La Xunta insta al Gobierno a poner coto «al negocio redondo de Audasa»

La conselleira Ethel Vázquez reclama frenar los beneficios de la concesionaria y se opone a implantar peajes en autovías


Vigo

La Xunta de Galicia considera que la concesionaria de la AP-9 tiene garantizado un beneficio exagerado gracias a acuerdos otorgados por diferentes ejecutivos centrales que blindan su negocio. Así lo ha planteado hoy la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, que demanda del Gobierno central la revisión de los acuerdos firmados con Audasa para poner coto «a su negocio redondo. No estamos porque siga aumentando su negocio ni su enriquecimiento», aseveró.

En la presentación del planteamiento de la Administración gallega sobre el anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible, la conselleira dibujó a la AP-9 como ejemplo exacerbado de agravio e injusticia con Galicia, que a su entender no se sustenta con rebajas y bonificaciones que tengan que pagar los contribuyentes, sino recortando los beneficios de Audasa mediante una revisión a fondo de los acuerdos cerrados con el Gobierno central. En ese sentido aludió al acuerdo del 2006 que dejó sin peajes para el usuario a Rande y A Barcala, pagando el Ministerio de Transportes y la Xunta, en su caso hasta el 2017, la factura anual a al concesionaria que llegó a 14 millones de euros, o el 1 % de incremento anual durante 20 años que sufrirán los peajes de la AP-9 para que sus usuarios paguen las obras realizadas en Rande y Santiago.

«La Xunta quiere alzar la voz para que el Gobierno revise los acuerdos con Audasa y sus beneficios», dijo Ethel Vázquez, que añadió que la AP-9 puede ser la única autopista que suba sus tarifas en el 2021 de toda España a cuenta de los convenios firmados con la concesionaria para el pago de dichas obras, mientras los demás viales de pago del país bajarán sus tarifas, probablemente, si se cierra el año con un IPC negativo.

«La Xunta quiere evitar el agravio de la AP-9, que se hagan las obras pendientes de Alfonso Molina y el nudo de bomberos (Pontevedra); que se elimine el peaje de Redondela, como se había prometido hace tiempo, y que se transfiera a Galicia la titularidad de la AP-9 y la AP-53», concretó la conselleira. 

Rechazó Vázquez la posibilidad de que la Xunta vuelva a aportar fondos propios para ayudar a implantar rebajas y bonificaciones en la principal autopista de Galicia. «No es lógico que la Xunta destine dinero público de los gallegos para una carretera estatal en lugar de dedicarlo a las autonómicas o a sanidad o educación. Lo fácil es pedir a los demás», zanjó. La Xunta pagó la mitad de los peajes en sombra de Rande y A Barcala desde el 2006 al 2017, cuando asumió esa factura el Ministerio de Fomento con Íñigo de la Serna, que inmediatamente la recortó de 14 a 7 millones, decisión ahora considerada como ilegal por el Tribunal Supremo. La Xunta descarta que ese fallo judicial le lleve a tener que volver a pagar a medias con el Gobierno central los peajes en sombra de ambos puntos.

Ethel Vázquez, que llegó a definir los peajes de la AP-9 como «injustos», indicó que basa su postura en el dictamen del Consello Consultivo de Galicia en el que advirtió este año que los acuerdos de subidas extraordinarias de los peajes de la AP-9 «son nulos de pleno derecho, generando unos beneficios para la concesionaria injustos y con beneficios fiscales encubiertos», recordó la conselleira. 

Finalmente, la responsable de obras públicas del Gobierno gallego exigió al Ejecutivo central que no «lance globos sonda» sobre implantación de fórmulas para aportar fondos al mantenimiento y conservación de carreteras, aludiendo a la posibilidad de poner peajes a las autovías. Para Ethel Vázquez, dicha medida solo agravaría aún más la discriminación que sufre Galicia por los peajes de sus autopistas y su condición de territorio periférico, que encarecería los transportes al resto de España y Europa y reduciría la competitividad de la comunidad. 

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