El Supremo admite a trámite la reclamación de Castilla y León por los 182 millones de IVA que el Estado le adeuda

La Xunta de Galicia también llevó a los juzgados la reclamación de 204 millones por este impuesto del 2017

El consejero de Economia y Hacienda de Castilla y León, Fernández Carciedo, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado telemáticamente este lunes
El consejero de Economia y Hacienda de Castilla y León, Fernández Carciedo, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado telemáticamente este lunes

El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso presentado por Castilla y León contra el Estado para reclamar los 182 millones que este le adeuda a la Comunidad por la liquidación del IVA de 2017 dentro del sistema de financiación autonómica.

Según ha informado este martes la Consejería de Economía y Hacienda en un comunicado, el recurso se ha interpuesto tras «no obtener respuesta» por parte del Consejo de Ministros a esa reclamación.

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, remitió en febrero al Consejo la reclamación de cantidad, pero no se le respondió. Ya en julio, Fernández Carriedo presentó el requerimiento dirigido al Consejo de Ministros por las repercusiones en la liquidación del sistema de financiación del ejercicio 2017, con carácter previo a la interposición de un recurso contencioso-administrativo. Tampoco tuvo contestación expresa por el órgano de Gobierno estatal.

Tras interponer los servicios jurídicos de la Junta ese recurso contencioso-administrativo, el Tribunal Supremo lo ha admitido ahora a trámite, lo que constituye un paso importante para hacer efectiva la reclamación de la Comunidad Autónoma y cobrar la cantidad a la que Castilla y León tiene derecho. El juicio se sustanciará en los próximos meses.

La Xunta de Galicia también ha llevado a los juzgados la reclamación de los 204 millones de euros que calcula que deberían haber cobrado las arcas gallegas por la recaudación del IVA del 2017, cifra que el Ejecutivo central rebaja a 170 millones de euros. Otros gobiernos autonómicos, como el asturiano, también iniciaron los trámites jurídicos para reclamar las cantidades adeudadas por este concepto.

En concreto, la Junta de Castilla y León solicita al Gobierno que se paguen a la Comunidad las cantidades debidas como consecuencia de la pérdida de ingresos en la liquidación del año correspondiente al IVA, que ascienden a 120,49 millones de euros. Asimismo, se reclama el abono de las cantidades correspondientes al nuevo cálculo de la variación de los Ingresos Tributarios del Estado y la repercusión en los fondos del sistema de Financiación Autonómica, que asciende a otros 61,51 millones de euros. Esa cantidad corresponde a 30,98 millones de euros del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, 21,21 millones de euros del fondo de Suficiencia Global y 9,32 millones de euros del Fondo de Cooperación. La Junta también pide que se paguen a Castilla y León los intereses correspondientes a las cantidades reclamadas.

Fuentes del gobierno castellanoleonés aseguran que la Junta ha intentado «en todo momento» llegar a una solución y ha realizado en los últimos dos años «numerosos intentos» en el marco de la «lealtad institucional» para la reclamación del pago de las cantidades que se adeudan a Castilla y León por las repercusiones en la liquidación del Sistema de Financiación del ejercicio 2017 correspondientes al IVA, antes de hacer entrar en juego la vía judicial.

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