo al Estado. La resolución no es firme y está pendiente del recurso de apelación presentado por los herederos de Franco ante la Audiencia Provincial de A Coruña.
El abogado de los Franco reconoce que no descartaba que el Estado solicitase la ejecución de la sentencia, aunque asegura que «en circunstancias normales ningún demandante pediría la ejecución provisional de una sentencia como la del pazo de Meirás, pero es evidente que no estamos en circunstancias normales».
Los abogados del Estado que dirigieron la demanda contra la familia Franco solicitarán la ejecución provisional de la sentencia que condena a los Franco a devolver la propiedad al patrimonio público del Estado. La petición se presentará ante el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña, que es el que dictó la sentencia. El proceso suele ser rápido, ya que la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que ese tipo de ejecuciones se despacharán, salvo excepciones muy determinadas en las que son denegadas pero que no afectan a este caso.
La decisión de la magistrada Marta Canales sobre la ejecución de la sentencia no podrá ser recurrida por los Franco, aunque sí podrán mostrar un escrito de oposición, que puede ser atendido en supuestos determinados. En este caso podrían alegar la dificultad para restituir el pazo a la situación actual en el caso de que finalmente una instancia superior revoque la sentencia del juzgado de A Coruña, aunque lo razonable es que el Estado no altere en nada la propiedad mientras la sentencia no sea firme.
Decisión anunciada por el ministro
El propio ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, fue el que hizo pública la decisión del Gobierno de instar a la Abogacía del Estado a que presente el escrito para ejecutar la sentencia y hacerse con la propiedad del pazo de Meirás cuanto antes. «Es una reclamación de la ciudadanía», aseguró el ministro tras reunirse, por videoconferencia, con los letrados del Estado en Galicia, Javier Suárez y Adela Álvarez, a los que felicitó personalmente por las investigaciones que les permitieron elaborar la demanda contra los Franco y obtener una sentencia favorable.
Entregar las llaves del pazo
En la práctica, la ejecución de la sentencia supondrá que los Franco tendrán que entregar las llaves del pazo en el juzgado para que el Estado se haga con la propiedad y ejerza la posesión de la finca. Una de las primeras decisiones será la de apartar a la Fundación Francisco Franco de la gestión de las visitas del público al pazo.
Los nietos no podrán volver al pazo
La decisión del Gobierno de pedir la ejecución de la sentencia se produce pocos días después de que el abogado de los Franco, Luis Felipe Utrera-Molina, asegurase en una entrevista en La Voz que alguno de los nietos de Franco estuvo en el pazo de Meirás después de conocerse la sentencia. Decía el abogado que la familia podía acudir al pazo «porque la sentencia no es firme y tampoco se ha ejecutado».
Pendiente del recurso de los Franco
El proceso judicial sobre el pazo se encuentra ahora pendiente del recurso de apelación que presentaron los Franco ante la Audiencia de A Coruña en el que piden que se revoque la sentencia y se les devuelva la posesión de las torres de Meirás. Los servicios jurídicos del Estado en Galicia están elaborando el escrito de oposición a ese recurso y tienen de plazo hasta el martes. El que ya presentó ese escrito oponiéndose al recurso fue el Concello de Sada, que mostró su satisfacción por el hecho de que la Abogacía del Estado pida la ejecución de la sentencia, algo que el gobierno local sadense había solicitado hace semanas.