La estrategia de movilidad de Transportes incluye un nuevo sistema para financiar la conservación de carreteras
18 sep 2020 . Actualizado a las 05:00 h.El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, presentó ayer la nueva estrategia de movilidad que asumirá el Estado en el contexto de recuperación de la pandemia y para cumplir con los objetivos europeos de descarbonización, seguridad y sostenibilidad. Se hace difícil extraer de la retórica que rodea a la nueva movilidad y la digitalización -que parece que va a solucionar todos los males- contenidos contantes y sonantes, o decisiones que conduzcan a cambios de verdad profundos. Pero hay dos vectores que ayer se avanzaron que darán mucho que hablar en los próximos meses, durante la tramitación de la futura Ley de Movilidad.
Por un lado, el ministerio va a ser muy selectivo en los proyectos de infraestructuras que asuma, con exigentes análisis de coste y beneficio en el plano socioeconómico, pues los recursos son escasos. Por otro, se aventura que va a ser necesario definir «un nuevo modelo de gestión y financiación de infraestructuras viarias que garantice la adecuada conservación de la red». Este modelo debe ser «predecible» para poder conservar «el importante stock de infraestructuras con el que está dotado nuestro país, todo ello en el marco de la normativa europea». En este amplio paraguas se incluiría el pago por el uso de autovías que han adoptado países como Portugal, pero no se afina tanto en el documento presentado ayer, quizás porque Ábalos espera mutualizar un asunto tan espinoso con un pacto político en una subcomisión en el Congreso, después de haber lanzado varios globos sonda al respecto en los últimos años.
Sí son más explícitos los estrategas de Transportes cuando recuerdan que «solo» el 8 % de la red del Estado se financia con cargo al usuario de la vía, una proporción que va a ser aún menor por el fin de los plazos concesionales de algunas autopistas. «Por tanto, en el 92 % de la red de carreteras es difícil asegurar el cumplimiento de quien contamina paga ni de que el usuario paga». En esta última frase queda bastante claro cuáles son las intenciones, aunque sigan sin concretarse para evitar reacciones adversas. Aunque se aclara que, «en un contexto de exigencia de reducción del déficit», será «difícil comprometer mayores dotaciones de presupuesto» para la conservación. Y ahí es donde entrará las nueva fiscalidad del transporte y las fuentes de financiación alternativas.
