El presidente del TSXG augura una avalancha de casos y busca fórmulas para evitar el colapso judicial

Reconoce que los planes de refuerzo frente a la crisis sanitaria no serán suficientes y reclama reformas de más calado

El presidente del Tribunal Superior de Xustiza, este viernes en A Coruña durante su discurso de apertura del año judicial en Galicia
El presidente del Tribunal Superior de Xustiza, este viernes en A Coruña durante su discurso de apertura del año judicial en Galicia

Redacción / La Voz

«Una Justicia lenta no es Justicia». Con esa advertencia abrió el año judicial en Galicia el presidente del Tribunal Superior de Xustiza, José María Gómez y Díaz-Castroverde. Ante el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo; la jefa de la Abogacía General del Estado, Consuelo Castro; los dos vocales gallegos del Consejo General del Poder Judicial, Juan Manuel Fernández y José Manuel Ballestero, y otras autoridades, Castroverde expuso un complicado panorama judicial para los próximos meses, en especial en la jurisdicción social, debido a la crisis sanitaria que «ha puesto aun más en jaque a la Administración de Justicia». El presidente del Tribunal Superior auguró un incremento de los asuntos que entrarán en los juzgados gallegos: «No sabemos con certeza las consecuencias que la paralización de los plazos procesales y la actual situación económica supondrán a nivel judicial, pero se prevé una avalancha de casos, lo que supondrá un desafío para nosotros». 

Ante esa situación, el presidente del alto tribunal gallego reclamó reformas de más calado en la Justicia, con nuevas leyes que agilicen la tramitación de los procedimientos y que permitan una respuesta rápida y con garantías a la ciudadanía y a las empresas, ya que en su opinión los planes de refuerzo diseñados desde el Consejo General del Poder Judicial y desde la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Xustiza para hacer frente a la paralización judicial causada por el confinamiento «serán insuficientes».  

La crisis derivada del coronavirus ha venido a poner otra piedra en el camino de la complicada situación de la Justicia en Galicia, que todavía no se había repuesto de las consecuencias de la huelga de tres meses de los funcionarios judiciales. A finales de junio había 166.000 asuntos pendientes en los juzgados gallegos, un 10 % más que los que estaban en trámite en las mismas fechas del año pasado. El presidente del Tribunal Superior lamentó esa situación, «pese al enorme esfuerzo realizado estos meses por la carrera judicial de Galicia» y dijo que se está manteniendo una constante colaboración con el Ministerio de Justicia y con el Poder Judicial «en el plan de choque diseñado para el orden social, pero hemos de encontrar fórmulas para que la crisis sanitaria no sea su colapso definitivo».

Castroverde quiso destacar la labor de los jueces gallegos, que durante el segundo trimestre del año, en pleno estado de alarma, resolvieron más de 43.000 asuntos: «Me enorgullece decir que que los órganos judiciales gallegos notificaron entre el 14 de marzo y el 28 de abril, coincidiendo con el primer mes y medio del estado de alarma, 8.268 resoluciones que pusieron fin a procedimientos en curso».

Cuando cumple un año al frente del Tribunal Superior de Xustiza, José María Gómez y Díaz-Castroverde quiso dejar claro que pese a la pandemia, debe cumplir su programa como presidente del alto tribunal. «Tenemos que intentar disminuir la pendencia de asuntos y seguir actuando en la creación de los órganos judiciales que sean precisos, en la modernización tecnológica, en los planes de recuperación y en el acercamiento de la Justicia a los más jóvenes», aseguró, al tiempo que recordó que no dejará de lado la lucha contra la lacra de la violencia machista, que aumentó un 45 % en Galicia: «Esta es una pandemia que debemos vencer, y cuanto antes, mejor».

Más casos de violencia machista

En la apertura del año judicial, el fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes, hizo un repaso a los datos de la actividad judicial y reveló que en el año 2019 se tramitaron en los juzgados gallegos 144.381 asuntos, un 9 % más que en el 2018, de los que se finalizaron un 108.000, lo que supuso un 12 % más. Explicó que el año pasado se celebraron en Galicia unos veinte mil juicios, un 25 % más que en el 2018. Apuntó también que las calificaciones fiscales (14.000) aumentaron un 19 %.

La mayor preocupación de la Fiscalía se centra en los casos de violencia machista, que aumentaron un 45 % el año pasado, con tres mujeres asesinadas y más 10.000 casos incoados. Suanzes destacó también que se abrieron diligencias por algo más de 118.000 delitos, lo que implica un crecimiento del 38 %, aunque matizó que esa cifra no es debida únicamente al incremento de la delincuencia, ya que en el 2019 se registró una mayor actividad judicial en Galicia. El año pasado hubo 36.000 casos en Galicia, un 36 % más.  

Respecto a los indicadores que influyen en la percepción de seguridad, los delitos contra la integridad física siguen siendo los que llegan con más frecuencia a los juzgados. También subieron los delitos patrimoniales, con aumentos significativos de las estafas, los robos con fuerza, los robos en casa habitada y los hurtos.

El fiscal superior también destacó el crecimiento en un 51 % de los delitos contra la libertad sexual, con 1.894 casos incoados. También se dispararon los casos de tráfico de drogas y los relacionados con la corrupción política, económica y social. El año pasado se registraron 166 delitos de ese tipo, un 23 % más que en el año anterior. La prevaricación administrativa ocupa el mayor número de casos, con un 67 %, seguida del blanqueo de capitales, con un 11 %. 

El presidente del TSXG: «Es muy tentador anteponer la salud y olvidarnos del Estado de derecho»

José Manuel Pan

José María Gómez y Díaz-Castroverde alerta del riesgo de «prescindir del control judicial» para agilizar medidas frente a la crisis sanitaria

«No caigamos en la idea de que prescindir del control judicial sería interesante para agilizar las medidas, pues todo lo que suponga aumentar la intervención de la Administración sin control judicial afecta directamente al Estado de derecho». El presidente del Tribunal Superior de Xustiza, José María Gómez y Díaz-Castroverde, advirtió así este viernes en A Coruña del riesgo de que la intervención de la Justicia se vea «como un trámite innecesario o un factor de retraso» ante la necesidad de adoptar medidas administrativas con rapidez. 

«Por ese camino, nos enfrentaríamos, a muy corto plazo, a una pandemia mayor que la sanitaria», dijo Castroverde, que aseguró que el papel de los miembros de la carrera judicial es clave en momentos de crisis como la actual para garantizar el Estado de derecho. «Es muy tentador anteponer la salud y circunstancias concomitantes, las medidas de protección a ellas destinadas y olvidarnos de que el Estado de derecho es la piedra angular de la convivencia democrática».

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