Gobierno y Xunta acuerdan reforzar la lucha contra los okupas

Galicia acumula 108 denuncias por okupación de viviendas en lo que va de año (hubo 129 en todo el 2019). Ya en el primer semestre, los datos colocaban a la comunidad como la que más había crecido, con un 34 % de aumento respecto a los primeros seis meses del 2019. Las cifras son muy inferiores a las que se registran en otras zonas de España, pero lo cierto es que la okupación provoca una gran inquietud en la sociedad gallega. Con esa visión del problema se reunieron ayer en A Coruña el delegado del Gobierno, Javier Losada, y la conselleira de Vivenda, Ángeles Vázquez, para buscar puntos de encuentro entre ambas Administraciones y reforzar la lucha contra un fenómeno que coincidieron en que es necesario frenar cuanto antes.

«Es un problema que preocupa al Gobierno y a la Xunta», explicó Losada, que recordó que, de todas formas, las cifras sitúan a Galicia seis puntos por debajo de la media nacional de denuncias de okupación. El delegado aseguró que la Policía Nacional y la Guardia Civil tienen una instrucción clara de Ministerio del Interior que indica que deberán proceder al desalojo inmediato cuando la casa okupada sea la primera o la segunda vivienda del propietario. Esa instrucción servirá para intervenir en caso de okupación, pero tanto el delegado como la conselleira coincidieron en la importancia de buscar la forma de evitar que esas situaciones se produzcan.

«Hay que analizar las características de esa okupación y, sobre todo, buscar una voluntad de diálogo para frenar ese fenómeno y poner encima de la mesa unos objetivos a cumplir», dijo la conselleira Ángeles Vázquez, que avanzó que su departamento trasladará a la Delegación del Gobierno toda la información de la que disponga en relación con la situación de la vivienda en Galicia. Se trata, afirmó, de conocer la situación para poder tomar decisiones que favorezcan el acceso a la vivienda de las personas en situación de vulnerabilidad.

La conselleira destacó la necesidad de mantener esa colaboración fluida entre las dos Administraciones para marcar las pautas de trabajo y resolver los problemas de la okupación. Vázquez avanzó incluso la posibilidad de crear una comisión bilateral entre la Delegación del Gobierno y la Xunta para analizar todo lo relacionado con este fenómeno. Los cuerpos de seguridad del Estado han detectado en los últimos meses un incremento de casos debido a la situación social derivada de la crisis sanitaria del coronavirus.

En la reunión se recordaron las ayudas existentes para la política de vivienda en Galicia, con una batería de medidas que el Gobierno ha puesto en marcha frente a la pandemia, como las ayudas al alquiler de viviendas o a personas sin hogar o a las desahuciadas de su vivienda habitual. En este momento está vigentes también la prohibición de cortar el suministro de energía en los domicilios de personas vulnerables.