Feijoo prorrogó los presupuestos hasta ocho semanas tras cada año de consulta electoral

Galicia, única comunidad que siempre tuvo cuentas en los últimos cuarenta años

El conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, y Feijoo, en Santiago
El conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, y Feijoo, en Santiago

santiago / la voz

El calendario electoral es el mayor enemigo de las cuentas públicas de la Xunta. Desde que Alberto Núñez Feijoo accedió al poder en marzo del 2009, siempre ha logrado activar los presupuestos gallegos en tiempo y forma, esto es, a 1 de enero, con dos excepciones: el año 2013 y el 2017, una cadencia de cuatro años pidiendo prórrogas durante unas pocas semanas que se va a confirmar en el 2021, como reconoció el pasado jueves.

Lo que conecta estas fechas es que se trata de los ejercicios siguientes a años de elecciones autonómicas, el 2012 y el 2016, como también lo es el presente. Los largos procesos a los que obliga la ley electoral -hay que convocar dos meses antes de votar, y el nuevo Gobierno se conoce dos meses después- y la lógica política de no imponer al presidente elegido en las urnas unas cuentas ha provocado retrasos que los contables de la Xunta consideran «técnicos». En el 2012, Galicia votó en octubre y el nuevo Ejecutivo se presentó a principios de enero. Las cuentas, que eran las primeras que presentaba la exconselleira de Facenda Elena Muñoz, no entraron en vigor hasta el 27 de febrero. En el 2017, ya con Valeriano Martínez al frente del departamento, arrancaron el 8 de febrero. Las elecciones se habían celebrado a finales de septiembre, y el de Aldán no tomó posesión hasta mediados de noviembre.

Cuando Feijoo convocó las comicios para el 5 de abril, uno de sus argumentos fue el de la estabilidad política y el margen de tiempo para preparar unos presupuestos claves, los del Xacobeo 2021. La pandemia se cruzó y las votaciones fueron en julio, y en esta ocasión fue el Ministerio de Hacienda el que, en un escenario de desplome de los ingresos y del consumo, no fue capaz de concretar los datos macroeconómicos que necesitan las comunidades para encajar sus cifras. La información que normalmente se aportaba a finales de julio llegará hoy en un consejo de política fiscal y financiera en el que no habrá tantas ataduras en términos de déficit por la crisis social y económica. Algo más de dos meses de retraso que permiten adivinar un mes de enero con prórroga y quizás alguna semana más de febrero.

Galicia es la única comunidad que en la historia del Estado de las autonomías ha logrado presentar siempre unas cuentas ajustadas a cada ejercicio, sin recurrir a prórrogas de año completo. Cuando se aprueban a 1 de enero entran en vigor todos los cambios introducidos en la ley, permitiendo todos los trámites ordinarios, normalizando pagos y actualizando, por ejemplo, la estructura de la Administración. Pero, sobre todo, cumplir en tiempo permite ahorrar una gran ingeniería financiera para tratar de hacer cosas nuevas con presupuestos usados.

Nóminas garantizadas

La prórroga, que está prevista en la legislación autonómica, garantiza el pago de las nóminas y los gastos en servicios públicos en el ámbito sanitario, educativo y las políticas sociales (risga, prestaciones por dependencia...), así como los abonos de facturas a proveedores de la Xunta, que en Galicia están cobrando a quince días, según los últimos datos que facilita Hacienda, de julio. La dilación impide asumir expedientes de gasto nuevos, excepto aquellos considerados urgentes o de inaplazable necesidad, aunque también hay margen para la tramitación anticipada de proyectos antes de aprobar las nuevas cuentas.

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