Desconoce los criterios para calcular la deuda, el déficit y los ingresos
02 oct 2020 . Actualizado a las 05:00 h.Además de las cuestiones sanitarias, uno de los argumentos favorables para celebrar las elecciones en julio en vez de a finales de septiembre u octubre era que el nuevo Gobierno gallego iba a tener tiempo suficiente para elaborar los presupuestos de la Xunta para aplicarlos desde el primer día de enero. Esa ventaja se ha diluido porque la Consellería de Facenda lleva semanas trabajando a ciegas con las cuentas sin el cuadro macroeconómico que permite ir despejando incógnitas en la ecuación.
Las dudas podrían resolverse este lunes, cuando está convocado el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el órgano en el que el Ministerio de Hacienda y las comunidades fijan los parámetros que deberán regir en sus cuentas. Lo tradicional es que estas cuestiones ya estuviesen resueltas a principios de agosto, y cuando hubo retrasos siempre se podía intuir por dónde iban las intenciones. En esta ocasión los contables de la Xunta están desconcertados después de escuchar a la ministra María Jesús Montero cambiar de criterio sobre el cumplimiento o no del déficit, la regla de gasto o la deuda autorizada. «Sabemos que non van esixir os criterios vellos, pero non coñecemos os novos», denunció Alberto Núñez Feijoo, que admite que en Facenda están trabajando en el reparto global pero «sen cifras» por los constantes cambios de opinión. La otra gran duda es conocer a cuánto van a ascender las entregas a cuenta, el dinero que el Estado recauda (por IRPF e IVA) y que traspasa a las comunidades, parcialmente en forma de adelantos.
Con esta situación, el presidente de la Xunta ha confirmado que el 1 de enero del 2021 no habrá presupuestos. Es «técnicamente imposible», reconoció, porque supondría cerrar todos los ajustes contables en un tiempo récord para trasladarlos al Parlamento el 20 de octubre, fecha máxima para su tramitación en este mismo año. El desvío en el calendario no será excesivo, «porque se podemos presentalas en xaneiro non esperaremos a febreiro», recalcó, pero eludió aventurarse sobre cómo serán esas cuentas, que en condiciones normales podrían alcanzar por fin el tope que quedó fijado en el último año del bipartito, en el 2009, por encima de los 10.000 millones de euros.
Precisamente desde aquellos ejercicios expansivos, con la crisis económica y financiera ya avanzada, Galicia tiene un desajuste contable con la caja central que le obliga a abonar unos 85 millones de euros al año para satisfacer a plazos un agujero con el Estado que alcanzó los dos mil millones. Esa liquidación negativa es la que la Xunta quiere dejar de pagar como compensación por haber mantenido durante años el equilibrio financiero, un compromiso que adquirió el Gobierno de Rajoy pero que Montero no reconoce. Mientras, asegura Feijoo, otras comunidades incumplidoras sí han visto condonados los intereses de sus deudas, reforzando su tesis de que el actual Ejecutivo está premiando el descontrol contable.
El otro frente no admite interpretaciones políticas, porque ya está en manos de la Audiencia Nacional. El Gobierno gallego es uno de los que ha denunciado la evaporación de 204 millones que debería haber cobrado por una recaudación del IVA del 2017, cantidad que se perdió en un limbo técnico pese a que Montero animó a la Xunta a gastarla incorporándola en las cuentas del 2019, como así sucedió.
