Los acusados de ensalzar a Resistencia Galega alegan que nadie decidía cómo organizar sus actos

Los independentistas buscan desmontar la acusación de organización jerarquizada y niegan cualquier autoridad a la Audiencia Nacional y al Tribunal Supremo para juzgarlos

Todos los acusados juzgados en la Audiencia Nacional por la operación Jaro de la Guardia Civil.
Todos los acusados juzgados en la Audiencia Nacional por la operación Jaro de la Guardia Civil.

Redacción

Causa Galicia era una organización cultural y nadie, sin excepción entre sus integrantes, tomaba decisiones sobre otros. Por lo que a nadie se puede —entienden los 12 gallegos acusados de ensalzar a la organización terrorista Resistencia Galega bajo el paraguas de Causa Galiza— acusar de nada. Ocurrió desde el nacimiento de la asociación en el 2007, inscrita por primera vez en la Consellería de Vicepresidencia que entonces lideraba el BNG durante el mandato del bipartito. El alegato exculpatorio, este lunes, fue replicado por cada uno de los nueve acusados que declararon en la primera vista de las tres previstas (continuará mañana y el miércoles) en la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Las mismas preguntas de los tres abogados —además de intentar aleccionar en jurisprudencia al Tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Nacional y a la Fiscalía— pretendían desmontar la tesis inculpatoria, que habla claramente de ensalzar» y «justificar» el ideario de Resistencia Galega.

También de promocionar «actividades de apoyo» al considerado último grupo terrorista activo de España, cuya cúpula cayó en el 2019 con la detención de sus líderes, Antón García Matos, alias Toninho, y Asunción Losada Camba, escondidos en un monte de Pontevedra tras 13 años de huida por Galicia, Portugal y Venezuela. Pero ayer, en la Audiencia Nacional, los acusados y sus letrados se desvincularon de cualquier muestra de apoyo en público a dicha organización terrorista. Ya sea a través de Causa Galiza o de Ceivar, otra organización independentista implicada por igual en el procedimiento. Basta decir que la Fiscalía solicita la disolución de ambas. También 102 años de cárcel para los 12 acusados.

De nada valieron los intentos de sus representantes legales en las cuestiones previas. Activaron el mantra de que sus clientes son perseguidos por el Estado únicamente por sus ideas, también buscan eludir cualquier responsabilidad haciendo ver al Tribunal que sus organizaciones son «horizontales» y «asamblearias», por lo que a nadie, añade, se puede considerar jefe y, en conclusión, a nadie se puede condenar más tiempo que a otro. La realidad, recogida en el escrito de acusación de la Fiscalía, describe un escenario opuesto. Habla de una organización «perfectamente jerarquizada y estructura coordinada, cada uno con un rol». El fiscal, hoy, añadió: «No estamos hablando de guerrilleros del siglo XIX, sí más recientes». Los mismos abogados apelaron al derecho internacional y los derechos humanos para intentar hacer ver que sus representados son víctimas de un persecución policial arbitraria.

El presidente de sala, Alfonso Guevara, ya tuvo que intervenir al poco de empezar la sesión para corregir al abogado que representa a Causa Galiza como entidad jurídica. El letrado apeló al jurisprudencia actual en Madrid, por el covid-19, para pedir la anulación de la vista por, entre otros argumentos, haber demasiada gente en la sala. Guevara, tranquilo, le respondió e informó de que dicha normativa tiene excepciones, como la celebración de juicios. Por lo que la vista continuó y se desarrolló con normalidad. Guevara, que al igual que la Fiscalía entendió casi todo lo dicho en gallego por los procesados, comprobó también en primera persona la falta de autoridad que para los encausados provoca él mismo y la sección de la Audiencia Nacional que preside, la misma Audiencia Nacional en su totalidad, el Tribunal Supremo y cualquier órgano jurídico que, se entiende, que respete el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El acusado encargado de exponer su interpretación de la Justicia y del Estado de Derecho se llama Uxío Caamaño, acusado ahora y con dos estancias anteriores en prisión. Una por destrozar un cajero automático. También habló otro histórico del nacionalismo radical gallego, Antom Arias Curto. Pretendió hacer ver al tribunal que nada de la acusación de la Fiscalía responde a la verdad. Habló de que los actos y la actividad de Causa Galicia buscaba ensalzar a intelectuales como Castelao o Alexandre Bóveda, ya del siglo XIX.

Campañas De Apoyo

La Fiscalía añade que Causa Galiza —cuya ilegalización fue dejada sin efecto en diciembre de 2016— «desarrollaba actividades concretas orientadas a la organización y promoción de actos de apoyo a los miembros» de Resistencia Galega, así como «a las organizaciones terroristas antecesoras de esta». Entre estos actos, el fiscal enmarca la campaña de apoyo a María Osorio López, condenada por terrorismo por la Audiencia Nacional en 2013, y varios eventos celebrados por el 25 de julio, Día de Galicia, y el 11 de octubre, el proclamado Día da Galiza Combatente. Asimismo, señala que Causa Galiza «mantenía una relación con colectivos del ámbito del independentismo radical y violento a nivel nacional», con el objetivo «de colaborar con ellos y expresar su apoyo y solidaridad con las causas que defendían».

Sobre Ceivar, la Fiscalía sostiene que sus miembros también realizaron «actividades de apoyo» a miembros y presos de Resistencia Galega «a los efectos de complementar la acción de la organización terrorista». Añade que «perseguía ampliar la base social del independentismo radical gallego que asumiera como legítimo el empleo de la violencia para conseguir sus fines políticos».

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