José Manuel Busto Lago, catedrático de Derecho Civil y miembro de la comisión de expertos constituida para estudiar su recuperación, dice que el inmueble se gestionaba como el palacio de El Pardo
20 sep 2020 . Actualizado a las 21:55 h.El pazo de Meirás se gestionaba con fondos públicos, de forma idéntica al palacio de El Pardo, residencia oficial del jefe del Estado, Francisco Franco. Esa es una de las claves de la sentencia, que aún no es firme, del Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña que arrebata el pazo a los Franco y lo devuelve al patrimonio público. «Esa forma de gestión acredita la posesión en concepto de dueño por parte del Estado», explica José Manuel Busto Lago, catedrático de Derecho Civil y miembro de la comisión de expertos constituida para estudiar la recuperación del pazo.
-¿Qué le parece la sentencia?
-Técnicamente, que es lo que me corresponde valorar, me parece bien fundamentada. Tampoco puedo discrepar porque los fundamentos jurídicos son los que estaban en el informe que hicimos en la comisión y su esencia se asume en tres aspectos: la invalidez e ineficacia de la donación de 1938 y la escritura de 1941, lo que ocurre entre esos años y noviembre de 1975 y la imposibilidad de que un bien que se convierte en dominio público adscrito a la jefatura del Estado pierda esa condición, salvo desafectación del mismo al dominio público.
-Demostrar que era un bien del Estado era una de las claves.
-Era una clave esencial. En lo primero en lo que se hizo hincapié fue en que la donación y la escritura fueron negocios simulados, en particular en el caso de la compraventa. Si es simulada, la venta es nula, pero si no se hubiese producido la transmisión, el bien volvería a sus propietarios originarios, que eran los herederos de Emilia Pardo Bazán. Y no podríamos argumentar que la propiedad la hubiese adquirido el Estado. Para eso se necesita algo más, y es lo que técnicamente se llama usucapión, o prescripción adquisitiva, que es la tenencia de un bien como propietario durante un período de tiempo. El Código Civil lo fija en 30 años, que han transcurrido suficientemente hasta 1975, al margen de que la fecha de inicio sea 1938 o 1941. Han pasado más de 30 años de esa posesión pública, pacífica e ininterrumpida por la jefatura del Estado, encarnada en el general Franco en esos momentos.
-Y otra clave, la escritura.
-Sobre la escritura de 1941 hay muchos elementos para calificarla de simulada y con una finalidad instrumental: inscribir el pazo en el Registro de la Propiedad a nombre de Francisco Franco y de su esposa, Carmen Polo, como personas físicas. El precio fue casi irrisorio respecto del que aparecía en la escritura de compra a los herederos de Pardo Bazán por la Junta pro Pazo, ya que pasa de 400.000 a 81.000 pesetas. Además, está absolutamente acreditado que la toma de posesión del pazo por la jefatura del Estado se produce en 1938, y no tres años después, cuando se simula ese negocio de compraventa.
-Dice que Meirás se gestionaba como El Pardo.
-Claro, la gestión corría a cargo del Estado, con la Casa Civil y la Casa Militar. Las obras de reforma y mantenimiento, las edificaciones anexas, el cierre perimetral, el sistema de traída de agua... Todo lo asume la Casa Militar, y está detallado y acreditado con abundante documentación. Y el día a día de la residencia estival del jefe del Estado lo llevaba la Casa Civil. El utillaje doméstico y todas las compras que se hacían para El Pardo y para Meirás tenían el mismo tratamiento y se usaban los mismos documentos. Hasta julio o principios de agosto, las compras eran para El Pardo, y después eran para la residencia de verano del jefe del Estado.
-La sentencia rechaza pagar a los Franco por los gastos de conservación del pazo.
-Esa cuestión no afecta al fondo de quién es el propietario. Pero otra cosa es qué ocurre con los gastos que, a partir de 1975 y hasta que la posesión vuelva al Estado, haya hecho la familia Franco como poseedora del pazo. Eso está regulado en el Código Civil, con dos diferencias esenciales, que el poseedor sea de buena o de mala fe. Son conceptos técnicos. El de buena fe es el que ejerce la propiedad pensando que le pertenece, y el de mala fe posee algo que sabe que es de propiedad ajena. El derecho presume que el poseedor siempre es de buena fe, por eso en el informe de la comisión partíamos de la posesión de buena fe, no ya de Franco y Carmen Polo, que a la vista de los documentos de 1938 y 1941 podrían ser considerados de mala fe. Pero esa mala fe no se transmite a los herederos. Y aun con mala fe, hay unos gastos de conservación y mantenimiento que siempre deberán ser reintegrados si son acreditados.
-¿El Estado tendrá que pagar pese a lo que dice la sentencia?
-Si la sentencia adquiere firmeza y la posesión vuelve al Estado, y aunque haya mala fe, entiendo que los gastos de conservación hay que abonarlos. Es norma imperativa del Código Civil.
-Con la sentencia, eso se daba por zanjado.
-Pues yo no lo daría por zanjado. La liquidación del estado posesorio, cuando se restituye la posesión de un inmueble a su propietario, siempre es procedente.
-¿Franco fue dueño del pazo de Meirás alguna vez?
-No, acogiéndonos a los documentos y a los argumentos de la sentencia, nunca fue dueño del pazo. El período en el que podíamos tener alguna duda es el de la donación tras la compra por la Junta pro Pazo. Pero la realidad es que esa donación-ofrenda, recogida en un pergamino, se hace con una redacción alambicada, «al jefe del nuevo Estado español, generalísimo de los Ejércitos…», y se hace en su consideración de nuevo jefe del Estado español, para que tenga una residencia en la que pasar sus vacaciones de verano. En esa condición se hace la donación. Es decir, si Franco fuese solo un general, no se hubiese hecho la donación. Si hacemos la traslación al momento actual todos los vemos claro: un regalo que se hace a la jefatura del Estado se integra en el patrimonio nacional.
«La Casa Civil detallaba todos los gastos, desde el pan a los puros que se fumaban»
A los miembros de la comisión de expertos que analizó la posibilidad de recuperar el pazo de Meirás para el patrimonio público les sorprendió la abundante y detallada documentación existente en los archivos, tanto de la Casa Militar como de la Casa Civil del jefe del Estado. Esta última revela aspectos fundamentales sobre cómo se gestionaba el inmueble, en especial sobre la intensa actividad que se desarrollaba en el pazo durante los meses de verano. Semanas antes de la llegada de Franco a Meirás, una gran parte del aparato del Estado se desplazaba desde el palacio del El Pardo para que todo estuviese preparado para la residencia oficial de verano del jefe del Estado. Todo el municipio de Sada percibía esa presencia en sus calles y en sus comercios. La llegada desde Madrid de los funcionarios que popularmente se identificaban como «los de la escolta» de Franco transformaba durante el período estival la actividad en la villa sadense.
El catedrático Busto Lago explica que esa información fue fundamental para la elaboración del dictamen de la comisión de expertos del mundo académico, histórico y patrimonial creada por la Xunta a instancias del Parlamento de Galicia para estudiar la posibilidad de recuperar el pazo de Meirás para el patrimonio público.
-Dice usted que toda esa actividad que se desarrollaba en el pazo está detallada en la documentación que analizó la comisión de expertos.
-Así es. La documentación es detalladísima. Está hecha a mano, pero figuran aspectos que revelan esa actividad, como dónde se hacía la compra diaria, quién era el proveedor y cuánto se pagaba por los productos. Se anotaba todo. Eran inventarios hechos con el máximo detalle, y siempre con el mismo tratamiento para las dos residencias del jefe del Estado: la de invierno y la de verano.
-Esa información habrá sido fundamental.
-Aparece todo el personal que acompaña a un jefe del Estado, con detalles de cada dependencia, desde cómo se compraba la ropa de las camas hasta la cocina diaria. Aparecen reflejadas las compras de pescado, las barras de pan o los puros que se fumaban. Todo está detallado, con el precio y el proveedor de cada producto que se compraba para el pazo. Fue un trabajo fundamental para poder elaborar el dictamen de la comisión que hizo el equipo de historiadores.
La polémica sobre el pago del impuesto de bienes inmuebles
En el juicio celebrado en junio en A Coruña, los abogados de la familia Franco exhibieron un recibo del impuesto de bienes inmuebles (IBI) a nombre de Francisco Franco para demostrar que él era el dueño del pazo. El profesor Busto explica que los recibos del IBI se giran siempre a nombre de la persona que aparece en el Registro de la Propiedad y en el Catastro, pero que eso no significa que el recibo lo pague esa persona. «Y ese pago nunca se acreditó», añade el experto, que argumenta que es compatible un impuesto de la contribución pagado por Francisco Franco con una posesión pública en concepto de dueño por parte del Estado.