La Xunta negoció con el Gobierno para evitar un recurso en el Tribunal Constitucional como ocurrió con la normativa catalana
18 oct 2020 . Actualizado a las 16:05 h.El Gobierno gallego ha remitido recientemente el proyecto de ley de la acción exterior y cooperación para el desarrollo de Galicia, una de las normativas pendientes de la pasada legislatura que ya se tramita en el Parlamento autonómico.
Este proyecto normativo supuso cierta confrontación con el Ministerio de Exteriores en los trámites previos, en los que se sumaron algunas de las precisiones que ha realizado la administración general. De hecho, hubo negociaciones técnicas y políticas para evitar cualquier posibilidad de recurso ante el Tribunal Constitucional, como ocurrió con la normativa catalana que acabó suspendida cautelarmente.
En días pasados, el presidente de la Xunta comunicó que, de nuevo, su Gobierno dio luz verde a este proyecto legislativo. Así, la gallega será la segunda autonomía en contar con una legislación de este tipo después de Cataluña, lo que dotará a esta «nacionalidad histórica», como recoge el propio proyecto normativo, de herramientas para desarrollar la acción exterior y fomentar la proyección de la «imagen» de Galicia en la Unión Europea y el resto del mundo.
En su intervención pública para presentar la propuesta normativa, Feijóo destacó que este proyecto legislativo había contado con el beneplácito del Ministerio de Asuntos Exteriores, con la mayoría de competencias exclusivas en la acción diplomática, pero esta «validez», que destacó el mandatario autonómico, se produce en un contexto en el que el propio informe de antecedentes remitido por la Xunta al Parlamento de Galicia habla de «fricciones» entre ambas administraciones, las cuales fueron negociadas políticamente antes de cerrarse un texto.
Uno de los encargados de esta negociación fue el director xeral de Relacións Exteriores e coa UE de la Xunta, Jesús Gamallo, quien confirmó a Europa Press las negociaciones que fructificaron en un texto que ha sido presentado al Parlamento con el aval del actual Ejecutivo central.
El objetivo es «facilitar» las gestiones administrativas con las administraciones gallegas, al tiempo que «constituir redes de apoyo, asistencia y difusión cultural», junto con propiciar «el adecuado retorno a Galicia».
En declaraciones a Europa Press, Gamallo afirmó que, de haber contado con este registro durante la pandemia, hubiese permitido dar «agilidad» a repatriaciones y otras peticiones realizadas por la diáspora al decretarse medidas de restricción por la covid-19. Por ello, ha considerado que este asiento tendrá ventajas para el futuro en el caso de que se repitan estas situaciones. Actualmente, solo hay dos delegaciones creadas, en Argentina y en Uruguay, y cuentan con un único representante de Galicia para ambos países.