Gestoras de cinco viales gallegos exigen compensaciones por perder recaudación

De momento Audasa no se suma, pero sí la concesionaria de la AP-53

La autovía de Barbanza sin tráfico durante el estado de alarma
La autovía de Barbanza sin tráfico durante el estado de alarma

vigo / la voz

La concesionaria de la autopista AP-53 (Santiago-Dozón) y las de cuatro de las seis autovías autonómicas en las que la Xunta paga un canon en función del tráfico que las utilicen, han reclamado a la Administración central y gallega compensaciones económicas por la bajada en el número de usuarios registrada durante el estado de alarma.

Tras exigir a finales de marzo la empresa Sacyr que las arcas autonómicas cubriesen el descenso en ingresos registrado en la autovía do Barbanza, similar petición ha sido planteada después a la Consellería de Infraestruturas por el tándem empresarial que lideran Copasa y Orbe en la gestión de la autovía do Salnés; por Copasa y Extraco en la autovía Ourense-Celanova, y por el fondo británico Hermes e Iridium (ACS), para el vial Santiago-Brión.

En el caso de la autopista que parte de Compostela, Globalvia se ha sumado a la reclamación general planteada por el sector en toda España, posibilidad por la que no se ha decantado de momento Audasa por la caída en la recaudación de la AP-9, si bien el Ministerio de Transportes apunta que aún tendría de plazo hasta noviembre para hacerlo.

No todas las concesionarias cuantifican la cantidad que han dejado de recaudar a causa de las restricciones a la movilidad, pero tras la presentación de la petición de la gestora de la autovía do Barbanza, la Xunta expresó su temor a tener que llegar a sufragar unos 2,5 millones por mes de restricciones en el tráfico de los viales autonómicos si el Gobierno central legitimaba dicha compensación.

La Xunta destinó en los presupuestos de Galicia para este año 49,5 millones al pago de los denominados peajes en sombra, que permiten que sus autovías sean gratuitas para el usuario siendo afrontadas las tarifas por el paso de cada vehículo por las arcas autonómicas. El gasto en los 11 años precedentes ascendió en total a 519 millones de euros.

La Xunta se opone

La Consellería de Infraestruturas no cuenta de momento con reclamaciones de la concesionaria de la autovía de la Costa da Morte (formada por Copasa, Taboada y Ramos y Covsa), ni de la gestora de la autovía Dozón-Ourense (Copasa y Extraco).

En todo caso, la Xunta reitera su rechazo a tener que abonar a las gestoras de las autovías y autopistas una compensación por el tráfico que han dejado de tener durante los cien días de confinamiento de la población. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, reiteró durante el estado de alarma que no le parecía «ni proporcional ni razonable» que las concesionarias de autopistas y autovías pudiesen recibir algún tipo de pago por la disminución del tráfico mientras «todo el mundo está teniendo dificultades». Esa postura fue expresada al Ministerio de Transportes por el Gobierno gallego, sin haber recibido contestación a la petición de anulación de dicha posibilidad, apuntan fuentes del Ejecutivo autonómico.

«En Galicia, veremos desde el punto de vista jurídico si es posible no atender a esa reclamación», llegó a avanzar Feijoo, incluso para rechazar que Audasa, sobre cuya concesión no tiene competencias, exija compensaciones por haber reducido su recaudación.

La Abogacía del Estado mostró en un informe su desacuerdo con la posibilidad de dar compensaciones a las concesionarias, dado que estas no se vieron impedidas de mantener abiertos sus viales durante el tiempo que duró el confinamiento. Pese a dicho criterio legal, el Ejecutivo central validó un segundo real decreto en el que concretó que compensará a las concesionarias de autopistas cuando estas acrediten pérdidas y soliciten una indemnización. Esta cubriría o el importe necesario para que el margen bruto de explotación durante el estado de alarma llegue a cero, o la diferencia entre el margen bruto de explotación durante el período de vigencia del estado de alarma y dicho margen durante el mismo período del año anterior.

Las concesionarias de autopistas sopesan llevar al Gobierno a los tribunales por la compensación por el estado de alarma

Imagen de la AP-9 con muy poco tráfico durante el estado de alarma
Imagen de la AP-9 con muy poco tráfico durante el estado de alarma

El Gobierno solo les indemnizará por pérdidas con una ampliación del plazo de concesión

Las sociedades concesionarias de las autopistas de peaje barajan llevar al Gobierno a los tribunales por tratar de recortar la eventual compensación que les corresponda por el impacto ocasionado por la crisis al cambiar «por sorpresa» mediante un real decreto el sistema para determinar estas compensaciones. Así lo indicó la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), para quien esta modificación constituye una «vulneración de derechos y principios constitucionales, como son los de seguridad jurídica, igualdad de trato y no confiscación de bienes y derechos».

«Se trata de un cambio de las reglas del juego a mitad de partido y de reinventar lo ya inventado para beneficiar a una de las partes», indicó a Europa Press el presidente de la CNC, Juan Francisco Lazcano, quien asegura que la modificación arroja una «merma importante», en las posibles compensaciones. «Aboca a las empresas injustamente perjudicadas a acudir a los tribunales para la defensa de sus derechos», aseguró.

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