La policía detecta un aumento de las okupaciones ilegales debido a la crisis sanitaria
GALICIA
Advierte que la reciente instrucción de Interior ordena el desalojo inmediato de okupas en primeras y segundas viviendas
29 sep 2020 . Actualizado a las 05:00 h.Si el inmueble constituye morada del titular, sea primera o segunda vivienda, el desalojo de los okupas será inmediato. En esos casos, las fuerzas de seguridad podrán expulsar a los okupas sin necesidad de solicitar medidas judiciales. Esa es la principal indicación de la reciente instrucción que el Ministerio del Interior dictó para mejorar la respuesta policial ante la okupación de viviendas, que establece que los agentes identificarán a los okupas y, si es el caso, procederán a su detención. Los máximos responsables en Galicia de la Policía Nacional, el comisario principal José Luis Balseiro, y de la Guardia Civil, el general Luis Francisco Rodríguez, analizaron los detalles de esa instrucción con el delegado del Gobierno, Javier Losada, que hizo un balance de la okupación ilegal de pisos y casas en Galicia. Los datos policiales sirven para elaborar un perfil de la okupación en la comunidad, un fenómeno que se produce preferentemente en las ciudades y que corre riesgo de acrecentarse con la crisis sanitaria causada por la pandemia.
Las fuerzas de seguridad están detectando un aumento de okupaciones en Galicia debido a la situación social derivada de la pandemia del coronavirus. Por eso en la reunión de ayer se trató de poner sobre la mesa las claves de la instrucción de Interior para establecer unos criterios y que las fuerzas de seguridad actúen de forma homogénea en toda la comunidad. En Galicia se produjeron el año pasado 129 denuncias de okupación ilegal. La mayoría se cometieron en el ámbito de la Policía Nacional, lo que identifica ese delito con el ámbito urbano. En Galicia la Guardia Civil, adscrita a un territorio más rural, solo contabiliza 45 okupaciones en un período de cinco años.
Pese a que el de los okupas es un problema que causa una gran alarma social, lo cierto es que las investigaciones policiales en Galicia lo sitúan como una infracción penal que, sin dejar de ser preocupante, se encuentra muy alejada de las cifras que se registran en otras comunidades, como por ejemplo Cataluña, donde se denuncian más de 6.000 casos al año. En Galicia supone el 0,16 de todos los delitos que se cometen en un año. Los investigadores también descartan la existencia de mafias que tengan controlado un posible mercado de la okupación ilegal en Galicia, y lo vinculan más a situaciones individuales que a una delincuencia organizada como ocurre en otras zonas de España. En este sentido, la instrucción del Ministerio del Interior también busca evitar con sus acciones la aparición de grupos criminales dedicados a la usurpación de viviendas con diferentes fines, como el alquiler o la reventa a terceros de manera fraudulenta.
En lo que va de año se han conocido en Galicia 108 casos, todos en la demarcación territorial de la Policía Nacional, es decir, en las ciudades y en sus entornos. La provincia de A Coruña es la que presenta un mayor número de casos de okupaciones ilegales, con 54 denuncias, seguida de Pontevedra, con 40 casos. Lugo y Ourense tienen 7 okupaciones cada una.
La Xunta pide una reunión
La Delegación del Gobierno pidió la implicación de otras Administraciones para erradicar de Galicia las okupaciones. Y desde la Xunta se apresuraron a responder a esa petición recordando la falta de respuesta del delegado del Gobierno a una carta enviada por la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, para «abordar conxuntamente o problema das okupacións». La conselleira asegura que hace diez días que solicitó un encuentro para analizar la situación, pero «ata o momento non obtivemos resposta por parte do representante do Estado en Galicia». Vázquez recuerda que la okupación es un problema que genera «inquedanza social».
AlertCops ya incluye la alerta para las okupaciones
AlertCops, la aplicación de móvil que permite alertar de forma directa e inmediata a las fuerzas de seguridad de una situación de peligro, incorpora desde este mes un icono para comunicar con una sola pulsación episodios de okupaciones ilegales de viviendas.
Una vez descargada en el teléfono móvil y registrados los datos del titular del teléfono, esta aplicación del Ministerio del Interior facilita la comunicación directa con la Policía Nacional o con la Guardia Civil en función de la localización de la persona que la utiliza. El sistema permite hacer una llamada de urgencia o comunicarse mediante un chat, pero su principal ventaja es que en la pantalla principal tiene una serie de iconos con situaciones de peligro frecuentes, como el robo o el atraco, las peleas, la agresión sexual, la violencia machista, los delitos de odio, el acoso escolar, el vandalismo, las desapariciones o los radicalismos. Y desde este mes, la alerta de la okupación ilegal de vivienda.
Cuando se comunica una situación de peligro, el sistema localiza el lugar de la alerta para que las fuerzas de seguridad puedan establecer contacto y prestar la asistencia necesaria cuanto antes. El aviso puede ser lanzado tanto por la víctima de un delito como por cualquier otra persona que lo haya presenciado o que sepa que hay una situación de riesgo.