La Xunta consagra las citas previas y el teletrabajo, que evitó el colapso público

Juan María Capeáns Garrido
Juan Capeáns SANTIAGO / LA VOZ

GALICIA

CONCHI PAZ

Los sindicatos dicen que la experiencia en el confinamiento fue un «éxito»

13 oct 2020 . Actualizado a las 05:00 h.

El Gobierno gallego lo atribuye a su eficacia organizativa, y los sindicatos a la diligencia de los empleados públicos, y puede que ambas partes tengan razón. Unos y otros coinciden por una vez en que la Xunta trabajó razonablemente bien durante el confinamiento y la desescalada, y que la situación administrativa desde el verano es tan buena o mejor que antes de la crisis sanitaria. También convienen que el ciudadano, salvo excepciones, no notó las circunstancias especiales en cuanto a la gestión de trámites, percepción de prestaciones o el cobro de facturas. Si algo no funcionó correctamente fue porque tampoco lo hacía antes, aseguran los representantes de los trabajadores, que no ocultan su entusiasmo ante el acelerón que ha tomado la implantación de nuevas normas laborales, cuyo borrador conocerán hoy. Su conclusión es que se ha esquivado un atasco administrativo histórico gracias al teletrabajo, que «funcionou moi ben».

El confinamiento obligó a mover los plazos de las convocatorias ordinarias que se están resolviendo ahora con total normalidad, se implantó la cita previa en numerosos servicios y se despejaron horas de trabajo para asumir nuevas tramitaciones y ayudas vinculadas a la crisis. En el área económica, los empleados del Igape tenían acceso a todos los trámites una semana después de irse a sus casas, y trabajo no les faltó, porque irrumpieron las convocatorias dirigidas a las empresas con problemas coyunturales. De hecho, entre enero y junio se resolvieron un 38 % más de solicitudes con respecto al año pasado.

En Política Social, un departamento clave para los ciudadanos más vulnerables, se simplificaron las gestiones para recibir ayudas relacionadas con la inclusión, una vía rápida que permitió sacar adelante un 20 % más de rentas de integración social entre marzo y junio con respecto al 2019, alcanzando las 1.922 altas. Además, se implantó una nueva prestación, la Tarxeta Básica, gestionada junto a la Cruz Roja, que propició 7.000 trámites desde julio. La imposibilidad de hacer valoraciones de dependencia durante el confinamiento se sustituyó por un servicio de ayuda en el hogar extraordinario, que llegó a 2.300 personas más.