Cargos del BNG, Anova y EU apoyan a independentistas procesados por enaltecer el terrorismo y que serán juzgados este lunes por la Audiencia Nacional

Consideran que se ha violado el derecho a la asociación política y a la libertad de expresión


santiago

Decenas de personas han desfilado esta mañana por las calles de Santiago en apoyo a los doce independentistas presos en la llamada «Operación Jaro» y que a partir de mañana serán juzgados en la Audiencia Nacional por el supuesto delito de enaltecimiento del terrorismo. Cargos electos del BNG, como el diputado Xosé Luis Rivas, representantes de Esquerda Unida, como Rubén Pérez, de Anova, como Antón Sánchez, o de la CIG, como su secretario xeral, Paulo Carril, han participado en la manifestación para visibilizar su rechazo a lo que consideran una persecución policial y judicial que conculca derechos fundamentales básicos, como el de asociación política o libertad de expresión.

La marcha ha concluido en la compostelana Praza de Praterías, donde el cantante Mero y la activista Elvira Souto han pronunciado unas palabras asegurando que en la diana de la represión están los actos de apoyo a independentistas. «O que está agora na diana da represión son actos de memoria histórica independentista e de solidaridade cos idependentistas presos e presas», ha denunciado Souto, quien insiste, además, que España vive una involución democrática que consiste en convertir en terrorismo actividades que, en realidad, no lo son. «Viólase o dereito á asociación política e de liberdade, da opinión e de expresión e iníciase unha persecución policial e xudicial da militancia política e solidaria», ha subrayado en la lectura del manifiesto de una protesta apoyada por otros colectivos sociales y culturales, como la Mesa Pola Normalización Lingüística. Su presidente, Marcos Maceira, estaba también entre los asistentes.

Los procesados que este lunes juzga la Audiencia Nacional son miembros de las organizaciones independentistas Causa Galiza y Ceivar y, según la Fiscalía, se sientan en el banquillo por «una actividad constante de apoyo, ensalzamiento y justificación de la actividad terrorista de Resistencia Galega». Los doce se enfrentan a penas que oscilan entre los 4 y 12 años de cárcel, y serán juzgados ante la sección tercera de lo Penal en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid), en un caso que procede de la denominada Operación Jaro, desarrollada entre 2015 y 2027, que llevó a la ilegalización de las organizaciones Ceivar y Causa Galiza y que luego fue revertida por los tribunales. 

La Fiscalía acusa a once de los procesados de un delito de pertenencia a organización criminal para la comisión de delitos de enaltecimiento de organización terrorista, por el que les pide cuatro años a cada uno de ellos, a lo que suma varios delitos de enaltecimiento del terrorismo, por los que solicita penas de entre 2 y 8 años de cárcel. Según el criterio de la Fiscalía, la actividad de enaltecimiento se la repartían entre Causa Galiza, que se encargaba del llamado «frente de masas», y Ceivar, que se dedicaba al apoyo a los presos, y a la financiación y dinamización de su colectivo. 

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