La Xunta avanzará con sus presupuestos sin saber cuánto recibirá de dos fondos

La ministra de Hacienda tampoco desveló cómo contabilizar los pagos a funcionarios


santiago / la voz

La reunión entre la ministra de Hacienda y los consejeros autonómicos ha servido para despejar algunos parámetros que eran determinantes para la elaboración de los respectivos presupuestos, pero sigue habiendo incógnitas que complican el tratamiento de una información que llega «tarde» y que sigue generando «incertezas». El conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, sostiene que solo se ha solucionado «unha parte do problema», porque tres minutos después de que finalizase la reunión telemática se le facilitó a cada representante un estadillo con el dinero que recibirán las arcas de las comunidades en el 2021 por dos conceptos, la liquidación del año 2019 y las entregas a cuenta, esto es, las previsiones de transferencias del marco de financiación.

El responsable financiero evitó el triunfalismo de María Jesús Montero, que habló de la aportación de recursos más importante «de la historia», y ha preferido limitar su discurso al del rigor entre los ingresos y los gastos y el blindaje de los servicios públicos fundamentales. Y no se atrevió a más porque todavía faltan datos clave para hacer los ajustes contables, entre otras cuestiones porque no ha aclarado si habrá alguna novedad con el sueldo de los empleados públicos, que acaparan una buena parte de los gastos fijos. Y tampoco sabe con cuánto dinero llegará del llamado fondo covid para el 2021, o del fondo europeo de reactivación. De uno y otro se conocen los montantes absolutos -16.000 millones el primero, 10.000 el segundo- pero no los criterios de reparto, que es lo que tiene en vilo a la Xunta, muy descontenta con los movimientos que ha hecho Hacienda en los últimos meses, desatendiendo los parámetros que guían la financiación autonómica ordinaria. «Non temos os ingresos certos para as políticas nas que queremos incidir», resolvió el conselleiro, quien también opina que el Ministerio está equivocándose con el «enfoque» de un dinero que tiene como objetivo la reactivación económica hasta el 2023.

Con estas dudas, que se pueden ir resolviendo en las próximas semanas, Facenda tratará de cuadrar unos números con los que lleva semanas trabajando a ciegas. El objetivo ahora es acelerar al máximo con el trámite para tratar de recuperar algunas semanas y votar la ley en el Parlamento ya en el primer trimestre, «se pode ser en febreiro, mellor que en marzo, unha prórroga técnica», matizó. Por tercera vez desde que Alberto Núñez Feijoo llegó al poder, los presupuestos de la Xunta no entrarán en vigor el 1 de enero de cada ejercicio, lo que solo ha ocurrido después de años electorales, al coincidir la convocatoria y la configuración del Gobierno en los meses propios para la presentación y debate en el Parlamento.

A diferencia de la reunión de febrero, de lo que no se habló esta vez en el Consejo de Política Fiscal es del dinero que Hacienda le debe a las comunidades por la liquidación de un mes de IVA del 2017. La Xunta insiste en que la caja central le adeuda 204 millones -el Ministerio solo reconoce 170- y otros 170 millones por el equilibrio financiero mantenido en pasados ejercicios. «Non renunciamos, son nosos e non imos permitir que se minore», aseguró Martínez, quien recordó que la reclamación del IVA está en los juzgados.

Feijoo, «escapista»

El Gobierno autonómico y el PPdeG han intensificado en los últimos días la presión sobre el Ministerio de Hacienda para acelerar la elaboración de la ley de presupuestos, pero el líder de los socialistas gallegos tiene una visión diferente del problema. Para Gonzalo Caballero, Feijoo es un «escapista» que «sempre ten unha escusa para non facer os deberes», y por ello le pidió que deje de responsabilizar al Ejecutivo de Pedro Sánchez y que desde su partido, el PP, contribuya a que España también tenga unos presupuestos. El portavoz del PSdeG cree que hay «moitos niveis de incerteza», pero que no impiden gobernar, que es lo que le reclama a su adversario.

Montero dice que la pandemia no afectó «de forma notable» y que hay más recursos

El Ministerio de Hacienda ha trasladado a las comunidades autónomas -País Vasco no participó en el encuentro, pues quiere negociar bilateralmente- una tasa de referencia de déficit orientativo del 2,2 % del PIB en 2021, del que la mitad, 1,1 puntos, será asumido por la Administración central, aunque no se trata de un parámetro «que obligue, ni es exigible. Es orientativo y si no se cumple no se activa ningún mecanismo», garantizó.

Montero les ha trasladado la decisión del Gobierno de suspender las reglas fiscales en línea con la recomendación de la Comisión Europea, que implica que las comunidades autónomas y los ayuntamientos no estarán sujetos a unos objetivos de déficit, gasto y de deuda a la hora de elaborar sus Presupuestos para que puedan contribuir a la recuperación y las consecuencias de la crisis del covid-19, pero sí lo harán teniendo en cuenta las tasas de referencia. Con este escenario de ingresos extraordinarios, la ministra está convencida de que las comunidades tendrán unos recursos históricos, porque entiende que la pandemia no ha afectado «de forma notable».

Sin embargo, sí apela a la responsabilidad y mantiene ese objetivo de sostenibilidad de las cuentas públicas a medio plazo, aunque cree que no habrá que prolongar la suspensión de reglas fiscales para el 2022 si hay vacuna y mejora la situación. Sin concretar el reparto por comunidades, Montero afirmó que es el momento de dejar atrás las recetas de la austeridad y contribuir con el gasto público a la recuperación del país.

Feijoo prorrogó los presupuestos hasta ocho semanas tras cada año de consulta electoral

juan capeáns
El conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, y Feijoo, en Santiago
El conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, y Feijoo, en Santiago

Galicia, única comunidad que siempre tuvo cuentas en los últimos cuarenta años

El calendario electoral es el mayor enemigo de las cuentas públicas de la Xunta. Desde que Alberto Núñez Feijoo accedió al poder en marzo del 2009, siempre ha logrado activar los presupuestos gallegos en tiempo y forma, esto es, a 1 de enero, con dos excepciones: el año 2013 y el 2017, una cadencia de cuatro años pidiendo prórrogas durante unas pocas semanas que se va a confirmar en el 2021, como reconoció el pasado jueves.

Lo que conecta estas fechas es que se trata de los ejercicios siguientes a años de elecciones autonómicas, el 2012 y el 2016, como también lo es el presente. Los largos procesos a los que obliga la ley electoral -hay que convocar dos meses antes de votar, y el nuevo Gobierno se conoce dos meses después- y la lógica política de no imponer al presidente elegido en las urnas unas cuentas ha provocado retrasos que los contables de la Xunta consideran «técnicos». En el 2012, Galicia votó en octubre y el nuevo Ejecutivo se presentó a principios de enero. Las cuentas, que eran las primeras que presentaba la exconselleira de Facenda Elena Muñoz, no entraron en vigor hasta el 27 de febrero. En el 2017, ya con Valeriano Martínez al frente del departamento, arrancaron el 8 de febrero. Las elecciones se habían celebrado a finales de septiembre, y el de Aldán no tomó posesión hasta mediados de noviembre.

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